El sistema de pensiones colombiano puede colapsar en cualquier momento, advierten analistas, mientras que el gobierno anuncia la creación de una entidad para asumir desde mediados de 2010 el pago a los retirados, suma que en la actualidad representa 4,3 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La gravedad de la situación no impide, empero, que en el Congreso legislativo aguarde turno para debate un proyecto de ley que propone aumentar las pensiones vitalicias de los parlamentarios, pagadas con los mismos recursos públicos que el resto del sistema.
La iniciativa dispone un aumento equivalente a 8,2 salarios mínimos legales vigentes, que hoy ronda los 350 dólares, por lo cual el monto a pagar por cada legislador jubilado será en caso de aprobarse superior a los 8.600 dólares mensuales.
El proyecto parlamentario se presenta en medio de una complicada situación en el sistema público de pensiones, en deterioro desde 2004, cuando se agotaron las reservas del estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS), creado en 1946 y que manejó desde entonces un patrimonio autónomo que le permitía reconocer las prestaciones sociales de sus afiliados.
Pero, al agotarse los recursos del ISS, el Estado asumió el déficit del sistema, que llegará este año a unos 8.400 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 2011 alcanzaría 4,7 por ciento del PIB, agrega ampliando el alerta el Ministerio de la Protección Social.
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El déficit sigue creciendo en función de que el pago que hace el Estado a los pensionados aumenta en 3,5 por ciento anual. Este porcentaje resulta de la diferencia entre el monto de las pensiones, que en 2009 ascendió a 13,5 por ciento, frente a 10 por ciento de incremento de la recaudación por pago de cuotas de los afiliados.
Diferencia negativa para el Estado que no evitó la reforma del sistema en 2003, que, entre otros cambios, subió el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de 1.000 a 1.300, y las edades de los cotizantes de 55 a 57 años para las mujeres y de 60 a 62 para los hombres.
"Esto, en medio de condiciones laborales de inestabilidad, porque son muy pocos los que tienen trabajo por 30 años seguidos. La mayoría de los trabajadores tienen grandes periodos de desempleo en los que no pueden cotizar", precisó ante la consulta de IPS Enrique Daza, director de la no gubernamental Federación de Trabajadores (Fedetrabajo).
"La grave situación afecta aún más a las mujeres que viven en promedio más que los hombres, tras una vida laboral con salarios inferiores, maternidad y doble jornada que les hace más difícil acceder a la pensión", dijo a IPS Saúl Peña, presidente del sindicato del ISS.
Las afirmaciones las corrobora el hecho de que en Colombia, con 42 millones de habitantes, en el ISS sólo hay 750.000 pensionados, según estadística del sindicato, y al millón de personas, según datos oficiales.
Paralelo al sistema público de pensiones existen en Colombia los fondos privados, cuyo ingreso al país fue favorecido por la ley 100 de 1993, impulsada por el derechista Álvaro Uribe, entonces senador y ahora presidente del país desde 2002.
"Era la época en que soplaban vientos de neoliberalismo promoviendo que la seguridad social dejara de ser responsabilidad de los Estados para convertirse en industria", dijo Peña.
Pero, agrega el sindicalista, "a 19 años de la apertura que propició la Constitución Nacional de 1991 y a 16 años de vigencia de la ley 100, podemos afirmar que Colombia está en el peor de los mundos en materia de pensiones".
A la situación deficitaria de Estado se suma la opción de los fondos privados. "Un sistema que desde un comienzo se preveía como rentable, siempre y cuando no se jubilara nadie", dice con ironía Daza. "En principio lograron altos ingresos, pero sabemos que es insuficiente la base de solidaridad intergeneracional", agrega.
Los fondos privados realmente devuelven en cuotas mensuales el monto ahorrado durante la vida laboral de los trabajadores, exigiendo 25 semanas más que las requeridas en el sistema público.
"El punto de quiebre está próximo, y el gobierno tendrá que asumir el costo de haber entregado durante muchos años la plata a unos pocos, de empresas privadas, la plata de los trabajadores para que especulen", anoto Daza.
Con este panorama y una legislación cambiante de manera permanente que confirman las cinco leyes, siete decretos y dos resoluciones emitidas entre 2008 y el año en curso, los legisladores afirman que "les fue violado el derecho fundamental de igualdad ante la ley".
Aseguran que "las pensiones que se han reconocido, calculadas sin la debida actualización del salario base de liquidación, deben ser indexadas conforme a los parámetros previstos en la ley 100 de 1993".
La situación favorecería también a un número no establecido de trabajadores públicos, que posiblemente no la conocen por motivos como la confusión que genera la cambiante legislación.
La solicitud parlamentaria es "legalmente correcta", dice el sindicalista Peña, pues "la ley otorga el derecho a la actualización de la primera mesada", como se denomina el pago pensional. Pero "también es totalmente injusto si observamos el panorama de pensiones en Colombia que se sostiene sobre una legislación de retazos", añadió.
El proyecto de ley que favorecería a los parlamentarios fue presentado en marzo pasado y ya superó dos debates en el Senado. Ahora está pendiente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la votación de la moción de archivo presentada en octubre por Roy Barreras, representante del uribista partido Social de Unidad Nacional, conocido como partido de la U.
Barreras cree que es "un proyecto inoportuno". "Si hacemos reformas, que sean favorables a la población vulnerable y los congresistas no son exactamente eso", agregó en conversación con IPS.
"No sé quÉ pueda pasar", concluyó Barreras, mientras el sindicalista Peña reiteró que el Parlamento debería tener conciencia sobre la situación general de los trabajadores en general.
Por su parte, los empresarios solicitan una nueva reforma que aumente la edad para los cotizantes a 62 años, tanto para hombres como mujeres, lo que "sólo lograría aumentar la agonía", dijo Daza.
"No tienen alma. Creen que la esclavitud pasó a la nómina", agregó Peña, haciendo un llamado al ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga. "El ministro tiene que intervenir porque la moción afecta el gasto público", dijo.
"Ojalá no se haga el desentendido ahora que vamos a entrar en periodo electoral", concluyó. El gobierno reiteró el viernes la creación de Colpensiones, entidad que asumiría la responsabilidad de los pensionados desde mitad de 2010.
Anuncio que ha sido reiterado hace varios años. Incluso se afirmó antes que Colpensiones entraría en funcionamiento en junio de este año.
Así, la realidad es que la mayoría de los ancianos más pobres trabajan hasta que sus fuerzas lo permiten sin posibilidad de retirarse cobrando una pensión razonable. Es lo que asegura Oliverio Dávila, quien a sus 65 años sigue siendo lustrabotas en el central parque Santander, en donde logra un promedio diario de seis dólares que "apenas alcanzan para comer".
"Y de pensión, pues qué, si nunca pude cotizar", asegura con una sonrisa para muchos incomprensible.
