La fiscalía general de Colombia mantiene aún reserva sobre el avance en su investigación en torno a la entrega de unos 113 millones de dólares en los últimos tres años en subsidios para la agricultura a familias pudientes, muchas de ellas ni siquiera relacionadas con ese sector productivo.
En esta causa ya fueron interrogadas 87 personas, entre funcionarios del Ministerio de Agricultura y beneficiados con los aportes no reembolsables y libres de impuestos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Allí aparecen donantes a la campaña para la segunda reelección consecutiva a la presidencia de Colombia, si se logra reformar la Constitución que la inhabilita, del derechista Álvaro Uribe, y hasta la modelo y actriz Válery Domínguez.
El escándalo, sobre el cual también tomó jurisdicción la Procuraduría General de la Nación, estalló con la publicación en septiembre de la revista local Cambio de un informe en el cual se indicaba que habían sido favorecidos con ese dinero, además de familias pudientes cercanas a Uribe, paramilitares y narcotraficantes, según denuncias reiteradas de comunidades campesinas e indígenas, legisladores, académicos y organizaciones no gubernamentales.
Uno de los que más ha insistido en sus denuncias por casi una década ha sido Jorge Robledo, senador del opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y miembro de la Comisión Quinta de esa cámara, encargada de asuntos agropecuarios, ambientales y de recursos naturales.
En el marco del escándalo del plan AIS, Robledo adelantó la interpelación al actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández, quien reemplazó en el cargo a Andrés Felipe Arias, precandidato a la presidencia de Colombia y conocido popularmente como "Uribito" por su línea política afín al mandatario actual del país.
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Tras la intervención de Robledo, que a su propio conocimiento del tema adicionó los resultados de un estudio adelantado por la privada Universidad de Los Andes y el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (Cega), el debate fue suspendido por el presidente del Senado, Javier Cáceres, argumentando desorden en las barras.
Dos semanas después se adelantó la sesión de votación para la moción de censura, que no alcanzó el número necesario de oponentes.
Pero el caso continúa. La Comisión Quinta del Senado ya aprobó una nueva citación a Fernández para el próximo año, dijo a IPS el senador Robledo, con quien se inició el diálogo consultando un antecedente general.
IPS: ¿Colombia, un país rico en recursos naturales ha tenido alguna vez una política agraria acorde?
JR: No. Uno de los dramas que influye en el atraso económico del país, es que el agro ha sido utilizado básicamente como instrumento de especulación inmobiliaria, sin políticas que doten de tierras al campesinado.
Pero siendo eso cierto, también lo es que nunca fue peor la política agraria desde la década del 90, porque antes, por lo menos, se tenía la idea de que Colombia podía producir sus propios alimentos. Ahora, se importa cada vez más.
IPS: ¿Cómo sintetiza la política agraria de siete años de gobierno Uribe?
JR: Creo que nunca antes fue tan reaccionaria. En los debates de la Comisión Quinta determinamos que está al servicio de las firmas trasnacionales.
Uribe llegó a la presidencia del país (en 2002) importando seis millones de toneladas de alimentos. Hoy se importan 10 millones de toneladas, sin que haya entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ni con Europa, y cuando empiezan a hablar de uno con Australia, toda una potencia agrícola.
Y en lo interno, hay una lógica plutocrática, es decir, los recursos están cada vez más concentrados en muy pocos, muy poderosos.
IPS: El oficialismo asegura que las denuncias son montaje de la oposición, en especial de parte suya.
JR: Los escándalos de corrupción que tocan al agro en este gobierno son conocidísimos. No hay exageración cuando se habla de la presencia poderosa, paramilitar y narcotraficante, en las zonas rurales de Colombia. Es el proceso de atesoramiento de la tierra, de guardar la plata en ella para especular después.
En un gobierno corrupto como éste, no es sorprendente que en todos los escándalos que involucran al Ministerio de Agricultura terminen involucrando también, o mencionando de una u otra manera, a narcotraficantes y paramilitares.
