Las marcadas diferencias políticas que dividen a la sociedad nicaragüense no impidieron que agrupaciones de mujeres salieran a las calles y paseos públicos a exigir a la policía mayor presencia para apresar a los culpables de violencia contra las mujeres.
En el marco de movilizaciones que finalizarán este viernes, las nicaragüenses se expresaron por separado en dos jornadas públicas. Una fue convocada por organizaciones de la sociedad civil y la otra por instituciones estatales y entidades afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Centenares de personas participaron en una serie de actividades, que incluyó foros, proclamas y una marcha frente a la sede de la Policía Nacional, teniendo como centro la celebración el miércoles del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Cifras de la no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia, responsable de estas movilizaciones, indican que en lo que va de este año se han cometido en Nicaragua 69 feminicidios, como se ha denominado el asesinato por razones de género.
De ese total, según declaró a IPS la coordinadora de la Red, Fátima Millón, siete eran niñas menores de 10 años que fueron asesinadas y abusadas por parientes.
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Con pancartas que decían "cárcel para los asesinos de mujeres", "respeto a la vida de las mujeres", "justicia para las nicaragüenses" y otros mensajes del mismo tenor, las mujeres se apostaron en los alrededores del edificio policial a exigir una respuesta a su demanda.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a IPS que la falta de justicia y la impunidad para los agresores están promoviendo una cultura de violencia de género que impulsa a muchas víctimas a no denunciar sus casos ante las autoridades por temor.
Reportes de esa organización no gubernamental indican que 30 por ciento de los victimarios fueron compañeros de trabajo, parejas o vecinos, 27 por ciento son ex parejas y el resto delincuentes comunes.
También señalan que en 40 por ciento de los casos se utilizó un arma de fuego para matar a sus víctimas, lo cual quiere decir que la portaban a pesar de que en los archivos policiales contaban con antecedentes de comportamientos violentos contra las mujeres.
Según Núñez, de los 39 victimarios en casos feminicidio, sólo 17 están cumpliendo condenas por los delitos cometidos. Es que las autoridades policiales y judiciales no cumplen a cabalidad con la función en los casos de violencia por razones de género, apuntó.
"No hay presupuesto para la investigación y sostenimiento de la persecución, ni políticas públicas claras que den una protección adecuada a las mujeres, así como tampoco se están aplicando las medidas cautelares", añadió la activista.
Las mujeres pidieron a la policía, en una proclama leída públicamente, disponer medidas de defensa y seguridad a favor de las agredidas.
La respuesta a sus demandas les llegó este jueves mediante un comunicado verbal a las organizaciones de parte de la directora general de la Policía Nacional, la comisionada Aminta Granera. Informó que ordenó aplicar una disposición administrativa emitida en 2008, que establece la suspensión de licencias y uso armas de fuego a personas involucradas en violencia intrafamiliar.
Granera agregó que la violencia intrafamiliar y sexual que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense, en especial a mujeres, niños y adolescentes, "se constituye en un grave problema de criminalidad para el país".
"Es común dentro de la violencia contra la mujer y la niñez, que algunas personas que tienen el privilegio y la autorización para poseer y portar armas de fuego las utilicen para amenazar a sus familiares, agredirlas físicamente e incluso privarlas del derecho a la vida", señaló Granera a los grupos feministas y organizaciones de la sociedad civil.
La comisionada también dispuso "establecer una política específica de la Policía Nacional, en relación con todas las personas que se vean involucradas en hechos relacionados con la violencia intrafamiliar y sexual".
Esta política incluiría que, a quienes tengan denuncia de violencia intrafamiliar, se les denegará la autorización de licencia para portar armas de fuego y licencias comerciales de importación, intermediación, exportación, comercio, armerías y el uso de polígonos de tiro, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Granera también orientó la creación de una instancia de coordinación para la aplicación de la política antes referida, que estará conformada por el jefe o jefa de la Dirección de Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, el jefe de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, además de los jefes de las delegaciones policiales de todo el país.
También anunció el fortalecimiento y capacitación de personal de las Comisarías de las Mujeres (instancia policial especializada en violencia de género), para motivar a las agredidas a denuncias sus situaciones ante las autoridades.
Hasta septiembre pasado, según reportes oficiales de la policía, más de 65.000 mujeres habían reportado distintos tipos de agresiones intrafamiliares. De todas ellas sólo 15.000 denunciaron formalmente las agresiones en las comisarías. Eran mujeres que habían sufrido ataques graves como abusos sexuales, lesiones, mutilaciones y torturas.
Las medidas ofrecidas por la policía fueron aplaudidas por las organizaciones de derechos humanos y especialistas en derechos de las mujeres durante la jornada que concluye este viernes.
"Es un gran avance desarmar a potenciales agresores y antes que se conviertan en homicidas de mujeres, pero se necesita más vigilancia y cumplimiento de la aplicación de las leyes", dijo a IPS Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Por otra parte, las manifestaciones de mujeres organizadas en torno al gobierno y al FSLN enarbolaron banderas y consignas encaminadas a condenar la violencia doméstica, exigir la igualdad de condiciones y respetar la libertad de mujeres "a decidir a sus autoridades".
Con pancartas de apoyo a la figura de Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y a la reelección, las mujeres se apostaron en rotondas y avenidas principales el miércoles y este jueves.
Entre ellas participaron trabajadores del sector público, altas funcionarias del gobierno y activistas sandinistas, que exigieron justicia para castigar a los homicidas y lanzaron consignas en defensa de proyectos sociales que benefician a mujeres pobres y campesinas, como los planes Hambre Cero y Usura Cero.
Estos dos proyectos, respectivamente, otorgan alimentos y bienes a las mujeres y les otorgan créditos a bajo intereses para pequeños negocios familiares.
Amanda Lorío, viceministra del Ministerio Agropecuario y Forestal, entidad que administra el programa Hambre Cero, explicó que "justicia es también proveerles a las mujeres condiciones dignas de desarrollo y liberarlas de la dependencia machista".
Perla López, presidenta del estatal Instituto de la Mujer, celebró el respaldo que según ella ha dado el gobierno a las mujeres más pobres del país, "que se han asociado desde los barrios para defender sus derechos humanos, sociales y laborales con este gobierno".
Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República, a través de medios oficiales de comunicación, leyó una proclama a las nicaragüenses en la que condenó las agresiones intrafamiliares y las alentó a integrarse "al proceso revolucionario" de su gobierno "para transformar la cultura de violencia por una cultura de paz y armonía".
