Hoy en día, 15 años después de la Cuarta Conferencia Mundial de
la ONU sobre la Mujer que tuvo lugar en Pekín, las mujeres siguen siendo superadas por
los hombres en proporción de 4 a 1 en las legislaturas de todo el globo, las que trabajan
en empleos desprotegidos aumentan en casi todo el mundo y llegan al 85% en algunas
regiones, los salarios femeninos continúan estando por debajo de los masculinos y
millones de mujeres soportan alguna forma de violencia de género, a menudo diariamente.
Durante aproximadamente tres décadas, las activistas han conseguido hacer de la violencia
contra las mujeres una cuestión de derechos humanos tanto en los ámbitos nacionales como
en el global. Mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) adoptada en 1979 por la Asamblea General de la
ONU y otros instrumentos, los gobiernos son responsables de prevenir y castigar todas las
formas de violencia contra mujeres y niñas. Las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de
Seguridad de la ONU reconocen el impacto de la guerra en las mujeres y demandan poner fin
a la impunidad de la violencia sexual como táctica en conflictos armados. Incluso la
violación marital en muchos casos no es considerada como un crimen.
Las instituciones responsables de la protección y el apoyo a las mujeres son en muchos
casos débiles líneas de defensa. Una encuesta realizada en 2008 en muchos países muestra
que sólo un tercio de las mujeres víctimas de violencia masculina ha denunciado los
hechos. Y entre los casos denunciados menos del 5% concluye con una condena. Asimismo,
las mujeres siguen estando al margen de los procesos de paz, pues sólo son un 10% de los
negociadores y menos de un 2% de los firmantes de acuerdos de paz.
Estos desequilibrios revelan una seria crisis de responsabilidad. Los gobiernos y las
organizaciones multilaterales, incluyendo la ONU, tienen la responsabilidad de cumplir
una mejor tarea. La experiencia del Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres
(UNIFEM) ha mostrado que los mecanismos de responsabilidad funcionan cuando las mujeres
pueden pedir información a las autoridades, iniciar investigaciones u obtener
compensaciones. Deben ser incluidas en procesos de supervisión y el progreso en los
derechos femeninos debe ser un elemento estándar para evaluar el rendimiento de los
funcionarios públicos.
El objetivo de una fortalecida arquitectura de igualdad de género es proporcionar apoyo a
los Estados miembros para avanzar en esta materia, en línea con las prioridades
nacionales y las normas y políticas internacionales. Tal objetivo debe ser el centro de
una entidad aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2009. Encabezada por un
Subsecretario General de la ONU, esa entidad debería ocuparse de los problemas de
insuficiente autoridad y colocación dentro del sistema de la propia ONU y de la obtención
de recursos para cumplir progresivamente con las iniciativas prometidas. Mediante la
fusión de los organismos que se ocupan específicamente de problemas de género (OSAGI,
DAW, UNIFEM e INSTRAW) será posible efectuar conjuntamente análisis y trabajos
programáticos para avanzar en la igualdad de género y convertirse en el conductor para la
promoción de los derechos femeninos en el sistema de la ONU.
A fin de enfrentar estos desafíos la nueva entidad deberá hacer uso de las experiencias
de las organizaciones y redes que han sido los motores y conductores de la lucha por los
derechos femeninos y la igualdad de género desde la Primera Conferencia Mundial sobre la
Mujer en 1975.
Éste es un fuerte mandato, que deberá recorrer un largo camino hacia el logro de la tan
necesaria responsabilidad y sólo será posible si se dispone de los recursos
imprescindibles para tal tarea. La Plataforma para la Acción adoptada en 1995 en Pekín
reclamó recursos a movilizar desde todas las fuentes posibles, pero incluso las antes
citadas cuatro entidades ocupadas específicamente de los problemas de género han estado
permanentemente con recursos insuficientes . Las organizaciones femeninas han planteado
desde el comienzo que, si se quiere que la entidad aprobada en 2009 actúe en consonancia
con su potencial, necesitará un presupuesto de 1.000 millones de dólares, quizás a ser
obtenido en varias fases, durante los primeros años. Este es un desafío formidable, pero
estoy convencida que los pueblos y los gobiernos se pondrán a la altura de las
circunstancias y harán posible el alcance de los compromisos adquiridos en la Plataforma
para la Acción adoptada en Pekín. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Inés Alberdi, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres
