El gobierno español afronta la férrea oposición del centroderechista Partido Popular (PP) para poner en marcha un programa de ataque a los efectos de la crisis económico-financiera global, apoyado por el resto de las bancadas parlamentarias.
En el debate de dos días finalizado este jueves, el jefe del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un proyecto que fue avalado por la coalición Izquierda Unida y los partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña, Islas Canarias, Navarra y Aragón. Sólo obtuvo el rechazo del PP, la principal fuerza de oposición.
Como primer paso se designó una comisión para negociar sobre este tema con las demás fuerzas políticas, integrada por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y los ministros Miguel Sebastián, de Industria, y José Blanco, de Fomento.
Zapatero precisó que el diálogo no se limitará a hacerlo con las fuerzas políticas, sino que incluirá a sindicatos, empresarios, comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.
José Blanco, quien además de ministro es el vicesecretario general del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en declaraciones públicas pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, que "entierre el hacha de guerra y se incorpore al trabajo" para sacar adelante un plan anticrisis.
Pero Rajoy no está por la tarea e insiste una y otra vez, como ocurrió este jueves en el Parlamento, en exigir la renuncia de Zapatero y la convocatoria de elecciones anticipadas, impulsado, quizás, por las encuestas que prevén una victoria de su partido con una diferencia de seis por ciento de los votos sobre el PSOE.
En su intervención, Zapatero citó datos precisos del desempeño de la economía y del producto interno bruto (PIB) que pueden avalar su afirmación de que se ha comenzado a salir de la crisis.
En esa línea, afirmó que la economía española volverá a crecer en este primer semestre, haciendo notar que en el último trimestre de 2009 el país retrocedió 0,1 por ciento, mientras que en el anterior la caída fue de 0,3 por ciento. O sea que la tendencia es hacia el crecimiento del PIB.
Una idea de la gravedad de la situación la da el hecho de que el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, quien por lo general no se inmiscuye en temas de gobierno, haya realizado en los primeros días de este mes una serie de contactos con representantes de los sindicatos, de las empresas y de organismos económicos y financieros.
Su objetivo, señalaron a IPS fuentes del Palacio Real, está lejos de tomar posición por unos o por otros, sino que desea impulsar acuerdos y consensos entre todas las partes para asegurar un mejor desarrollo del país y la prosperidad de los españoles.
A esos efectos, en un solo día recibió a la vicepresidenta Salgado, al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias, Cándido Méndez, de la prosocialista Unión General de Trabajadores, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, afín al Partido Comunista.
Su posición la expresó claramente el 11 de este mes, cuando afirmó en un acto público que "es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis, y para recuperar un crecimiento fuerte y duradero".
Pero las dificultades se mantienen y el principal problema es la actitud del PP. Por un lado Rajoy sentencia que se acabó el tiempo de Zapatero al frente del gobierno y que así no se puede seguir.
Pero, tras pedir elecciones anticipadas días atrás, ahora ha rectificado afirmando que "sólo hay tres alternativas: rectificación, adelanto, y cambio en la presidencia".
Y agregó que ninguna de esas alternativas le compete a él marcarlas, sino al gobierno, al que acusa de no haberle respondido sobre las mismas sino solo formando una comisión, "lo que me suena a que va a seguir sin hacer nada". Por eso Rajoy insistió en que no hacen falta comisiones, "sino un gobierno que diga qué políticas va a hacer y que rectifique lo que está haciendo".
Fuentes próximas a Rajoy señalaron a IPS que para poder avanzar hacia un pacto el gobierno debería adoptar ya, o comprometerse a adoptar en lo inmediato, una serie de medidas, entre ellas suprimir el aumento de impuestos, reducir en 10.000 millones de euros (13.670 millones de dólares) el gasto del Estado y reducir 25 por ciento el sueldo de los altos cargos de gobierno.
Los socialistas escuchan con paciencia a Rajoy y comentan, como lo hicieron varios diputados en los pasillos del Congreso, que el PP, si de verdad piensa en eso, podría ya disponer la rebaja del sueldo de los altos cargos en las comunidades que gobierna, como la de Madrid, que preside la pepeista Esperanza Aguirre.
Y eso tomando en cuenta algo destacado por José "Pepe" Blanco, que "para salir de esta situación excepcional lo que se requiere son respuestas excepcionales, hacer un esfuerzo colectivo y no estar pensando siempre en el egoísmo partidario".
El problema está claro: el PP no responderá afirmativamente a la propuesta del gobierno de que se incorpore a la mesa de diálogo para buscar soluciones. Esa actitud le hizo decir a Blanco que la misma le recuerda a lo que hace un niño caprichoso en el recreo cuando dice "o se juega como yo quiero o no juego". Tras, o al frente de todo esto, está la situación económica de España, donde la tasa de desocupación está próxima a 20 por ciento de la población económicamente activa y el déficit fiscal no deja de crecer.
Entre las próximas medidas, el gobierno de Zapatero aprobará un plan para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida y una reforma del gasto público, que incluirá la de los grandes sueldos.