IPS: ¿Cuál considera que fue la razón por la que, después de su intervención, se suspendió el debate sin la participación del ministro Fernández?
JR: Fue astucia, porque el debate fue tan contundente y demoledor que Fernández quedó mudo. Entonces, levantaron la sesión para alcanzar en dos semanas, a poner en marcha el clientelismo y la redacción de la respuesta que hizo el ex ministro Arias y leyó Fernández, como se comprobó después.
La astucia politiquera se puso en práctica con el propósito de proteger en combo, como son los uribistas, a dos de sus amigotes.
Y perdimos la votación en la moción de censura porque no logramos los 52 votos que necesitábamos. No alcanzamos tampoco esta vez a los votos en el juego de cifras, pero de todas maneras, de 70 senadores uribistas, sólo lo favorecieron 40.
IPS: Se sabe que Arias y Fernández son amigos desde niños. Pero, ¿en cuál de los dos recae la responsabilidad del escándalo AIS?
JR: Es evidente que por sus personalidades, tanto Arias como Fernández son agentes del gobierno, empleados del presidente Uribe, quien es el real diseñador de la política agraria, que en lo interno tiene lógica plutocrática, y en lo externo, vocero de las trasnacionales, los monopolios y en últimas de Washington.
Es decir, todo esto es cosa de Uribe. Incluso en la página de presidencia (en Internet) encontré un discurso del año pasado, en abril, en donde declara que su intención es montar en los Llanos Orientales haciendas de 40.000 y 50.000 hectáreas, lo que no ha podido hacer aún porque la ley no se lo permite.
Su intención sería que los recursos de AIS se dirigieran a esas haciendas. Con eso demuestra que lo que quiere es tener haciendas muy grandes, y por eso trajo al (oriental departamento de) Vichada a magnates del mundo. Bill Gates está en una foto en que el presidente le muestra el terreno que le quiere vender.
El estudio de Los Andes y el Cega muestra que la concentración de recursos del Ministerio de Agricultura se inicia un poco antes de 2002, pero, particularmente desde ese año. AIS es algo así como la culminación de una concepción que venía de antes.
IPS: Las denuncias motivan expectativas, pero al no producirse las renuncias de los ministros queda la sensación de que aquí no pasa nada. JR: Es una verdad a medias. De pronto no pasa nada de manera inmediata. Y no pasa todo lo que uno quisiera, pero si pasa. Se logran pequeñas modificaciones en las políticas, pero, sobre todo, hay acumulación de conocimiento de la verdad y se sientan pilares para el futuro.
¿Por qué no pasa más?, es la pregunta. Porque el país está confundido y descompuesto. Esto ha hecho que incluso la gente buena de Colombia, que es casi toda, se enrede.
Pero sí pasan cosas. Por ejemplo creo bien probable que la candidatura de Arias haya quedado herida de muerte, lo que sería bien importante porque es un personaje aumentado y corregido en todos los defectos que adornan a Álvaro Uribe.
IPS: ¿Cree en los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nacional y de la Procuraduría General de la Nación?
JR: Hay varias cosas. Primero, la norma diseñada por el gobierno permite la concentración de la tierra. Permite también que en una sola hacienda, dividida, se realizaran varios proyectos beneficiando a una sola familia. El propósito fue deliberado mediante instrumentos legales.
Pero también sabemos que la fiscalía y la procuraduría son entes muy presionados por el uribismo y que éste pone en práctica la política del engaño, de no entender la pregunta, de ocultar. Entonces no me sorprendería que no encontraran nada, o que, condenaran a un funcionario de tercera o cuarta categoría como chivo expiatorio.
IPS: En medio del escándalo Uribe solicitó la devolución del dinero, conociéndose hasta ahora que la única que lo hizo fue la modelo Válery Domínguez, ex miss Colombia. ¿Se sabe algo más?
JR: No que yo sepa. Entre otras porque esa plata muchos la debieron gastar antes del debate, porque los dineros que otorga el Estado son producto de un trámite que se cumple bajo la presunción de legalidad. De modo que la petición pública del presidente es otra de sus avivadas.