«Si ha habido un momento en que el G-77 ha estado más unido que nunca, es éste», dijo categórica este jueves a TerraViva la negociadora venezolana Claudia Salerno, luego de que un insular país de apenas 26 kilómetros cuadrados en la Polinesia sacudiera el tablero en la COP-15.
La voz de los pequeños países insulares del océano Pacifico se escuchó fuerte en Copenhague cuando la delegación de Tuvalu, una isla con 11.800 habitantes afectada por el aumento del nivel de las aguas, exigió con firmeza la aprobación de un acuerdo legalmente vinculante que obligue a una reducción de las emisiones de gases invernadero que asegure un aumento de la temperatura media del planeta no mayor de 1,5 grados respecto de los registros previos a la era industrial.
Esto constituye un desafío a las propuestas y marcos adoptados hasta ahora por la comunidad internacional, que estableció el límite de aumento aceptable en dos grados centígrados.
El desafío fue sorpresivo en la COP15 (15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), inaugurada el lunes y que se extenderá hasta el 18 de este mes en la capital danesa.
«Los países ricos que no hayan asumido compromisos prescriptos en el artículo 3 del Protocolo de Kyoto, y otras partes que voluntariamente decidan hacerlo, adoptarán individual o conjuntamente, obligaciones de mitigación verificables y nacionalmente apropiadas, o acciones bajo la forma de limitación cuantificada de emisiones y metas de reducción» de gases invernadero, dice el punto 1 del artículo 3 del texto propuesto por Tuvalu.
Estados Unidos es la principal potencia industrial que no forma parte del Protocolo de Kyoto.
Además, «los países que adopten los compromisos» propuestos «no deberán utilizarlos para cumplir obligaciones establecidas en el Protocolo de Kyoto», afirma el texto, abriendo la posibilidad de un esquema de dos sendas.
El artículo 3 de la propuesta incluye una detallada iniciativa en tres niveles para que los países en desarrollo adopten también reducciones de gases invernadero, si bien no establece que deban ser legalmente obligatorias.
«Las naciones en desarrollo, a pesar de lo establecido en el punto 1, adoptarán acciones de mitigación nacionalmente apropiadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero», sostiene.
El Protocolo de Kyoto no incluye mandatos a las naciones del Sur, y los países emergentes como China, India y Brasil, se resisten a un nuevo acuerdo que los ate, arguyendo que la deuda climática la tienen aquellas naciones que han crecido tras siglos de industrialización a costa de la contaminación ambiental, mientras que ellos, por fin, tienen derecho a desarrollarse.
Pero hoy las naciones emergentes son responsables por más de la mitad de las emisiones mundiales de gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario.
La nota discordante en el coro del G-77 (Grupo de los 77 países en desarrollo que negocian en conjunto en los ámbitos de la ONU) no se esperaba por ese flanco, aunque sí había razones para preverlo. Los estados insulares del Pacífico son sin duda los que se encuentran bajo más fuerte presión por el cambio climático.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) señaló que el recalentamiento planetario ya ha causado la desaparición de varias islas, y obligará el desplazamiento de 1.000 millones de personas en los próximos 40 años. Tuvalu directamente podría desaparecer del mapa.
Salerno, directora general de Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de Venezuela, sostuvo que la responsabilidad reside en el Norte industrializado, y no en los países emergentes.
«El problema que estamos enfrentando ahora no es resultado de los procesos de industrialización recientes. El derecho al desarrollo aquí no está en cuestión. El cuestionamiento es a aquellos que desde hace 200 años están destruyendo este planeta», dijo a IPS/TerraViva.
«Son ellos los que tienen que parar. La cuestión es un poco dramática científicamente, porque los esfuerzos de todos los países en desarrollo no van a servir para reparar el problema. Hay 20 países que tienen el poder de hacer la diferencia para el mundo entero», añadió.
La delegada, quien participó en Copenhague de una conferencia conjunta de los nueve países que integran la ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), sostuvo que, contrariamente a lo que parece, el G-77 se mantiene sólido, especialmente por un rechazo común a las movidas de algunas naciones del Norte en la conferencia.
«Yo creo que, contrario a lo que alguna prensa ha dicho, todas las acciones de los países desarrollados que han buscado minar el proceso, lo que han hecho es unirnos mucho más», afirmó, en alusión a un borrador de acuerdo elaborado por Dinamarca y filtrado en Copenhague que exoneraría de obligaciones a los países ricos.
«Nosotros consideramos que es mejor que ese documento haya salido ahora y no el día 18, y que hubiéramos estado trabajando sin saber qué estaba ocurriendo algo por detrás. Los países que estamos comprometidos con el proceso no le prestamos la menor atención a ese papel. No significa absolutamente nada, ni para los países del G-77 ni para los países del ALBA», indicó.
El ALBA esta conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela.
Por su parte, el delegado cubano Pedro Luis Pedroso dijo a TerraViva que Tuvalu tenía derecho a presentar sus propias propuestas de acuerdo con sus preocupaciones nacionales, como establece la Convención.
El subdirector de Asuntos Multilaterales de la cancillería de Cuba reconoció que el G-77 todavía no había analizado como grupo la iniciativa ese país insular del Pacífico.
Los miembros del ALBA vienen presentando una postura exigente y ambiciosa en Copenhague. Este jueves, además de pedir la aprobación de un acuerdo legalmente vinculante que vuelque toda la responsabilidad en el Norte, llamaron a la comunidad internacional a «cambiar los patrones de consumo» para «atender las causas del cambio climático, y no sólo las consecuencias».
No obstante, sus posturas no parecen ser plenamente acompañadas por el resto de la comunidad latinoamericana. Varios otros países de la región, incluyendo a Brasil, han hecho anuncios de recortes voluntarios de sus propias emisiones de gases invernadero.
«Cada país tiene su perspectiva nacional, pero creo que en esencia, en los fundamentos, todos compartimos las mismas preocupaciones y posiciones. Ahora, la forma de insertarlas varía según los enfoques, pero creo que en esencia tenemos una comunidad de opinión», dijo Pedroso a TerraViva.
Los jefes de Estado del ALBA que acudirán a la cumbre al cierre de la COP 15 serán Evo Morales, de Bolivia, y Hugo Chávez, de Venezuela.
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