Las grandes empresas mineras que operan en Perú han multiplicado sus ganancias y aún así siguen beneficiándose de la exoneración del pago de regalías y del impuesto a la renta, si reinvierten sus utilidades. Un privilegio cuya continuidad critican expertos.
Un ejemplo de las pérdidas que representa para el erario peruano el contrato de estabilidad tributaria suscrito por 11 proyectos mineros es el de la empresa Antamina que dejará de pagar este año al fisco 270 millones de dólares.
Antamina consiguió que el gobierno de Alan García le apruebe un plan de reinversiones por 900 millones de dólares, lo que exonera ese porcentaje de ganancias del pago del impuesto a la renta.
Este beneficio se origina en el contrato de estabilidad tributaria que suscribió la compañía en 1998 en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). El acuerdo le permitió gozar desde 2001 de estas facilidades de inversión, por un periodo que vence en 2015, según el Ministerio de Energía y Minas.
La Compañía Minera Antamina fue constituida en 1996 por un consorcio conformado por la australiana BHP Billiton, la suiza Xstrata Plc, la canadiense Teck Cominco y la japonesa Mitsubishi, para la explotación de yacimientos de zinc, cobre, plata y molibdeno en la región andina de Ancash, en el centro occidental del país.
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El economista Humberto Campodónico calculó que la empresa obtuvo utilidades superiores a los 6.000 millones de dólares en el periodo 2006-2009.
Desde 2004, cuando comenzó un "boom" de los precios de los minerales en el mercado mundial, las ganancias de las empresas mineras peruanas se dispararon.
Peru Top Publications, que sigue el comportamiento de las 100 principales empresas del país, registró que Antamina obtuvo 836,9 millones de dólares en ganancias en 2005, y dos años después se habían duplicado.
"Estos incentivos tributarios ya no deberían aplicarse porque en Perú vivimos otros tiempos de estabilidad y las altas ganancias del sector minero. El gobierno tendría que sentarse a renegociar con las empresas", señaló a IPS Campodónico, quien dio la voz de alerta sobre esta exoneración desde su columna semanal en el diario La República.
Fujimori instauró estos contratos de estabilidad debido a que en aquel periodo la economía peruana atravesaba una hiperinflación y el país vivía amenazado por el terrorismo. Más de una veintena de contratos de estabilidad se suscribieron durante su régimen con las principales empresas del sector, algunos de los cuales ya caducaron.
En la actualidad son 11 los contratos vigentes, que benefician a proyectos de las 10 empresas mineras más importantes que operan en Perú.
Este incentivo, que permite la exoneración de impuestos hasta por el 80 por ciento de la reinversión de utilidades de las empresas, fue derogado en setiembre de 2000 pero las empresas que suscribieron contratos de estabilidad antes de ese año siguen gozando de este privilegio.
Las que suscribieron estos contratos desde ese año, sólo se benefician de la exoneración del pago de regalías.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se suscribieron otros cinco contratos de estabilidad y se otorgó el beneficio de exoneración tributaria por reinversión a la minera Buenaventura por su proyecto Cerro Verde.
Desde la llegada del presidente García se acogió a este incentivo la minera peruana Volcan, en circunstancias cuestionadas y nada transparentes.
Para los expertos este tipo de incentivos deben desaparecer cuando la economía peruana ha pasado a ser estable y gozar de un alto crecimiento, una situación muy diferente a los comienzos de los años 90.
"Con estos contratos el país termina amarrándose legalmente con estas empresas", dijo Campodónico a IPS, en alusión al artículo 62 de la Constitución en el que se señala que los contratos sólo pueden ser modificados por acuerdos entre las partes.
"Eso no sucede en ningún país de América Latina y esto afecta nuestra soberanía", agregó.
Antamina recuperó sobrada y anticipadamente su inversión inicial de 2.000 millones de dólares. Campodónico aseguró que este monto volvió a las arcas de la empresa en los tres primeros años de operación, cuando su objetivo era lograrlo entre 10 y 15 años.
El gerente de asuntos corporativos de Antamina, Gonzalo Quijandría, reconoció a IPS que las mineras con contrato de estabilidad se encuentran en "una situación de privilegio, pero que se trata de un beneficio legal".
Quijandría discrepó que pueda definirse que en el país existe estabilidad para las empresas, porque los conflictos sociales en las zonas mineras hacen aún difícil conseguir inversionistas para el desarrollo de la actividad que motoriza la economía peruana.
Insistió en que la exoneración de impuestos por reinversión de utilidades debe ser vista "como un negocio rentable para todos", ya que según en el plan aprobado para la empresa para el periodo 2010-2013 se establece que desde 2014 se triplicarán los recursos de canon para la región de Ancash, donde opera la empresa, y por consiguiente para el Estado.
El canon es la compensación económica que reciben las regiones donde se explotan los recursos minerales y corresponde a 50 por ciento del impuesto a la renta que recauda el gobierno central.
En consecuencia, por los 270 millones de dólares exonerados a Antamina, la región de Ancash deja de percibir 135 millones.
Las protestas a este hecho en Ancash llevaron a la empresa a acordar con las autoridades regionales la entrega ese año de 24 millones de dólares, bajo el concepto de "mitigación" de posibles impactos.
Pero algunas organizaciones sociales han rechazado este acuerdo, al asegurar que no fueron consultadas.
"Hay responsabilidad política y hasta dolosa de las autoridades porque se trata de un acuerdo superficial donde no existe claridad sobre los compromisos de la minera", señaló a IPS el presidente colegiado del Frente de Defensa del Santa, Esteban Cacha Salazar.
Quijandría precisó que el sistema de compensación a Ancash "aún está en borrador" y no se sabe cuánto recibirá cada municipalidad provincial y distrital de la región, ni qué monto aportará la empresa en el bienio que aún gozará de exención tributaria, porque ello dependerá de las utilidades de la empresa.
Sin embargo, adelantó que la empresa negocia con cada autoridad y que para el caso de las 20 provincias de Ancash lo más probable es que Antamina ejecute de manera directa las obras sociales y que para los 128 distritos en que se subdividen esas provincias se transfieran los recursos.
"Cómo se le permite a Antamina que negocie directamente con las autoridades de la región y les abra la chequera, es cómo si no hubiera Estado. Eso solo pasa en un gobierno de republíquela", criticó Campodónico.
Para el especialista en temas mineros de la no gubernamental CARE Perú, José Luis López, es tan importante reclamar por los impuestos que Antamina dejará de pagar como garantizar que Ancash invierta adecuadamente los millonarios recursos que recibe por el canon.
"No veo seguridad en que haya más plata (dinero) si no hay condiciones para invertir, no es igual dinero y desarrollo si no hay capacidades", agregó López.
Ancash es la región que más canon recibe en el país por la explotación minera. En 2007, obtuvo 1, 628 millones de soles, el año siguiente 1,319 y en 2009 se benefició con 855 millones, según cálculos de la no gubernamental Propuesta Ciudadana a partir de cifras oficiales.
Los expertos coinciden en que gran parte de las decisiones para modificar los problemas de la situación actual dependen del gobierno central.
