El 10 de diciembre próximo la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplirá 61 años y son innegables los progresos obtenidos en este período. En particular, la acción normativa en favor de los derechos humanos no ha cesado de extenderse en el mundo. Al mismo tiempo, advierto algunos peligros que van en sentido adverso a los esfuerzos para hacer de la protección de los derechos humanos el lenguaje común de la humanidad.
Me refiero, en primer término, a una refutación de tipo ideológico acerca de la universalidad de la Declaración de 1948 en razón de que se asienta en la primacía del individuo, mientras para las sociedades del Tercer Mundo -asiáticas y africanas- la preeminencia corresponde a los grupos y a las tribus. Este enfoque destaca que la protección de los derechos colectivos de la tribu es la condición para asegurar los derechos de los individuos que la integran. En este contexto, me parece que sería un error desestimar la importancia de la «tribalización» del poder, como también lo sería desestimar el sentimiento de seguridad y de armonía que existe en los grupos minoritarios étnicos, religiosos o lingüísticos de frente a la incapacidad del Estado de brindarles una tutela efectiva.
En segundo lugar, veo una amenaza de tipo religioso que no se concilia con la universalidad de los derechos humanos. Me refiero a la contradicción entre el contenido de la Declaración y la sharía, el derecho islámico. Esta incompatibilidad se manifiesta especialmente en relacion a los derechos fundamentales de las mujeres, a la libertad de conversión del credo religioso y a la aplicación de penas corporales. Lo más grave,es que la corriente salafita fundamentalista musulmana considera a la defensa de los derechos humanos como una ingerencia neocolonialista que constituye una nueva cruzada en contra del islamismo. Este sentimiento es a su vez exacerbado por una actitud anti islámica que prevalece en el mundo occidental desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que lleva a ver en cada musulman un terrorista o un eventual terrorista.
Coloco en tercer término una amenaza cuya importancia ha disminuido pero aún conserva vigencia y que puede hacer resurgir la expansión de las dos nuevas superpotencias, China e India. Me refiero a la llamada «excepción asiática», una corriente que predominó en la conferencia regional de Asia y el Pacífico sobre los Derechos Humanos que tuvo lugar en Bangkok dos meses después de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993. Aprobada por más de cuarenta representantes de gobiernos de Asia y del Pacífico, la Declaración de Bangkok es la afirmación colectiva de una perspectiva asiática sobre los derechos humanos, según la cual esos derechos deben ser enmarcados en las particularidades históricas, culturales y religiosas de los países del continente.
Menciono por último una corriente revisionista que piensa que, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya 61 años, necesita ser actualizada y modificada en relación a los progresos y evoluciones en este período, que han implicado mutaciones de la comunidad interestatal confrontada a la globalización. Esta corriente se reforzará a lo largo de los próximos años y de los consiguientes nuevos y continuos cambios tecnológicos en los aspectos sociales, económicos y culturales
Todo esto se encuadra en lo que para mí es el mayor reto a la universalidad de los derechos humanos: la fractura económica y social del planeta. ¿Es necesario recordar que casi 2.000 millones de personas luchan por la supervivencia cotidiana con sólo uno o dos dólares diarios? ¿Es necesario recordar que cada día mueren 35.000 niños por desnutrición? Ante la tragedia de tantos niños, mujeres y hombres que sufren y mueren se impone del modo más insoportable la realidad de que, aunque todos los seres humanos somos iguales, la historia nos sigue tratando como si no lo fuéramos y erige barreras económicas y sociales entre nosotros.
Este sentimiento de injusticia indica un progreso en la conciencia humana. El pasaje de la comprobación de estas desigualdades a la acción para eliminarlas se ha podido cumplir, en parte, gracias a la afirmación universal de los derechos humanos.
Este concepto es la premisa para pasar de la moral al derecho y establecer escalas de valores y de normas jurídicas sobre las actividades humanas que constituyen la base para juzgar las actitudes humanas y el comportamiento del poder.
La defensa de los derechos humanos es sin duda la mejor respuesta a la desregulación generalizada que nos amenaza. Pero no debe limitarse a un combate solitario que se transforme en un fin en sí mismo. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas en el período 1992-1996.
