Medio millar de organizaciones no gubernamentales reclamaron este martes a la Unión Europea (UE), cuya presidencia ejerce España este primer semestre del año, cumplir los compromisos adquiridos por sus 27 estados miembros para erradicar la pobreza en el mundo.
Los activistas, reunidos en Madrid, dieron inicio a una campaña de recolección de firmas dirigidas a la presidencia de la UE para ser entregadas el 10 de junio al jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se pronunció el lunes al respecto a través de su secretaria de Organización, Leire Pajín, quien subrayó que el objetivo de la presidencia de la UE debe ser "transformar, a través de nuestras propuestas y políticas, el futuro" del bloque.
Para ello, la jefatura española de la UE deberá basarse en un principio fundamental, que Pajín definió como "construir una política europea común de lucha contra la crisis y, sobre todo, una política económica común que nos haga más fuertes".
Fernando Lezcano, secretario de comunicación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos grandes centrales del país, señaló a IPS que la crisis disparó las cifras de desempleo en el conjunto de las economías avanzadas, lo que debilitó la cohesión social y abrió nuevas zonas de exclusión y de pobreza.
Por eso, añadió, todos los poderes públicos e instituciones privadas de la UE deben implicarse en la erradicación de ese flagelo, "a fin de aliviar la situación de los miles de millones de personas que en el mundo viven por debajo del umbral de la pobreza, pasan hambre o están mal nutridas de manera crónica".
Eduardo Sánchez Jacob, presidente de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGD), manifestó a IPS que la presidencia española debe establecer "acciones concretas" en la UE, que armonicen, enriquezcan y cohesionen el enfoque y la política global para el desarrollo.
Eso, prosiguió, para que las demás políticas concuerden con los objetivos del desarrollo y la lucha contra la pobreza en todo el mundo, donde "la UE, si se lo propone y cumple, puede jugar un papel decisivo", tanto por lo que haga como por lo que su actuación pueda pesar en los demás países desarrollados.
En un comunicado, la CONGD puntualizó que "todas las políticas públicas, tanto de la UE como de sus Estados miembros, han de tener una base común que las dote de coherencia y articulación, que no es otra que el conjunto de los compromisos internacionales, derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Esos compromisos, "con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abre la puerta hacia un avance definitivo en términos de resultados e impacto en las metas de desarrollo".
En el plano interno, el gobierno de Zapatero enfrenta una fuerte discusión sobre un proyecto de ley de reforma laboral presentado en diciembre, que incluiría reducción de las indemnizaciones por despido.
Un sondeo de la Universidad Complutense y la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) mostró que 43 por ciento de los encuestados se oponen a ese proyecto de ley y que 76 por ciento rechazan las medidas que faciliten los despidos de trabajadores.
Otro resultado llamativo fue que entre los votantes del PSOE solamente 38,1 por ciento respalda la actuación del gobierno.
Funcas además publicó un estudio que prevé que la economía española, que retrocedió 3,6 por ciento en 2009, seguirá cayendo este año, aunque solo 0,5 por ciento. En 2011 comenzaría a crecer otra vez.
En el ámbito político, son grandes las diferencias entre el gobierno, que es optimista sobre el futuro, y la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), que sostiene que si se mantiene la actual política oficial se profundizarán los efectos de la crisis.
El líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó que "el debate no es si crecemos una décima o no. Zapatero quiere llevar el debate a los brotes verdes. Pero no habrá recuperación sin creación de empleo, ése es el termómetro real. El riesgo es que la economía se quede estancada muchos años".
En el citado sondeo, 43 por ciento de los ciudadanos manifestaron estar en desacuerdo con las medidas del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis y 24 por ciento apoyarlas. Los disconformes, según la encuesta, sostienen que un gobierno del PP no lo haría mejor.
Zapatero ya puso en marcha un proceso para adoptar este trimestre un sistema de negociación colectiva que dará más flexibilidad a las empresas, permitirá la reducción de la jornada laboral, favoreciendo el ajuste temporal del empleo, y reforzará los servicios públicos laborales así como las medidas contra la informalidad.
Sobre la actitud del PP, Pajín reiteró que su colectividad mantiene abierta una vía de diálogo, pero precisó que "si el PP no está dispuesto a arrimar el hombro, le pedimos que, al menos, deje trabajar al gobierno y a los hombres y mujeres de este país que estamos dispuestos a mirar hacia delante".
