El avance de la corrupción en Honduras copa todos los niveles del Estado, que se halla indefenso para enfrentar el fenómeno por la falta de credibilidad en la mayoría de las instituciones, la erosión del capital social y la percepción ciudadana que el problema llegó para quedarse.
Esa es la conclusión del Informe Nacional de Transparencia, producido por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo estatal que funciona en forma independiente en este país gobernado por Roberto Micheletti desde el 28 de junio, cuando un golpe cívico-militar desplazó al presidente legítimo, Manuel Zelaya.
El reporte analiza el estado de la corrupción en los últimos dos años e indica que este problema ocupa el tercer lugar de preocupación entre los hondureños, detrás de la delincuencia y el desempleo.
"El hecho de que estos tres problemas sean priorizados por la ciudadanía, implica que los cambios institucionales requeridos para lograr un mayor desarrollo no se están produciendo", dijo a IPS Rolando Sierra, coordinador del informe.
Añadió que "mientras el país no logre fortalecer su Estado de derecho, la percepción ciudadana seguirá apuntando hacia el sistema de justicia como el principal responsable de no castigar a los corruptos".
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En la última década, los niveles de corrupción de Honduras se mantienen en 2,1 y 2,3 en el indicador que elabora la organización alemana Transparencia Internacional, con una escala de 0 a 10 puntos donde cuanto más cercano al cero, más percepción de corrupto tiene un país.
Honduras no ha logrado salir del sótano de los más corruptos, advirtió Sierra.
El informe del CNA se enfoca en el área de las contrataciones y adquisiciones del Estado y aborda otros ejes relacionados con el capital social, la percepción de la corrupción, el acceso a la información pública y la ley de transparencia, entre otros.
Sierra precisó que el país experimenta "leves mejorías" a nivel de la legislación anticorrupción, pero la confianza en las instituciones controladas oscila entre 20 y 40 por ciento. "Ninguna alcanza niveles de credibilidad más allá del cincuenta por ciento", dijo.
La razón de la desconfianza colectiva se debe a hechos tan elocuentes como que "ninguna persona ha ido a la cárcel por corrupción", mientras que los indicadores de transparencia y anticorrupción muestran que "los casos siguen en aumento", analizó el especialista.
"El país tiene el desafío de generar una gobernabilidad democrática creando un orden institucional de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad", apuntó.
Una encuesta sobre la percepción de la corrupción, que sirvió de insumo para el informe del CNA, mostró que 95 por ciento de los hondureños considera que en el país existe "mucha y demasiada" corrupción.
El soborno a policías, el financiamiento de campañas políticas y el desvío de fondos de proyectos del Estado son percibidos como los tres medios de corrupción más comunes.
Siguen, por ese orden, el soborno a funcionarios para obtener contratos de compra del Estado, el empleo a activistas políticos, el soborno a jueces, la evasión de impuestos, la venta subvalorada de propiedades públicas, el pago a intermediarios ilegales para obtener documentos, el robo de expedientes en los tribunales y el empleo de familiares.
La encuesta se basó en una muestra de 1.350 personas distribuidas en 16 de los 18 departamentos del país, lo que garantiza su representatividad, explicó Sierra.
Las respuestas transmiten que la corrupción en Honduras se extiende por los tres poderes del Estado. La percepción de corrupción la encabeza el Poder Judicial, con 45,9 por ciento, seguido por el Poder Ejecutivo, con 24,8 por ciento, y el Poder Legislativo con 20 por ciento.
Dentro del sector privado, "los grandes empresarios" son percibidos en 78,1 por ciento como responsables de actos de corrupción, las empresas extranjeras en 13,4 por ciento y los medianos y pequeños empresarios en 1,5 por ciento.
Entre la sociedad civil, la población consideró que 37,7 por ciento de la corrupción es provocada por los sindicatos, 36,1 por ciento por los gremios profesionales y 9,1 por ciento por las organizaciones no gubernamentales.
El informe concluye que la corrupción es una práctica y una actitud presente en el país, que se manifiesta en forma cotidiana y que influye directamente en que la población considere que existe demasiada corrupción en Honduras, junto con otros factores.
La investigación también revela que existe una pérdida de capital social, por la alta desconfianza que la mayoría de los hondureños muestra sobre el resto de las personas.
En la lista de instituciones en que los hondureños mantienen su confianza, ocupan el primer lugar las iglesias católica y evangélica, con 39 y 36 por ciento respectivamente.
Les siguen las entidades de cooperación internacional (20 por ciento), los medios de comunicación (18 por ciento), y las Fuerzas Armadas (15 por ciento), que caen tres puntos respecto a la anterior encuesta, realizada en 2006.
Para el empresario Juan Ferrera, los altos niveles de desconfianza en las personas y en las instituciones favorecen el escepticismo en la población, obstaculizan el desarrollo de iniciativas de transformación social y aumentan la incertidumbre sobre un futuro mejor.
Ferrera, ex presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, manifestó a IPS que resulta llamativa la desconfianza en las contrataciones y adquisiciones del Estado, "una de las áreas más discrecionales dentro de la administración pública".
Las formas más comunes de corrupción en la administración pública son las contrataciones directas y de emergencia, la modificación durante el proceso de cláusulas establecidas o la declaración como desiertas o fracasadas de licitaciones, entre otras.
La abogada Magda Cálix, experta en materia de administración pública, dijo a IPS que los sectores donde más se identifican las acciones de corrupción son los de salud, educación, infraestructura, telecomunicaciones, energía eléctrica y agua y saneamiento.
Entre los casos más sonados de corrupción en el último bienio destaca la aprobación por parte del unicameral Congreso legislativo de la contratación directa de energía con base de carbón, pese a las advertencias de los entes contralores y ambientales.
También resaltan la concesión a los militares para habilitar un aeropuerto civil en la base área de Palmerola, en el central valle de Comayagua, y la millonaria inversión en la impresión de una boleta para regular el tráfico vehicular, una medida que nunca entró en vigencia.
Cálix destacó que en el país existen unas 12 leyes que "intentan regular la corrupción en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones, pero las mismas por su ambigüedad dejan abierta la puerta a la discrecionalidad y la corrupción".
Un solo ejemplo: desde hace dos años, el país cuenta con una ley de transparencia, para facilitar el acceso a la información pública, que fue vista como un avance concreto contra la corrupción.
Pero la mayoría de las instituciones que conforman los poderes del Estado poco o nada publican en sus páginas digitales sobre sus presupuestos, salarios, contrataciones, rendición de cuentas o participación ciudadana, pese a que se lo exige la ley.
Como conclusión de su informe, el CNA plantea la aprobación y ejecución de una política integral anticorrupción, que pasa por fortalecer la independencia de las instituciones contraloras, la rendición de cuentas, la profesionalización de la administración pública y la prevención y consolidación de una cultura a favor de la transparencia. (Fin/IPS/tm/eg/ip la pr/09)
