La violación de los derechos humanos se agravó en 12 países árabes de Medio Oriente y el norte de África este año, mientras Israel continuó sus abusos en los territorios palestinos ocupados, según el informe «Bastión de impunidad, espejismo de reformas», publicado en la región.
El informe, que publica anualmente el Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos, de El Cairo, denuncia el "deterioro" de la situación en Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Iraq, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.
El documento también condena lo que considera "la grave y actual violación israelí de los derechos palestinos, particularmente el castigo colectivo de la población en la Franja de Gaza a través del bloqueo y la invasión brutal de ese territorio a comienzos de 2009".
Eso "provocó la muerte de más de 1.400 palestinos, 83 por ciento de ellos civiles que no participaban de las hostilidades", aseguró el informe.
"El sufrimiento del pueblo palestino se agravó con el conflicto entre (las facciones palestinas) Fatah y Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), que transformó los derechos y libertades universales en favores otorgados sobre la base de la afiliación política".
"Ambos bandos cometieron graves abusos contra sus rivales, entre ellos la detención arbitraria, la tortura letal y las ejecuciones sumarias", agregó el informe.
En un capítulo aparte, el documento también aborda lo que considera el "avance limitado" en materia de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Los gobiernos árabes "utilizan el tema de los derechos de las mujeres para forjar su imagen ante la comunidad internacional, y simultáneamente evaden las reformas democráticas y de derechos humanos necesarias para asegurar la dignidad y la igualdad de la totalidad de su ciudadanía", sostiene el texto.
Aunque Iraq sigue siendo el principal foco de violencia y mortandad de población civil, "el país experimentó una mejora relativa en algunas zonas, aunque los avances son frágiles", agrega.
"La cantidad de muertos descendió y las amenazas contra la prensa son menos frecuentes. Además, algunas de las principales facciones en guerra indicaron que están preparadas para renunciar a la violencia y participar del proceso político", indica el documento.
En Egipto, donde impera el estado de emergencia desde hace casi 30 años, "la amplia inmunidad que se le otorga al aparato de seguridad provoca el asesinato de decenas de inmigrantes indocumentados, el empleo de la fuerza letal en la persecución de sospechosos de delitos, y la tortura como rutina", subrayó la investigación de derechos humanos.
La ley de emergencia egipcia también se aplicó para reprimir la libertad de expresión, incluso para la detención o secuestro de escritores de blogs en Internet.
Mientras, el régimen de Sudán "es un ejemplo de impunidad y falta de rendición de cuentas", destacó el informe.
El régimen de Bashir "persigue a cualquiera en el país que rechace abiertamente la impunidad de los crímenes de guerra, los apresa y tortura, y clausura organizaciones de derechos humanos". "La política de castigo colectivo contra la población de Darfur continúa", afirma.
Argelia, Bahrein, Líbano, Marruecos, Túnez y Yemen también fueron señalados por sus prácticas antidemocráticas y represivas, así como por la corrupción. Siria, donde la ley de emergencia cumplió 47 años, se distingue por su "disposición para destruir toda modalidad de oposición política, incluso las manifestaciones más limitadas de expresión independiente".
La minoría kurda sufre la "discriminación institucionalizada, y los defensores de los derechos humanos fueron objeto de sucesivos ataques". El presidente de la organización activista Sawasiyah fue arrestado y juzgado, y su abogado, el ex presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Siria, referido a un tribunal militar.
"Las oficinas del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión fueron clausuradas, y las cárceles sirias aún retienen a decenas de prisioneros de conciencia y defensores de la democracia", denuncia el informe.
En Arabia Saudita, los discursos del monarca que exhortan a la tolerancia religiosa y el diálogo interreligioso en el exterior no se aplicaron dentro del reino, donde la "policía religiosa sigue reprimiendo la libertad personal", asegura.
La "represión de la libertad religiosa es endémica, y la minoría chiíta continúa padeciendo la discriminación sistemática".
Las políticas antiterroristas se utilizaron para justificar las detenciones arbitrarias por tiempo indefinido, y se torturó a activistas políticos reformistas. Cientos de personas fueron sometidas a procesos judiciales secretos en el último año, según el informe.
En conjunto con estos abusos y la "la falta de rendición de cuentas por esos crímenes" en los países árabes, "varios gobiernos" de la región y "miembros de la Organización de la Conferencia Islámica trabajan en concierto con las instituciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para socavar los mecanismos internacionales y las normas de protección de los derechos humanos.
"En este plano, los gobiernos árabes buscan minar las normas que reponsabilizan a los gobiernos o evalúan y supervisan los derechos humanos en serio.
Esto queda "ilustrado por el ataque contra los expertos independientes de derechos humanos de la ONU" y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el foro mundial, así como los "intentos de legalizar restricciones internacionales a la libertad de expresión con el pretexto de prohibir la difamación religiosa", agrega el informe.
