El gobierno brasileño suspendió por tres años las penas por talas ilegales ejecutadas hasta el 10 de diciembre, contradiciendo las posiciones que asumió en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Copenhague, afirmaron ecologistas. “En lugar de hacer cumplir la legislación ambiental existente, se buscan caminos para ablandar las exigencias, en una decisión que fortalece la cultura de la impunidad”, criticó Aaron Belinky, coordinador de la Campaña Tic Tac, una coalición de varias organizaciones no gubernamentales contra el calentamiento global.
Cerca de 20 organizaciones ambientalistas emitieron un comunicado conjunto rechazando el programa gubernamental “Más Ambiente”, del que hace parte la “amnistía” a los destructores de bosques.
“Beneficiar a quienes deforestaron en 2009 es estimular nuevas deforestaciones”, pues nadie cumple una legislación “que el mismo gobierno dice que cambiará”, arguyeron los ecologistas.
