Los recortes practicados a las jubilaciones de decenas de miles de ex funcionarios comunistas y policías secretos de Polonia alientan campañas en otros países de Europa oriental a favor de medidas similares.
La ley, que entró en vigor en enero, afecta los pagos mensuales que reciben unos 40.000 policías, guardias de frontera, de cárceles y otros empleados públicos que pertenecieron al régimen comunista (1945-1990).
Para las organizaciones de derechos humanos polacas, la legislación hizo "justicia" con las víctimas del régimen comunista, muchas de las cuales se vieron obligadas a vivir en la pobreza mientras algunos de los antiguos funcionarios recibían jubilaciones de hasta 2.727 dólares por mes, cuatro veces el salario promedio nacional.
Pero detractores de la nueva ley aseguran que castiga injustamente a quienes no son culpables de delito alguno.
Ex comunistas y políticos de izquierda ya recurrieron a los tribunales contra lo que consideran una iniciativa inconstitucional. La Corte Constitucional tenía previsto fallar sobre el caso en enero, pero la falta de acuerdo entre los magistrados aplazó la decisión. Esta situación podría extenderse varios meses, según medios de comunicación polacos, y mientras tanto la nueva ley sigue vigente.
Legisladores de la Alianza de Izquierda Democrática, sucesora del Partido Comunista, argumentan que la norma es inconstitucional porque no identifica a las personas que cometieron delitos específicos e impone una culpa colectiva.
Pero activistas de los derechos humanos siguen convencidos de que la legislación es "justa" y que será bien recibida por las víctimas del régimen comunista.
"Es una ley con principios de decencia y justicia. No es posible que los criminales reciban pensiones más altas por sus delitos mientras, al mismo tiempo, sus víctimas vivan en la pobreza", declaró el defensor del Pueblo, Janusz Kochanowski.
La medida inspira a activistas de otros países del bloque oriental —estados que fueron satélites de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y hasta su disolución en 1991—, que pretenden la aprobación de leyes similares en sus territorios.
Una ley así "sería muy bien recibida en Eslovaquia. Que los ex agentes de la policía secreta reciban jubilaciones más altas que el resto de la gente está mal y es injusto. No hay motivos para que eso suceda", dijo Jan Palfy, portavoz del Instituto de la Memoria Nacional en Eslovaquia, que documenta los crímenes del régimen comunista en su país.
En estos países, las víctimas de los gobiernos comunistas se quejan de que quienes los persiguieron y hasta torturaron siguen impunes, y en muchos casos pudieron jubilarse y vivir con mayor comodidad que la mayoría de la gente.
En Polonia, Wojciech Jaruzelski, el general que impuso la ley marcial en 1981 y que reprimió al sindicato opositor Solidaridad —que lideró la lucha contra el régimen—, así como otros de los involucrados recibían jubilaciones de 2.454 dólares mensuales.
En Alemania hace años que se discute la desproporción que existe entre las magras pensiones que el Estado otorga a las víctimas del régimen comunista frente a las jubilaciones relativamente altas que reciben quienes estuvieron al frente del gobierno.
Después de la caída del régimen comunista y la reunificación alemana, las policías y funcionarios jubilados recibían grandes pensiones mientras los sucesivos gobiernos se mostraban reacios a acordar una indemnización a las víctimas.
El parlamento alemán aprobó en 2007 una ley que otorga a las víctimas una pensión de 340 dólares, pero sólo para quienes sufrieron prisión a manos de la Stasi (la policía secreta de la ex República Democrática Alemana que espió, persiguió, torturó y asesinó a disidentes) por más de seis meses y que ganan menos de 17.407 dólares al año.
Analistas y grupos de apoyo de las víctimas sostienen que la cifra es irrisoria, mientras ex oficiales de la Stasi y funcionarios comunistas de alto rango reciben pensiones hasta cuatro veces superiores.
La indemnización a las víctimas le cuesta al Estado aproximadamente 47,7 millones de dólares por año, mientras las pensiones otorgadas a los ex funcionarios comunistas de alto rango llegan a los 2.720 millones de dólares anuales, informaron medios de comunicación alemanes.
Margot Honecker, la viuda del ex jefe de Estado Erich Honecker y ministra de Educación en el régimen comunista, quien fue acusada de supervisar la adopción forzosa de los hijos de disidentes encarcelados o exiliados, recibiría 2.045 dólares por mes mientras vive en el exilio en Chile.
Hubertus Knabe, el director científico del Berlín-Hohenschönhausen Memorial, una prisión de la Stasi convertida en museo, dijo a los medios alemanes: "Si usted era un guardia (aquí), recibe una buena jubilación. Eso es injusto y las víctimas sienten gran resentimiento al respecto".
Muchas de las víctimas, que viven en las zonas más pobres de la Alemania unida, resienten que ex funcionarios de la Stasi hayan obtenido empleos lucrativos que les pagarán generosas jubilaciones.
En 2009, investigaciones de la Universidad Libre de Berlín revelaron que hasta 17.000 funcionarios de la Stasi seguían trabajando como empleados públicos y policías y en organismos de investigación estatales en el este de Alemania, profesiones que reciben altas jubilaciones.
La situación es similar en el resto de Europa oriental.
La Sociedad Rumana de Estudios Históricos comenzó una campaña en enero para reducir las pensiones que reciben los jubilados de la antigua policía secreta rumana, Securitate, que superan hasta tres veces el promedio nacional.
En Eslovaquia, muchos de los ex oficiales de la policía secreta StB de la antigua Checoslovaquia viven su retiro cómodamente con una jubilación de 1.091 dólares al mes, 136 dólares más que el salario promedio de ese país y muy superior a los 450 dólares que recibe el jubilado común.
Cuando cayó el régimen comunista, la falta de personal calificado implicaba que algunos funcionarios comunistas y empleados de la Stb fueron mantenidos en la planilla del Estado en transición hacia el régimen democrático. De esta manera, quedaron habilitados para recibir jubilaciones más altas.
Entre tanto, el máximo que han recibido los presos políticos fue 954 dólares, y eso sólo para quienes sufrieron una pena de prisión superior a 10 años. Otras víctimas reciben hasta la mitad de esa cifra.
En República Checa, los ex oficiales de la StB reciben jubilaciones menores, con 545 dólares mensuales, pero iguales a la del promedio de los ciudadanos.
Algunos legisladores consideran proponer proyectos de ley para corregir el desequilibrio. En Eslovaquia, políticos oficialistas y opositores han dicho que pretenden modificar lo que consideran un régimen jubilatorio injusto para los ex oficiales del servicio secreto y los presos políticos.
