Porfirio Lobo recibirá el 27 de enero, cuando asuma el gobierno de Honduras, una economía en bancarrota y el tejido social sumamente fraccionado. Esta situación extrema en la que cayó el país tras el derrocamiento de Manuel Zelaya obligará a un pacto de gobernabilidad, dicen los analistas.
Ya no queda tiempo para especulaciones sino que "debe ponerse a trabajar en un programa de 100 días en los que deberá comenzar a sanear las finanzas, además de lograr el reconocimiento internacional, fundamental como punto de arranque", dijo a IPS el economista Julio Raudales, profesor universitario.
Es que las elecciones del domingo en las que triunfó Lobo no han sido reconocidas por la casi totalidad de la comunidad internacional, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, ni por la Organización de los Estados Americanos ni Europa, por haberse realizado sin que Zelaya fuera restituido como presidente legítimo de Honduras. Tienen sí el aval expreso de Estados Unidos.
"Las cosas no están bien y pueden ir peor si el futuro gobierno no se toma en serio su responsabilidad de unir a la familia hondureña y levantar la economía. Si bien la economía mundial comienza a dar señales de recuperación, sus efectos se hacen sentir en nuestra frágil estructura productiva", comentó Raudales.
Las exportaciones hondureñas, de más de 1.000 millones de dólares, cayeron 21 por ciento, producto de la grave crisis institucional interna y la depresión global. La economía de Honduras ya venía en franco deterioro cuando en la madrugada del 28 de junio un contingente militar sacó de su casa a Zelaya y lo envió al exterior.
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El derrocamiento de Zelaya provocó el bloqueo inmediato de los 120 millones de dólares en concepto de ayuda internacional que llegaban al país, "lo cual afecta a las familias más pobres, por lo que podemos deducir que, si no aplicamos medidas inteligentes, las cosas no andarán mejor que antes", explicó.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentado en mayo pasado, ya pronosticaba que al finalizar este año cerca de 120.000 nuevos hogares se sumarían a las filas de la pobreza.
Con la llegada del régimen de facto, liderado por Roberto Micheletti, la situación económica siguió en picada al no contar con recursos frescos de la cooperación y el nivel de recaudación tributaria no alcanza los niveles de otros años.
Se prevé que al término de la gestión del régimen usurpador, el déficit fiscal será de unos 600 millones de dólares. Manuel Bautista, del Colegio de Economistas de Honduras, ante este panorama sombrío, asegura que "el nuevo gobierno se verá obligado a aplicar ajustes económicos".
Un déficit fiscal dos veces mayor al programado y un fuerte endeudamiento son parte de la herencia económica que le espera a Lobo, quien ha anunciado la conformación de un diálogo nacional y pactos de unidad.
El analista político Miguel Cáliz comentó a IPS que en materia social el panorama para Lobo es igual de complicado que en lo económico. Una sociedad fragmentada, una crisis política que puede agudizarse si no se producen reformas políticas y sociales, son el otro escenario que le espera.
"Si bien en los comicios del domingo triunfó la democracia por la masiva concurrencia de votantes y ese triunfo arrollador a Porfirio Lobo es un mandato fuerte, ello no consolida en sí el sistema democrático, hay que promover reformas y acciones claras y concretas a favor de un cambio real", señaló Cálix.
Dentro de esas reformas que podría promover Lobo, se encuentran la puesta en marcha de la figuras del plebiscito y referéndum, el fortalecimiento de la participación ciudadana, rendición de cuentas y garantías de acceso a la información pública y reformas político electorales, entre otras.
En su segunda ronda de conferencias con la prensa internacional, Lobo dijo que su prioridad es "gestar pactos de unidad con amplia participación ciudadana, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión porque no me gustan las restricciones a la prensa y buscar la unidad del pueblo hondureño y la reinserción del país en el mundo".
No obstante, esquivó responder ante su primer desafío cercano: el debate que iniciará este miércoles el parlamento para decidir la restitución o no de Zelaya en la presidencia,
Al referirse al tema, Lobo dijo que prefería no ver el pasado, sino que apostar al futuro, y que el caso de Zelaya "está en manos del Congreso y ellos son quienes decidirán; yo no quiero referirme al pasado; no quiero confrontar más ni dividir a la familia hondureña".
Zelaya, a su vez, dijo desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa que, aunque el Congreso decidiera restituirlo, no va a "aceptar volver, porque no voy a blanquear aún más este golpe de Estado, luego de estas elecciones que no reconozco".
De esta suerte, el gobierno de unidad, el diálogo nacional y los pactos de gobernabilidad que promueve y anuncia Lobo no serán posibles mientras no se logre recuperar la democracia.
