El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, terminará oficialmente este miércoles su mandato, aunque de la forma que menos hubiera deseado: los militares que lo derrocaron fueron sobreseídos por la justicia, y jurará en su lugar un hombre elegido en comicios organizados bajo un régimen de facto.
Zelaya, víctima de un golpe de Estado el 28 de junio pasado, cuando militares encapuchados lo secuestraron y trasladaron a la fuerza a Costa Rica, anunció que dejaría territorio hondureño este miércoles, cuando asumirá en su lugar el derechista Porfirio Lobo, triunfador de las elecciones del 27 de noviembre.
No obstante, anunció que regresaría a Honduras cuando la situación lo permitiera. El mandatario ha estado desde hace tres meses encerrado en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, tras su sorpresivo retorno en septiembre de 2009. Se mudará a República Dominicana en calidad de huésped junto a su familia, gracias a un acuerdo entre Lobo y el presidente de ese país, Leonel Fernández.
Zelaya expresó su deseo de que se iniciara "un proceso de reconciliación nacional" en Honduras, y convocó a sus seguidores al aeropuerto de Tegucigalpa para despedirse, aunque pidió que se evitaran actos de violencia.
Mientras Estados Unidos, España y Colombia enviarán delegaciones oficiales para la asunción de Lobo, que recibirá la banda presidencial del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ya que el actual mandatario de facto, Roberto Micheletti, permanece hospitalizado por un aumento en sus niveles de azúcar, otros países no se han expresado oficialmente.
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Brasil, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela habían anunciado que no reconocerían los resultados de las elecciones celebradas en noviembre.
En tanto, este martes, un juez especial de la Corte de Justicia sobreseyó a la cúpula de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor de la expulsión de Zelaya.
El magistrado Jorge Rivera, a su vez presidente de la Corte, justificó el fallo señalando que el traslado a la fuerza de Zelaya a Costa Rica se había hecho al amparo de la figura penal de "estado de necesidad", y accedió a los argumentos de los acusados de que "el país corría grave peligro, real e inminente" si Zelaya no era expulsado a punta de rifles y en pijama.
Zelaya fue depuesto el día en que había convocado una consulta popular para reformar la Constitución, iniciativa a la que se oponían el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso.
El juez especial Rivera decidió sobreseer a los seis generales que forman la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas: el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez Velásquez, el subjefe del Estado Mayor, Venancio Cervantes, el comandante del Ejército, Miguel Ángel García Padgeth, el comandante de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez, y el inspector de las fuerzas armadas, Carlos Cuéllar García.
Los altos mandos militares habían sido acusados por la Fiscalía de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y la seguridad interior del Estado.
La Corte señaló tener evidencia de que al menos unas 900 personas, en su mayoría extranjeros, habían ingresado al territorio nacional antes y posterior al 28 de junio con el fin de "desestabilizar el país".
La determinación de los militares a someterse a los tribunales fue vista por organismos de derechos humanos como una estrategia para agotar el recurso interno a fin de evitar ir a instancias de justicia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Penal Internacional.
Bertha Oliva, del no estatal Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, dijo a IPS que la sentencia tenía el objetivo de "legitimar el golpe". "Esto es un hecho más de esa estrategia de limpieza. Pero existen otras instancias en las cuales vamos a apelar para que esos hechos no queden impunes", añadió.
Mientras, la Fiscalía anunció que estudiaría "a fondo" la resolución para determinar si apelará o no.
Dagoberto Mejía, del equipo de defensa legal de los militares, dijo a IPS que el resultado de la sentencia "fue apegada a derecho". "Mostramos muchas evidencias del porqué se tomó la decisión de sacar al señor Zelaya, pruebas que incluso por razones de seguridad no se han hecho públicas".
Por su parte, el máximo jerarca castrense, Romeo Vásquez, dijo estar satisfecho por la absolución. "Nosotros cumplimos con la misión de garantizar la seguridad", insistió.
Fue la primera vez en la historia hondureña que la cúpula en pleno de las Fuerzas Armadas concurrió a la justicia por violentar el artículo 102 de la Constitución, que prohíbe la expatriación de un hondureño. La pena por este delito es de tres a cinco años de cárcel, lo que lo vuelve un delito fiable.
