«No podía quedarme de brazos cruzados ante la muerte de mi hija. La condena es una buena noticia para las familias, me siento reivindicada», dijo a IPS, con los ojos anegados de lágrimas, Irma Monreal, cuya hija Esmeralda Herrera apareció asesinada en noviembre de 2001 en la norteña Ciudad Juárez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas.
La resolución inapelable, tomada por el tribunal continental compuesto por seis magistrados, se refiere a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en un terreno baldío conocido como "campo algodonero", en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
"La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa", cita el fallo de 167 páginas de extensión emitido el 16 de noviembre, pero sólo notificado en la víspera tanto a las acusadoras como al Estado.
"El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso", prosigue el expediente.
"Es una sentencia histórica, porque se condena al Estado, lo obliga a investigar, a atender a las víctimas y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes", señaló a IPS Michelle Salas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representante legal de los familiares de las jóvenes ultimadas.
La Corte, con sede en San José de Costa Rica y encabezada por la jurista chilena Cecilia Medina, ordenó a México pagar 145.500 dólares a los parientes de Herrera, 134.000 a los de González y 140.500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros.
Además, las autoridades tendrán que investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el norteño estado de Chihuahua, donde está Juárez, desde 1993 a la fecha.
Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003 en esa urbe, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
En 2003, la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.
"Lo de Ciudad Juárez puso en la mesa de discusión algo que no ocurría solamente en la ciudad, sino que se extrapolaba a todo el país. La sentencia obliga a que se investiga, se persiga y se sancione a esta forma de violencia extrema contra las mujeres", comentó a IPS Julia Monárrez, académica de El Colegio de la Frontera Norte, y quien fungió de perito en el caso ante la Corte por parte de las acusadoras.
En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también parte de la OEA, recibió tres peticiones individuales separadas que acusaban al Estado mexicano de violar los derechos humanos de González, Ramos y Herrera.
La Comisión, asentada en Washington, decidió aceptar esas solicitudes para su análisis y determinar si procedía elevar los casos a la Corte, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de 2007.
El juicio contra México comenzó el 27 de abril en la filial de la Corte en Santiago de Chile. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer respaldaron legalmente a las víctimas.
"Nuestra lucha ha sido muy larga y no ha quedado en vano. Es una pena que hayamos tenido que recurrir a otro gobierno para lograr lo que por tanto tiempo hemos luchado", dijo Monreal, madre de cuatro hijos y tres hijas y quien se dedica a limpiar casas en Ciudad Juárez.
La Corte considera, indica el documento, que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. "Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", añade.
Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, son escenario de violentos enfrentamientos entre mafias que se disputan el jugoso mercado estadounidense de drogas ilícitas. Sólo el jueves, al menos seis mujeres fueron asesinadas en esa zona, con las cuales esa estadística se elevó a 140 en el año, según recuentos extraoficiales.
En un escueto comunicado, la Secretaría (ministerio) de Gobernación indicó que "el gobierno de México estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento".
En el seguimiento al cumplimiento del dictamen, los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales se encontrarán con un viejo conocido poco apreciado: el procurador (fiscal) general de la República, Arturo Chávez.
Aunque no estuvo vinculado con la pesquisa de los casos de Herrera, González y Ramos, el funcionario, quien asumió el puesto en septiembre, fue procurador de Justicia entre 1996 y 1998 en Chihuahua y estuvo a cargo de varios expedientes de asesinatos de mujeres.
La Corte de San José lo acusó en 1998 de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.
"Es preocupante que Chávez, quien se ha beneficiado de la impunidad, sea quien tenga que ver con una parte del cumplimiento de la sentencia", sostuvo Salas.
Hace tres años, las entidades sociales presentaron una demanda ante la fiscalía de Chihuahua en contra de 25 servidores públicos vinculados con las pesquisas de los asesinatos de las tres jóvenes, querella que no ha sido resuelta.
Las organizaciones detrás del "caso del campo algodonero" planean integrar el año próximo un comité de expertos mexicano y extranjeros para supervisar el apego del Estado mexicano al veredicto de la Corte Interamericana de Justicia, la cual revisará cada año la marcha de ese cumplimiento.
"La sentencia puede servir para mejorar la rendición de cuentas de todo el aparato de impartición de justicia", dictaminó Monárrez.
Salas no descartó que más casos de los llamados feminicidio alcancen el seno de la Corte Interamericana. "Es la puerta de entrada al acceso a la justicia", agregó.
Este tribunal desechó la solicitud de la parte acusadora de instituir el 6 de noviembre de cada año como "Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio".
