Los efectos del cambio climático tienen en Honduras un cómplice local: la destrucción del bosque por la explotación maderera ilegal, que datos oficiales sitúan en 86.000 hectáreas respecto del área original.
Reportes estatales indican que los bosques son el recurso natural renovable más valioso para el desarrollo hondureño, que podría generar más de 25 por ciento del producto interno bruto (PIB), estimado en 12.700 millones de dólares tras la crisis derivada del golpe de Estado del 28 de junio.
Pero de momento el aporte del rubro forestal es de apenas cinco por ciento del PIB.
El deterioro forestal tiene cuatro causas: los cambios en el uso del suelo, el consumo de leña, los incendios y la tala ilegal, según un informe del Monitoreo Forestal Independiente del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (ombudsman).
Aunque no existen cifras sobre el trasiego ilegal de madera, se calcula que a diario se mueven por el territorio nacional, en promedio, entre 80 y 100 "rastras" (contenedores remolcados por camiones), en particular procedentes del nororiental departamento de Olancho, uno de los más deforestados del país.
El consumo anual de leña alcanza a unos seis millones de metros cúbicos, 70 por ciento de los cuales provienen de los bosques latifoliados (árboles de hoja ancha y madera dura). La leña es una fuente esencial de energía para el país, y la única para buena parte de la población rural.
Según el ombudsman Ramón Custodio, se registra una suerte de "blanqueo forestal" en el que la actividad legal y la ilegal son "los extremos de un espectro donde la madera es legalizada utilizando diversos mecanismos".
Estos mecanismos, dijo Custodio a Tierramérica, van desde corte o aprovechamiento, transporte, comercialización, industrialización o tráfico ilegal de productos o subproductos forestales; apropiación de áreas públicas a través de la deforestación, rondas o actividades agropecuarias, entre otras.
La tala ilegal es un fenómeno "que enriquece al corrupto y empobrece al pueblo", además de contribuir a la destrucción de los bosques con repercusiones que van más allá del sector forestal, sostuvo el comisionado.
El Estado hondureño pierde anualmente entre seis y ocho millones de dólares y los municipios alrededor de 1,6 millones por la falta de pago de impuestos del comercio forestal ilegal.
Rigoberto Sandoval, experto en temas forestales, dijo a Tierramérica que la masa boscosa y la rica biodiversidad que existían hasta hace dos décadas en este país "disminuyeron sustancialmente por la falta de políticas claras".
"Es urgente que el Estado asuma su culpabilidad en no preocuparse por conocer y estudiar la dotación de recursos naturales de la nación. Mientras continúe con la mentalidad de que los fondos para la investigación son un gasto y no una inversión, seguiremos dando palos de ciego en materia ambiental, sin detenernos a pensar que estamos perdiendo las riquezas naturales del país", advirtió.
"La tala ilegal implica degradación genética y ambiental para algunas especies, sobre todo de aquellas en peligro de extinción", así como "pérdida de biodiversidad por la reducción de la cobertura forestal", dijo Sandoval.
El Monitoreo Forestal Independiente señala que esta práctica conlleva más vulnerabilidad ambiental, conflictos sociales y amenazas a la gobernabilidad.
Dentro de las prácticas en las que incurren las mafias del tráfico de madera se incluyen el incumplimiento de la normativa técnica y de las medidas de conservación del suelo, y tratamientos silvícolas para aprovechar un volumen de madera mayor que el autorizado.
El corte de árboles en zonas de protección, como fuentes de agua, la tala fuera de los límites autorizados y el aprovechamiento de mayor volumen que el acreditado, y anomalías en la preparación y aprobación de las ventas de madera, son otras prácticas mediante las cuales se "legaliza" el negocio ilícito.
Fausto Mejía, responsable del Monitoreo Forestal Independiente, señaló casos de uso fraudulento de facturas de madera utilizadas por las industrias, un delito de defraudación al fisco.
También muchas empresas han utilizado documentos ilícitos para usurpar títulos de propiedad, en confabulación con cooperativas forestales y funcionarios públicos, aprovechando áreas diferentes a las del título original, cometiendo delitos como la falsificación.
De los 86 informes realizados en los últimos tres años por el Monitoreo Forestal Independiente, sólo 19 no presentan irregularidades. Los demás han documentado abuso de poder, incumplimiento de la ley, informes técnicos adulterados, manipulación de organizaciones locales para obtener permisos de explotación, tala en áreas protegidas, defraudación fiscal, tala abusiva y complicidad, entre otros.
Las regiones donde más se cometen estos delitos son Olancho, la región atlántica, el norteño departamento de Yoro, los centrales Francisco Morazán y Comayagua y, en menor escala, El Paraíso y el resto de la zona sur.
En Olancho, la ciudad de Juticalpa y la Reserva de Biosfera del Río Plátano son las zonas de mayor corrupción forestal.
Las acciones de monitoreo han permitido identificar abusos y aplicar a veces sanciones, en especial multas, sostuvo Mejía.
Pero en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en diciembre en Copenhague, Honduras cobró notoriedad por la escasa efectividad del Estado para frenar estos delitos.
* Este artículo fue publicado originalmente el 13 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
