El coordinador de una comisión convocada por el gobierno de Perú para esclarecer la masacre de 33 personas perpetrada en junio en la zona amazónica de Bagua se negó a firmar el informe final que considera parcial.
La comisión no tuvo recursos ni tiempo suficiente para esclarecer lo que sucedió el 5 de junio de 2009 en la norteña localidad amazónica de Bagua durante los enfrentamientos entre nativos y fuerzas estatales que dejaron 33 muertos, un policía desaparecido y más de 200 heridos.
Ese día alcanzó su punto más grave la protesta indígena contra una serie de decretos considerados lesivos para sus derechos, que el gobierno había adoptado haciendo uso de poderes especiales para aprobar reformas vinculadas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Según diferentes fuentes, la policía y los indígenas habían llegado a un acuerdo para que estos desalojaran los sitios que mantenían bloqueados desde hacía días. Pero antes de la hora pactada para el retiro se desató una violenta represión.
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Manacés y la religiosa Carmen Gómez, quien también integra la comisión, dieron a conocer el sábado 26 sus discrepancias con el informe en una carta dirigida al presidente del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Adolfo de Córdova Vélez, titular del Ministerio de Agricultura.
En el documento, ambos se comprometieron a elaborar un reporte alternativo que arroje nuevas luces a los hechos.
IPS: Usted señala que la comisión no pudo interrogar a varios personajes claves para esclarecer lo que pasó en Bagua. ¿A quiénes se refiere?
JESÚS MANACÉS: A algunos ministros y otros personajes que tienen altos cargos. En algunos casos no teníamos facilidades para concretar las entrevistas, como sucedió con el ex primer ministro Yehude Simon. Yo hice ver la necesidad de hablar con él, hicimos la carta, pero nunca se le hizo llegar ese pedido.
Luego también pedimos cita con la ministra Mercedes Aráoz, quien estaba en Comercio Exterior en esos días y defendió los decretos legislativos que ocasionaron la protesta de los hermanos indígenas. Ella decía que si se derogaban los decretos, el TLC con Estados Unidos se iba a venir abajo, y ya sabemos que no fue así. Nos dio cita, pero no fuimos porque el trabajo de la comisión se dio en forma acelerada y no teníamos recursos ni asistentes para llevar las cartas o hacer las entrevistas.
IPS: Se reunieron con Mercedes Cabanillas, la entonces ministra del Interior. ¿Qué explicación les dio sobre el desalojo policial violento contra los nativos que estaban en apostados en la Curva del Diablo?
JM: Ella demoró como media hora en exponer los hechos y respondió a pocas preguntas.
IPS: ¿No le preguntó quién dio la orden del desalojo?
JM: Dijo que ella no dio la orden, sino el director de la policía. No respondió como se esperaba. Pero está claro que de ella dependió todo el control.
IPS: Cabanillas insiste en que todo estaba en manos de la policía y que sólo recibió un informe luego de consumados los hechos.
JM: Esa respuesta es como decir que siendo ministra y máxima responsable del sector, le daba carta abierta para que la policía hiciera lo que quisiera. Y si es así, ¿no es responsable de lo que pasó?
IPS: Usted dijo que tampoco le han permitido acceder a documentos importantes como el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior. ¿Quiénes se lo negaban?
JM: Ese pedido lo hice delante del ministro Octavio Salazar (reemplazante de Cabanillas) en una reunión con él y el general Javier Uribe (a cargo de las negociaciones con los nativos previas al desalojo) en el local de la División de Operaciones Especiales.
El general dijo que no podía entregar el documento porque estaba en apelación, pero insistí en que nos iba a servir mucho para realizar nuestro trabajo. Entonces el ministro se comprometió a dárnoslo, pero no fue así.
IPS: ¿No es contradictorio que en el informe final suscrito por los otros miembros de la comisión se reconozca que hubo acuerdos entre los policías y los nativos para un desalojo pacífico de las carreteras y finalmente no se determinen responsabilidades individuales?
JM: Sí, pero como se dice criollamente, a medio camino se cambió de caballo y quien negoció el desalojo pacífico fue el general Uribe, y de ahí hubo un cambio de mando. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué lo hicieron? Aquí todo el mundo sabe quiénes eran las autoridades. Por eso yo era de la idea de que se establecieran responsabilidades por niveles en el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Ahora resulta que se ha hablado tanto, pero no se ha precisado nada.
IPS: ¿Qué avances logró la comisión para determinar responsables en los mandos policiales y del ejército?
JM: Ha quedado claro que no hubo apoyo del ejército a la policía, que no se evaluó bien el terreno y que los que actuaron después del acuerdo pacífico del desalojo lo hicieron sin conocer la dimensión de la protesta y que ahí había entre 3.000 y 4.000 manifestantes.
Fue un desalojo desproporcionado, no coordinado. Estoy seguro que si no se llevaba a cabo, la gente se retiraba ese 5 de junio a las 10:30, como estaba previsto. Tal vez se procedió para justificar la presencia policial en la zona.
IPS: Usted señala que en casi todos los párrafos del informe había una versión de parte y no un cruce de versiones.
JM: Esa es una de las razones principales por las que no he firmado el documento. Por eso pedí la ampliación para completar la información. Con la premura, el domingo 20 de diciembre nos quedamos trabajando hasta la madrugada del día siguiente y horas más tarde querían que le diera una mirada final a todo para firmarlo. Me negué porque era poco tiempo, pero los otros miembros entregaron el informe al Ejecutivo. No tengo certeza de que lo entregado es lo que yo vi la noche del domingo.
IPS: Ha trascendido que el informe final señala que los congresistas del (opositor) Partido Nacionalista azuzaron a los indígenas para protestar contra los decretos. ¿Qué hay de cierto?
JM: No es verdad, eso sólo es un condimento de los políticos. Eso está orientado a decir que no teníamos idea de por qué íbamos a las protestas, como si alguien nos hubiese dado la receta.
IPS: Usted asegura que el informe insiste equivocadamente en que el origen del conflicto fue la falta de comunicación para explicar los aciertos de los decretos legislativos.
JM: Así es, eso dicen porque no nos conocen. Para nosotros bastaba que los decretos fueran aprobados sin consultar a los nativos, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para que no tuvieran ninguna validez jurídica. No importaba si una parte era buena y otra mala.
IPS: Usted llegó a la Curva del Diablo minutos después del desalojo, como varios de sus compañeros awajún. Haber estado en el lugar de los hechos ese 5 de junio, ¿no lo ayudó en su búsqueda de la verdad?
JM: No estuve en las reuniones previas que tuvieron los manifestantes con los policías porque llegué después. Pero lo que sí puedo corroborar es que hubo un uso desproporcionado de armas de fuego de parte de la policía, porque de los 200 heridos, 82 fueron por impacto de bala y eso lo dicen las mismas autoridades.
