Los indígenas de América Latina padecen desigualdades sanitarias, educativas, económicas y tecnológicas, situación que tiende a agravarse según un informe elaborado por siete expertos a petición de la ONU y que fue divulgado este jueves en la capital mexicana y otras ocho ciudades del mundo.
El reporte titulado "La situación de los pueblos indígenas del mundo", el primero de su tipo, resalta la permanencia de varios asuntos pendientes de resolución, como la pobreza, el derecho al territorio y la protección de los recursos naturales asentados en zonas de comunidades aborígenes.
"La situación en América Latina es preocupante. Persiste la pobreza y la diferencia entre los niveles de pobreza de los indígenas y no indígenas es alarmante", destacó la nicaragüense Mirna Cunningham, de la etnia miskita y una de las autoras del documento, quien participó vía teleconferencia en el acto de difusión escenificado en la ciudad de México.
El texto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) indica que un indígena en Paraguay tiene una probabilidad 7,9 veces más alta de ser pobre que el resto de la población, en Panamá tiene 5,9 veces, en México 3,3 veces y en Guatemala 2,8.
"A pesar de cambios significativos en las tasas de pobreza, la proporción de indígenas en la región que viven en esa situación no varió mucho en la mayoría de países desde inicios de los años 90 a comienzos de 2000", cita el informe, de 238 páginas y que por ahora circula únicamente en lengua inglesa.
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Sin aportar datos novedosos, el estudio reúne la información elaborada por las agencias de la ONU, otras instituciones y las organizaciones indígenas para mostrar una película de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años con los pueblos aborígenes en el mundo.
En el planeta hay unos 370 millones de indígenas, que equivalen a cinco por ciento de la población. En América Latina viven unos 34 millones, poco más de 10 millones de los cuales radican en territorio mexicano.
De los 900 millones de personas pobres de áreas rurales en el mundo, los aborígenes representan una tercera parte.
"La situación de los pueblos indígenas no ha mejorado visiblemente en los últimos años. Hay elementos preocupantes, como el desplazamiento, la militarización, la pobreza", evaluó, por su parte, el académico mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el mismo acto de presentación.
La instauración de la figura del relator, surgida en 2001, fue uno de los logros de las organizaciones indígenas en el escenario internacional durante la década pasada.
En el terreno educativo, las cosas no han marchado mejor. Más de la mitad de los indígenas de Guatemala comprendidos entre 15 y 19 años no ha concluido los estudios primarios, en comparación con una tercera parte de los jóvenes no indígenas. En esa nación centroamericana, más de la mitad de la población total de 13 millones de habitantes se reconoce de ese origen nativo.
En Perú, la niñez no indígena recibe 2,3 años más de instrucción formal que los indígenas y en Bolivia la diferencia es de cuatro años.
"No hay políticas públicas que resuelvan los problemas ancestrales de los pueblos indígenas. Queremos ser vistos como indios vivos, que tienen propuestas, que tienen pensamiento", señaló a IPS Marta Sánchez, coordinadora de la Asociación Nacional Indígena Plural del sureño estado de Guerrero, presente también en el acto público.
En el terreno de la salud las disparidades se hacen evidentes. En Guatemala, la brecha de la esperanza de vida entre los indígenas y los no indígenas es de 13 años, en Panamá es de 10 y en México de seis años.
El informe también destaca que "la mortalidad infantil sigue siendo 70 por ciento superior entre las comunidades indígenas, a pesar de las mejores logradas en América Latina en los últimos 40 años".
Como ilustración, los expertos presentan el caso de Honduras, donde 95 por ciento de los indígenas menores de 14 años sufren de malnutrición.
"El problema es que las políticas públicas no son transversales, son sectoriales. Son una suma de lo que hace cada una de las carteras", refirió, a su vez, el director de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el mexicano Xavier Abreu, quien asumió el cargo hace sólo nueve días.
En los últimos 30 años, las organizaciones indígenas lograron desarrollar una intensa agenda internacional que derivó en la creación de varias instancias multilaterales.
Uno de los pilares fue el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, inaugurado en 1982. En 2000 nació el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
El Foro Permanente, integrado por 16 expertos independientes, la mitad de ellos nombrados por los gobiernos y la otra por organizaciones indígenas, sesionó por primera vez en 2002 para analizar los problemas de los pueblos aborígenes y recomendar acciones a la comunidad internacional.
En 1994, la Asamblea General de la ONU lanzó la Década Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2005 estableció un segundo decenio especial, que concluirá en 2015.
Los cabildeos y las presiones de las organizaciones no gubernamentales indígenas se coronaron con la aprobación por parte de la ONU en 2007 de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, un viejo anhelo.
"Es importante haber ganado espacios internacionales. Hemos podido conseguir espacios que hace años era inimaginable que ocurriera", manifestó Cunningham, directoral del no gubernamental Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Para Stavenhagen, la Segunda Década y la Declaración implican muchos temas por cumplir. "La Primera Década fue insuficiente y la Segunda se declaró por presiones y cabildeos de los pueblos indígenas", recordó el ex funcionario internacional.
"El informe nos puede servir de base para sustentar y exigir nuestros derechos. Debe de tener información suficiente para diseñar políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas", indicó a IPS Antonio Medina, coordinador general de la Red Indígena de Turismo de México (RITA).
Esa agrupación surgió en 2002 y ya cuenta con 160 empresas asociadas provenientes de 17 pueblos nativos presentes en 15 de los 32 estados que forman la república mexicana.
En el caso de México subsisten temas pendientes, como el reglamento de la reforma constitucional de 2001, rechazado por las organizaciones indígenas por no satisfacer sus aspiraciones de libre determinación.
Además, la CDI y el Senado trabajan en la elaboración de una iniciativa de Ley Nacional de Consulta para los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que las comunidades aborígenes tengan voz y voto en potenciales proyectos en sus territorios.
"No se puede construir arriba, sino que hay que hacerlo desde abajo, hay que trabajar con modelos donde se consulte a los indígenas", dijo al respecto Abreu.
"Queremos hacer la consulta a los pueblos indígenas, no las diseñadas por otros. Hace falta el mecanismo para encontrar el tipo de consulta", refirió Sánchez.
"Buscamos una consulta diferente, que exprese nuestra posición y que atienda nuestras propuestas", planteó a su vez Medina.
En este país norteamericano, las comunidades nativas padecen la imposición de proyectos de explotación públicos y privados de recursos naturales sin que se considere su postura al respecto.
El reporte mundial, que la ONU planea traducir a idiomas indígenas, cita nuevos asuntos dentro de la agenda, como la violencia, el militarismo, los efectos de la globalización, las migraciones, la urbanización de sectores indígenas y pueblos que viven en aislamiento voluntario.
