La inacción gubernamental y la incapacidad de los medios de comunicación para proteger a sus periodistas en zonas de riesgo han contribuido a convertir a México en el país más peligroso en el continente para ejercer el oficio.
Los informadores en este país norteamericano han vivido el peor año en el desempeño de su profesión a causa del asesinato de 12 colegas, los que se mantienen impunes, en la mayoría de los casos.
"La respuesta del Estado en cumplimiento de sus obligaciones de brindar un entorno de libertad en el ejercicio de la libertad de expresión está ausente, estamos en una situación muy desoladora, que es que ninguna de las autoridades muestra algún tipo de interés para frenar o mitigar las agresiones", señaló a IPS Darío Ramírez, director de la oficina mexicana de la organización británica Artículo XIX.
A pocos días de terminar el año se registró un nuevo acto de violencia contra comunicadores. Alberto Velásquez, reportero del periódico Expresiones y colaborador de una televisora local, fue asesinado a balazos el 23 de este mes en la localidad de Tulum, unos 1.300 kilómetros al nordeste de la capital mexicana.
Desde 2000, 57 profesionales han sido asesinados y al menos ocho se encuentran desaparecidos.
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Detrás de México se ubica Colombia como lugares riesgosos para los periodistas en el continente americano. En 2009, al menos tres periodistas han sido asesinados y se han registrado agresiones e intimidaciones, según la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París.
"En México cada vez son más los periodistas que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas", denunció la oficial, pero autónoma, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al hacer un recuento de las vicisitudes enfrentadas por los informadores mexicanos durante este año.
A pesar del progresivo empeoramiento de la situación de los comunicadores en cuestiones de seguridad, el gobierno y las autoridades locales han optado por mirar hacia otra dirección.
En 2006, surgió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), adscrita a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) y a cargo de Octavio Orellana.
En su corta vida, la FEADP ha atendido un centenar de expedientes, de los cuales al menos cuatro han llegado al escritorio de un juez. Por eso, las agrupaciones de defensa de la libertad de expresión la consideran un fiasco.
Sobre los 13 comunicadores asesinados este año, las autoridades mexicanas presumen de la captura de los sospechosos de ejecutar a cinco profesionales de la comunicación.
Al asumir sus escaños en septiembre, los miembros del Congreso legislativo decidieron la abolición de una comisión especial para atender denuncias de ataques a periodistas.
Además, los diputados aún no aprueban una reforma legal para que la PGR investigue los hostigamientos, por lo cual esos actos siguen bajo la jurisdicción de las fiscalías locales, incapaces de indagar esos hechos.
"Necesitamos un andamiaje que nos permita tener transparencia de datos, libre acceso a la información y toda la libertad que se requiere para decir la verdad, pero, sobre todo, que no cueste, porque en México a veces cuesta la vida decir la verdad", manifestó Armando Prida, presidente de la no gubernamental Fundación para la Libertad de Expresión, en un balance de los sucesos relacionados con los periodistas en 2009.
Los periodistas han quedado enredados en el torbellino violento del narcotráfico, especialmente en las zonas donde las bandas se disputan a tiros el mercado de estupefacientes ilícitos. Aunque las autoridades arguyen que los crímenes no han tenido nexos con su trabajo, las asociaciones de comunicadores argumentan lo contrario y reclaman una investigación profunda.
En varios casos, las víctimas cubrían la fuente policial y habían abordado asuntos ligados al tráfico ilegal de enervantes.
En el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, muchos diarios han optado por dejar de cubrir temas vinculados con esa actividad criminal. En otros casos, los reporteros no firman las notas, para evitar represalias.
"La pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones de más dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en todos los niveles del poder no son las únicas en tela de juicio en la perpetuación del calvario de la prensa mexicana", señaló en su informe especial de septiembre "México. Los entresijos de la impunidad".
Esa institución también además que "las autoridades también se han convertido en cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos, entre otros el de informar".
Una delegación de esta organización francesa visitó México en julio pasado para constatar las acusaciones recibidas. De esa gira emanó su reporte sobre esta nación norteamericana.
El primer asesinato de un comunicador este año fue el de Jean Paul Ibarra, del Diario 21, en febrero pasado en el estado de Guerrero, al sureste de la capital mexicana. Ibarra cubría asuntos policiales.
Ante el rosario de crímenes y amenazas, sindicatos del gremio, trabajadores de los medios de comunicación y periodistas independientes crearon en diciembre de 2008 el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión para estructurar una red de denuncia y defensa ante agresiones, promover asesoría jurídica y montar campañas para resguardar la labor periodística.
Ramírez, de Artículo XIX, que se dedica a la promoción de la libertad de expresión en todo el mundo, citó "la poca preparación de los medios para enfrentar una realidad completamente distinta a cómo se ejercía periodismo en la historia de México".
"Es preocupante que ninguno de los medios se está preparando para un clima hostil, para cubrir zonas de alto riesgo", añadió.
Artículo XIX y otras organizaciones han propuesto la creación de una comisión de protección a periodistas, integrada por representantes del gobierno, de asociaciones de comunicadores y de entes sociales, pero el planteamiento no ha prosperado.
La capital mexicana y los estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas cuentan con programas de seguimiento y protección a periodistas en peligro.
RSF sugirió que esos programas sean fortalecidos donde ya funcionan y extendidos al plano nacional. Además, la organización francesa recomendó "una reforma orgánica de la PGR y de sus herramientas de lucha contra la impunidad, en particular la fiscalía, que se debe dotar de medios de investigación y de poderes jurídicos ampliados".
