La victoria de Laura Chinchilla en las elecciones presidenciales de Costa Rica y la creciente participación femenina en los poderes legislativos centroamericanos son una prueba de avance en la política de esta región. Pero aún falta mucho, dicen especialistas.
"La elección de una mujer como presidenta de Costa Rica es un avance en el área política de la región y un paso cualitativo hacia adelante en materia de democratización política", dijo a IPS el analista político José Dávila Membreño.
Chinchilla, del gobernante Partido Liberación Nacional, se convirtió en la tercera mandataria electa democráticamente en América Central después de Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004) y de Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997).
"Las mujeres han sido discriminadas, consideradas un ser de la casa y no de responsabilidades públicas. Pero esto ya se viene superando porque la mujer ha demostrado que su presencia en cargos públicos puede mejorar la calidad política", agregó el politólogo.
En Costa Rica, la representación femenina en el parlamento pasó de 15,8 a 38,6 por ciento, en Panamá de ocho a 15,3 por ciento y en Honduras de 9,4 a 23,4 por ciento, según el estudio "Participación de las Mujeres en los Ámbitos de Decisión", del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, por sus siglas en inglés), realizado entre 2006 y 2009.
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"La participación política de las mujeres de la región sí ha mejorado, aunque todavía hay mucho por hacer", dijo a IPS la presidenta ejecutiva del gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y ex presidenta del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, Mayra Díaz.
Según la funcionaria, las reformas para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en la legislación nacional e internacional, y la presión ejercida por los movimientos feministas, promovieron el ingreso de ellas a este campo.
Una de las medidas más importantes en Costa Rica fue la aprobación de una ley de cuotas en 1996, que estableció un mínimo de 40 por ciento de participación femenina en los puestos de elección popular y en las estructuras internas de los partidos políticos. En 2009, ésta se amplió a 50 por ciento.
"Para que sean efectivas estas medidas deben estar incorporadas en la legislación electoral. Si bien en Costa Rica se establecieron disposiciones en la legislación para la igualdad, no fue sino hasta su inclusión en la legislación electoral que se logró un aumento efectivo de mujeres en los puestos de elección popular", señaló Díaz.
Costa Rica, Honduras y Panamá son los únicos países centroamericanos que han fijado un sistema de cuotas para atraer a más mujeres a la política. Otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, también cuentan con legislaciones de este tipo.
"El aumento de la participación de las mujeres en la vida política de los países de la región es un proceso en curso, vigoroso e irreversible", concluyó en 2009 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tras consultar a 400 funcionarios públicos, legisladores y otros tomadores de decisiones.
La mayoría de los entrevistados por la Cepal en la "Consulta a líderes de América Latina sobre las perspectivas presentes y futuras del acceso de las mujeres a los puestos de decisión política" señalaron que en sus países se amplió el acceso de las mujeres a puestos en el parlamento, el gobierno o los municipios en la última década. La proporción media de mujeres en los parlamentos de América Latina pasó de ocho por ciento en 1990 a 18 por ciento en 2008, mientras que su participación dentro de los gabinetes ministeriales durante los últimos tres períodos presidenciales aumentó de 13 a 27 por ciento a fines de 2006, según la Cepal.
Los avances en Centroamérica se notan en el plano local. Por ejemplo, en El Salvador 29 alcaldesas fueron elegidas para el período 2009-2012, mientras que sólo 13 corrieron la misma suerte entre 2000 y 2003, según la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.
La diputada salvadoreña del Parlamento Centroamericano, Gloria Anaya, militante del izquierdista y gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dijo a IPS que la mujer de esta región ha conseguido mayores espacios gracias a la apertura social, pero que esto se debe en gran parte a la lucha que ella misma ha emprendido.
En el caso salvadoreño, Anaya destacó la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista en 1992, tras 12 años de guerra civil, que permitieron promulgar un marco jurídico e institucional para la promoción de derechos en el ámbito familiar, laboral, social y político.
"Hemos dado pasos importantes pero no estamos conformes todavía", dijo la congresista.
A pesar de conformar la mitad de la población de la región, de 42 millones de habitantes, la más alta participación parlamentaria la ostenta Costa Rica, con 36,8 por ciento, y su inclusión en cargos de alto nivel gubernamental fue de 21,8 por ciento en promedio en los siete países entre 2005 y 2009, según el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En tanto, su representación en las alcaldías oscila entre 1,8 por ciento en Guatemala y 11,9 por ciento en República Dominicana, miembro asociado del SICA.
La diputada guatemalteca Anabella De León, del derechista Partido Patriota, dijo a IPS que el machismo, el racismo y la exclusión subyacentes son causas de que este país tenga uno de los peores indicadores regionales de participación femenina.
De hecho, en Guatemala todavía no existen condiciones para que una mujer ocupe la Presidencia de la República, cree De León, si bien varias han buscado la primera magistratura, entre ellas la líder indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.
De León cree que el país debería adoptar una ley de cuotas puesto que "la igualdad de la que habla el artículo cuarto de la Constitución es lírica y utópica porque los sectores de la sociedad son tratados de forma desigual", señaló.
El director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Renzo Rosal, dijo a IPS que las leyes de cuotas pueden ser una respuesta para equiparar la participación política de mujeres y jóvenes en la región.
De lo contrario, "habría que esperar mucho tiempo para que las instituciones maduren y tengan conciencia de la importancia de la participación femenina en una sociedad democrática", afirmó el experto.
