La muerte violenta de cuatro reclusos en las cárceles de Argentina en las últimas semanas vino a certificar una «sistemática» violación de los derechos humanos en los penales del país, según activistas humanitarios.
La no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) ha registrado 2.826 muertes desde la restauración de la democracia en este país del Cono Sur americano, en diciembre de 1983, hasta octubre pasado.
De ese total, 33 por ciento de las muertes se produjeron en cárceles, institutos de reclusión de menores y comisarías. Buena parte de los decesos fueron atribuidos a suicidios o peleas entre reclusos, pero para la Coordinadora detrás de todas hubo al menos un papel de inducción por parte de las autoridades penitenciarias.
La organización humanitaria precisó que los abusos en los centros penitenciarios se producen a nivel nacional, pero afectan en particular a dos provincias: la oriental de Buenos Aires, donde residen 34 por ciento de los 38,5 millones de argentinos, y la noroccidental de Mendoza.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2004 y 2006 medidas provisionales contra la situación penitenciaria en esas dos provincias, que obligaban al Estado a establecer medidas inmediatas para protegerla vida y la integridad de los procesados y condenados en algunas de sus cárceles.
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Las medidas cautelares han sido prorrogadas desde entonces por el tribunal autónomo supranacional que opera dentro de la Organización de Estados Americanos, con el objetivo de preservar la vida de los reclusos. La Corte también exigió al Estado que esclarezca los casos de muertes ocurridas en centros específicos de Mendoza.
En su informe sobre la situación penitenciaria en diciembre, Correpi registró que las cuatro muertes durante ese mes se produjeron, según la versión oficial a causa de quemaduras, un suicidio, una pelea con un carcelero y un disparo a corta distancia. Los fallecidos fueron tres hombres y una mujer, que tenían entre 22 y 30 años.
Pablo Salinas, abogado demandante ante las instituciones jurídicas continentales por la situación carcelaria, explicó a IPS que dos penales de Mendoza han recibido disposiciones cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriores dictámenes provisionales de la Corte.
Se trata de la Unidad Penal 11, ubicada en la capital provincial y conocida como Boulogne Sur Mer, y la cárcel Lavalle. Tan sólo otro penal americano, el brasileño de Urso, situado en el estado de Rondonia, recibió una medida similar por parte del tribunal continental, remarcó el abogado de la ciudad de Mendoza.
En su fallo de 2006, la Corte recordó que el Estado argentino tiene "la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad". Por este motivo, exigió a las autoridades a nivel provincial y nacional una coordinación "efectiva y transparente" para revertir la crítica situación de "hacinamiento e inseguridad".
El Estado argentino reconoció su responsabilidad en la situación penitenciaria en las audiencias ante la Corte. Un año después, en febrero de 2007, la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina volvió a exigir a las autoridades de Mendoza el respeto a los derechos humanos dentro de sus centros penitenciarios.
Pero Salinas aseguró que casi tres años después de ese pronunciamiento, "lamentablemente la situación sigue igual" en las cárceles de Mendoza.
Organismos de derechos humanos de Mendoza denunciaron que el penal de Boulogne Sur Mer, cuyas instalaciones datan de principios del siglo pasado, alberga 1.700 reclusos, cuando su capacidad es para 500 internos.
El centro "está ubicado sobre una cloaca y los internos ponen las cuchillas en el agua podrida y luego se agreden. Cuando se clavan se les producen infecciones e incluso meningitis. Todo el sistema cloacal está colapsado", narró Salinas.
Añadió que "el sistema de salud es del infierno del Dante, llegando los internos a tener que cortarse para poder ser atendidos médicamente. Las heridas que se hacen los infectan de hepatitis B y en otros casos los abusos sexuales los infectan de sida y sífilis".
La construcción de un nuevo penal para desahogar Boulogne Sur Mer, después de que en 2004 se registrasen 17 muertes en la vieja cárcel y comenzasen las denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, no supusieron una solución, explicó el abogado.
En Almafuerte, el nuevo centro, las prácticas son similares a las denunciadas. "Las horas de encierro son la característica más terrible, junto con la falta de higiene y seguridad de los internos", dijo Salinas.
Mendoza, una provincia cuya actividad principal es la vitivinicultura y que en décadas pasadas registraba un elevado nivel de vida, ha sido escenario de diversos ensayos de la denominada política de "mano dura" para combatir el delito.
El actual gobernador, Celso Jaque, designó en el área de seguridad a figuras vinculadas a la represión durante la última dictadura (1976-1983), de los que debió desprenderse por presiones de activistas de derechos humanos y del propio gobierno central, presidido por Cristina Fernández.
Fernández y Jaque son aliados y pertenecen al Partido Justicialista (peronista), aunque la primera se ubica en el ala centroizquierdista de la organización y Jaque en la más derechista.
El parlamento provincial de Mendoza impuso la institución de un "ombudsman" (defensor del pueblo) para asuntos penitenciarios y de mecanismos específicos para impedir la tortura dentro de las cárceles. Pero la implementación de las dos disposiciones está demorada por la gobernación.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el otro foco de las mayores violaciones humanitarias en las cárceles argentinas y gobernado por el peronista conservador Daniel Scioli, el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acaba de emitir un informe que critica duramente el manejo por parte de las autoridades locales.
La organización subrayó en su reporte sobre Política Penitenciaria que la gobernación "se alineó con los discursos que pretenden resolver las demandas sociales de seguridad endureciendo el sistema penal y consideran que las garantías constitucionales son obstáculos para impedir la persecución del delito".
El CELS aseguró que el Ejecutivo provincial centró nuevamente su intervención en políticas de "mano dura", pese a que esa estrategia ya "en otras oportunidades arrojó resultados desastrosos".
La consecuencia fue que al finalizar 2008, en las cárceles de la provincia se hacinaban 24.166 reclusos, a lo que debían sumarse 3.448 personas recluidas en comisarías, mientras que el propio gobierno provincial reconocía que la capacidad de sus penitenciarias no superaba las 17.858 plazas.
El año 2010, la situación penitenciaria argentina no evidencia mejorías. Un joven de 24 años apareció ahorcado en una celda de un centro de Mendoza. El abogado Ismael Jalil, miembro de Correpi, denunció a IPS "la impunidad de la que gozan los penitenciarios para preparar la escena y acreditar que se trató de un suicidio".
Jalil añadió que "en muchas ocasiones los presos son usados como una especie de mula (correo de drogas) entre dos bandas policiales". "Los cambian de destacamento (comisaría) y aparecen suicidados misteriosamente" para que no puedan denunciar lo sucedido, explicó.
El abogado señaló otro método de violación de los derechos humanos de los presos. Las autoridades penitenciarias actúan en connivencia con las bandas que dominan la actividad interna en las cárceles. Como parte de esos acuerdos, entregan a las bandas presos que no aceptan cumplir alguna actividad delictiva que le exigen.
En Argentina, la política penitenciaria predominante es la de "depósito de seres humanos para exterminarlos", sintetizó Jalil.
