América Latina llega a Copenhague con la intención de que el Norte rico pague su deuda climática obligándose a reducir gases contaminantes y proveyendo recursos al Sur pobre. Pero, ante los riesgos de que esta estrategia fracase, nadie descarta aceptar al menos compromisos políticos.
Todo se dirimirá en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que desarrolla desde el 7 hasta el 18 de este mes en la capital danesa.
En la "cumbre del clima" se debería adoptar un nuevo régimen de reducción de emisiones más allá de 2012, cuando venza el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional contra este problema ambiental.
En vigor desde 2005, el Protocolo no establece disminuciones obligatorias de GEI a los países en desarrollo.
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América Latina en su conjunto es responsable de apenas cinco por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del recalentamiento planetario, pero es una de las regiones más vulnerables al cambio climático.
La región ya experimenta sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperaturas, nuevas plagas agrícolas y enfermedades, como detalla el Primer Informe Regional sobre Cambio Climático, publicado en noviembre por Tierramérica en base a consultas con 23 especialistas latinoamericanos.
"Todos los países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, estamos buscando un acuerdo jurídicamente vinculante", dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, Álvaro Sapag, quien integra la delegación de este país austral a Copenhague.
"En el estado actual de la discusión, pensando que estos acuerdos deben construirse por consensos, probablemente no vamos a salir de Copenhague con un texto jurídicamente vinculante que puedan firmar los jefes de Estado", acotó.
El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Elvira, comparte esta percepción. "Iríamos por un acuerdo legal, con metas muy bien definidas, pero no descartamos como última línea de negociación un acuerdo político", planteó a Tierramérica. "No pierdo las esperanzas, pero no es un tema fácil", sostuvo Sapag, quien espera, en el último de los casos, "un acuerdo político robusto, que permita en un periodo corto afinar los detalles para tener otro jurídicamente vinculante", posiblemente en la COP-16 de diciembre de 2010 en México.
Las esperanzas mundiales de que en Copenhague se adopte un firme y ambicioso acuerdo revivieron cuando China y Estados Unidos, los dos mayores contaminantes, anunciaron recortes voluntarios de GEI para 2020, tomando como referencia los volúmenes de 2005.
Según la lectura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la decisión de su país de disminuir voluntariamente entre 36,1 y 38,9 por ciento de sus emisiones de GEI hacia 2020, en buena medida frenando la deforestación de la Amazonia, movilizó a las naciones que "se resistían a presentar números".
Varios países latinoamericanos adelantaron que en la COP-15 se mantendrán en las posturas del Grupo de los 77 y China (G-77), integrado por 130 naciones en desarrollo.
El G-77 insiste en la primacía del principio de las "responsabilidades comunes, pero diferenciadas", consagrado en la Convención y en el Protocolo, y que implica dejar el mayor peso de la mitigación a las naciones ricas, principales emisoras de gases contaminantes en la era industrial.
Además, este grupo negociador exige al Norte que contribuya con financiamiento y tecnología para que las naciones pobres puedan hacer frente a los dañinos efectos del cambio climático y buscar formas de desarrollo que emitan menos gases invernadero.
Pero la postura de América Latina no es monolítica.
"Yo diría que hay una opinión única en ciertos temas, como las 'responsabilidades comunes, pero diferenciadas' y en la necesidad de muchos recursos para mitigación y adaptación en los países en desarrollo y la responsabilidad histórica" de las naciones industriales, resumió Sapag.
Los gobiernos de la región están alerta ante el riesgo de que, por cuenta del cambio climático, se erijan barreras a la exportación de sus productos.
"Hay países de América Latina que no aceptan instrumentos de mercado como una herramienta que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que otros los aceptan. Algunos quieren que todas las acciones sean reportables, medibles y verificables, y otros que sólo sean voluntarias para los países en desarrollo", describió.
México, que arroja a la atmósfera 715 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, pretende bajar voluntariamente 50 millones de toneladas para 2012, aunque aclaró que asumiría una disminución obligatoria a largo plazo sólo si recibe fondos y tecnología.
En la Cumbre Iberoamericana que concluyó el 1 de este mes en Estoril, Portugal, el presidente mexicano Felipe Calderón sostuvo que los países ricos tienen la principal responsabilidad, pero añadió que la tarea no puede recaer exclusivamente en ellos, porque tarde o temprano "todos pagaremos la inacción".
Calderón reiteró en Portugal su propuesta de crear un nuevo Fondo Mundial contra el Cambio Climático ("Fondo verde"), de unos 140.000 millones de dólares, al que cada país contribuiría de acuerdo con su economía y su responsabilidad ambiental.
Aunque ya existe un Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto, México considera que su propuesta garantizaría mayor dinamismo a los esfuerzos de adaptación y mitigación.
Argentina propone dos juntas ejecutivas que tengan asociados fondos públicos de países industrializados en el ámbito de la Convención sobre el Cambio Climático —no del Protocolo— que se integren con un porcentaje del producto interno bruto, que puede oscilar entre 0,5 y uno por ciento.
Buenos Aires también ha insistido en la necesidad de "una transición justa" en el desarrollo sustentable para que la reducción de emisiones no implique impacto en el empleo.
Mientras, Venezuela parece mostrar una postura definida: el Norte industrializado tiene la responsabilidad histórica y debe actuar primero.
"Nos manejamos sobre la base de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, mi responsabilidad es diferente a quien no aporta o comienza a aportar", afirmó el viceministro de Ordenación y Administración Ambiental del Ministerio de Ambiente de Venezuela, Sergio Rodríguez.
"Estados Unidos es el país que ha almacenado mayor cantidad de dióxido de carbono históricamente en la atmósfera. No es posible que haya auxiliado a los bancos y a las grandes automotrices, pero no pueda disponer de recursos para atender el cambio climático", señaló en una reunión sobre el tema con otros funcionarios.
Según Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez se plegará en Copenhague a la posición del G-77, al igual que Argentina.
"No tenemos un peso propio como país emisor y tampoco pisamos fuerte en esta negociación", dijo a Tierramérica el director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente de Argentina, Nazareno Castillo.
Otros países, como Uruguay y Chile, no han anunciado metas concretas de reducciones de emisiones GEI, pero sí han validado las Acciones de Mitigación Nacionales Apropiadas (NAMAs, según sus siglas en inglés), entre las que se incluyen programas de eficiencia energética y la introducción de energías renovables no convencionales.
Para el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce, este pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes ha adoptado una "posición novedosa" ante la cumbre de Copenhague, porque si bien apoya la postura del G-77, está tomando medidas propias para reducir sus emisiones de GEI, "aún sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esta tarea".
* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Mario Osava (Río de Janeiro), Emilio Godoy (México) y Humberto Márquez (Caracas). Este artículo fue publicado originalmente el 5 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
