La Sala Penal Nacional de Perú reinició el juicio contra 41 militares acusados de la ejecución extrajudicial de ocho pobladores en la localidad de Pucará en 1989, durante el primer gobierno del presidente Alan García.
Entre los implicados se encuentran dos generales en retiro del Ejército, Juan Briones Dávila y Carlos Bergamino Cruz, quienes en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) gozaron de impunidad, ascendieron de grado y ocuparon carteras ministeriales.
El juicio por la organización y ejecución del asesinato extrajudicial de seis hombres y dos mujeres, pudo reiniciarse después que la defensa de las víctimas de la masacre consiguió que el suboficial Clodomiro Silva Ortiz regresara a Perú por mandato del tribunal.
Silva no se presentó a las audiencias del 12, 21 y 28 de diciembre, lo que dificultó la continuidad del juicio y obligó a la defensa a pedir al tribunal a que demandase al Ejército información sobre la ubicación de militar.
Ante el requerimiento, la Comandancia General del Ejército reportó al Poder Judicial que Silva había sido designado por el presidente García como auxiliar en la agregaduría militar del Perú en Washington hasta el 31 de enero del 2011.
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Silva y los demás procesados por las ejecuciones de Pucará están bajo el régimen de comparecencia restringida, que les impide salir del país sin permiso del tribunal y les obliga a asistir a todas las citaciones.
Pese a esa situación, el presidente García autorizó al procesado a ocupar un cargo en el exterior.
El mandatario gobernó el país entre 1985 y 1990, ya iniciada la guerra interna entre el Estado y los grupos armados Sendero Luminoso y Tupac Amaru (1980-2000), y volvió al poder en julio de 2006 por un segundo periodo de cinco años.
"Era una forma de sustraerlo del alcance de la justicia, en consecuencia su ausentismo a las audiencias obstaculizaba el proceso", dijo a IPS el abogado de las víctimas, Antonio Salazar, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fuentes de la Sala Penal que enjuicia el caso confirmaron a IPS que el Poder Judicial notificó a la Comandancia General del Ejército que la designación de Silva a una misión en el extranjero, y su consecuente salida del Perú, atentaban contra el debido proceso.
Finalmente, el 10 de enero Silva retornó a Lima y se puso a disposición de la justicia.
En la audiencia de este lunes, la defensa presentó al experto en lucha contrainsurgente Carlos Tapia, quien dijo que a partir de 1989 las fuerzas armadas modificaron la estrategia de lucha.
El cambio incluyo la intensificación de las acciones de inteligencia militar y de aniquilamiento selectivo de aquellos que daban apoyo político al grupo maoísta Sendero Luminoso.
Tapia señaló que la masacre de Pucará, en noviembre de ese año, no es un caso aislado sino un golpe contra supuestos miembros de Sendero Luminoso en los días previos a las elecciones municipales, que el grupo armado instaba a los pobladores a boicotear.
El crimen de Pucará, una localidad situada en la región andina central en el departamento de Junín, fue resultado de la aplicación de la nueva estrategia antiguerrillera de los militares, argumentó.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló en su informe final de 2003 que el crimen Pucará es un gravísimo caso de ejecución extrajudicial perpetrado por efectivos del Ejército que seguían sin recibir sanción.
Las fuentes judiciales indicaron a IPS que el caso Pucará es excepcional respecto a otros procesos judiciales a acusados de violación de los derechos humanos.
En los demás casos, ninguno de los imputados ha reconocido los hechos, pero en esta ocasión uno de los acusados, cuya identidad se mantiene en reserva, ha ofrecido información detallada sobre cómo ocurrió el homicidio múltiple.
El testigo afirmó a las autoridades que el jefe de la División de Fuerzas Especiales, general Juan Briones Dávila, formó el Batallón Contrasubversivo Inclán con la finalidad de ejecutar "operaciones especiales" en el departamento de Junín, en el centro del país.
En Junín operaba activamente Sendero Luminoso y el batallón estaba encargado de cumplir con la nueva estrategia contrasubversiva de aniquilamiento selectivo.
El declarante perteneció a ese batallón especial e intervino en operativos clandestinos que implicaban el asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso.
A cargo del operativo en Pucará estuvo el jefe de inteligencia de la 31 División de Infantería, el comandante César Rodríguez Delgado, a quien se le puso a disposición dos batallones.
Al llegar a la localidad, los militares asaltaron las viviendas de sus víctimas y las asesinaron, según los testimonios y la reconstrucción de los hechos durante el juicio.
Según esa reconstrucción, el primer grupo, al mando del capitán Marco Antonio Llontop, mató a Paulino Cabezas (52), Leoncio Orihuela (42), Raúl Cabezas (24), Máximo Pérez (20) y a las hermanas Gladys Poma (17) y Madeleine Poma (16).
El segundo grupo, a cargo de capitán Miguel Puente Millán, ultimó en sus viviendas a Isauro Valdez (63) y Nilo Castillón (20).
La fecha elegida para el crimen masivo, el 4 de noviembre, no fue casual: el grupo guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) celebraba ese día el levantamiento del líder indígena en el siglo XVIII.
Después de cometer la masacre, los militares pintarrajearon consignas del MRTA para aparentar que los autores de la masacre habían sido militantes de esa organización.
"Uno de los testimonios más relevantes la ofreció el general en retiro Marco Antonio Ramos, jefe del Batallón Contrasubversivo Inclán. Ramos confirmó gran parte de la declaración del testigo", dijo el abogado Salazar.
"Ramos afirmó que el jefe de inteligencia de la 31 División de Infantería, comandante César Rodríguez Delgado, le solicitó hombres para el operativo del 4 de noviembre", detalló el letrado.
Rodríguez se encuentra en condición de prófugo de la justicia.
"El general Ramos también señaló que la operación se ejecutaba en coordinación con el jefe de Estado Mayor de la 31 División de Infantería, el entonces coronel Carlos Bergamino Cruz", precisó Salazar.
Cruz fue ministro de Defensa de Fujimori. "Por la tanto, hay una cadena de mando que alcanzaba a los altos mandos del Ejército", concluyó el abogado del IDL.
Juan Briones y Carlos Bergamino, sin embargo, niegan haber autorizado, y mucho menos haber tenido conocimiento, de la operación de aniquilamiento en Pucará.
El general Briones purga una condena de diez años de prisión por su participación en el auto-golpe de Estado de Fujimori y su principal asesor, Vladimiro Montesinos, el 5 de abril de 1992.
Bergamino, por su parte, ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel por participar en el pago ilegal de 15 millones de dólares para Montesinos, además de afrontar otros juicios por corrupción.
"Las evidencias son concretas y los generales Briones y Bergamino podrían recibían 20 años de cárcel", cuando la sala emita su sentencia, afirmó el abogado Salazar.
