El nuevo impuesto a las residencias de lujo en Costa Rica resultó un fracaso en su primera recaudación, pese a ser un gravamen solidario destinado íntegramente a la construcción de viviendas sociales para los más desfavorecidos.
El Ministerio de Hacienda de esta nación centroamericana se vio obligado a reconocer que solo recaudó una cuarta parte de lo previsto, tras ampliar el plazo para el pago de la tasa impositiva hasta el 15 de enero, después que en la fecha inicial de vencimiento, el 31 de diciembre, tan solo 14 contribuyentes la habían cancelado.
El tributo grava a las viviendas tasadas en más de 180.000 dólares, según una metodología del Ministerio de Hacienda que fija valores considerados por especialistas inmobiliarios como muy por debajo del precio del mercado.
Al finalizar el plazo, Hacienda informó que solo recaudo 5,5 millones de dólares, frente a los 22 millones previstos.
El ministerio anunció tras el fracaso de recaudación que en el país existen unas 10.000 propiedades de lujo y que apenas 3.000 de sus dueños cumplieron con el pago del impuesto. "Vamos a ir por los que no han pagado", indicó la ministra Jenny Phillips.
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El llamado impuesto solidario fue aprobado por la unicameral Asamblea Legislativa costarricense en una ley especial que obtuvo una votación unánime. Todo lo recaudado irá a financiar el Programa de Erradicación de Tugurios del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
El tributo solidario grava inicialmente por una década la tenencia de viviendas de lujo, con seis tasas anuales que van desde 0,25 a 0,55 del valor del inmueble según ascienda su precio. La tasa a pagar se basará en actualizaciones trienales del valor de las viviendas.
La ministra de la Vivienda, Clara Zomer, explicó a IPS que se trata de un impuesto transitorio, por diez años, para terminar con estas zonas marginales en el país. Fue concebido como un gravamen solidario para dotar de vivienda digna a la población en pobreza extrema.
Pero el impulsor del impuesto, el diputado Federico Tinoco, del oficialista Partido de Liberación Nacional, considera que el impuesto deberá extenderse más allá de una década, con las reformas necesarias, porque "en diez años no se van a eliminar los tugurios".
Las autoridades tributarias tienen hasta tres años para obligar a los contribuyentes pagar el tributo, pero el Ministerio de Hacienda cree que puede reducir el plazo a solo un año porque tiene identificadas las viviendas afectadas, incluso con fotografías aéreas de cada una.
Durante ese año, los contribuyentes tienen derecho a recurrir el pago ante el Tribunal Fiscal Administrativo, apelar a la tasa especial y abrir un proceso contencioso para defender su derecho a no contribuir.
Para especialistas inmobiliarios y en tributación, otra razón de la falta de cumplimiento con el primer pago del impuesto, es que Hacienda estableció mecanismos a los que no están acostumbrados los contribuyentes, como su declaración de manera digital, dentro de un proceso engorroso.
"El problema es que la recaudación ha sido mucho menor de la esperada" expresó la ministra Zomer.
En cualquier caso, el Banco Hipotecario de la Vivienda, dependiente del ministerio, ya recibió el dinero recaudado, que alimentará de inmediato al llamado "bono comunal", que sirve para cubrir el costo de servicios de saneamiento, parques y otras mejoras en las áreas pobres.
Zomer cifró en 400 los tugurios existentes actualmente en Costa Rica, en los que viven unas 40.000 familias. Explicó que lo recaudado por el impuesto solo llega para "la intervención en un (barrio) precario".
Pero la ministra aclaró que su despacho cuenta con otros fondos, por un monto total de 125 millones de dólares, para su programa de erradicación de viviendas precarias. El impuesto a las casas de lujo es "complementario", explicó.
Costa Rica, un país con 4,5 millones de personas, tiene un índice de pobreza del 18,5 por ciento, del que 4,2 por ciento es pobreza extrema, según las cifras de 2009.
Las autoridades costarricenses y los agentes sociales vieron con preocupación que el sector pobre creció casi un punto respecto al año anterior, en especial en el grupo en pobreza extrema, que en 2008 representaba 3,5 por ciento.
Aunque son tasas de pobreza entre las más bajas de América Latina, suponen la consolidación de un repunte de la pobreza como consecuencia de la crisis económica mundial, después que en 2007 se había logrado hacer bajar la tasa de pobres a 16,7 por ciento, su mínimo histórico,
Históricamente, la pobreza en Costa Rica afectó en promedio a 20 por ciento de su población, aunque al comienzo de los años 80 llegó a dispararse hasta 40 por ciento, dijo César Zúñiga, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
"La pobreza es distinta a la del resto del área, porque Costa Rica cuenta con unos servicios sociales relativamente universalizados", a diferencia de buena parte del subcontinente latinoamericano.
El Sistema Nacional de Vivienda nació justamente en los años 80 como parte de una política de protección social de la población más desfavorecida. "Así se ha conseguido contener el crecimiento de la pobreza", dijo Zuñiga.
El politólogo comentó que el plan de protección ha contribuido a la paradoja de que en el país resulte más difícil el acceso a la vivienda de la clase media, pues no tiene acceso ni a créditos ni a las ayudas sociales de los estratos de bajos recursos.
"La política (de vivienda social) ha sido efectiva" aunque hay desórdenes administrativos y políticos que se han traducido en una menor eficiencia del sistema, afirmó.
Para Zuñiga la escasa respuesta de las capas más ricas de la población al impuesto solidario traduce "una escasa solidaridad, que es de carácter cultural y moral", aunque también lo achacó a la ineficiencia ministerial en materia de recaudación.
