En las últimas cinco semanas fallecieron nueve trabajadoras domésticas inmigrantes en Líbano. La mayoría de esas muertes fueron reportadas como suicidios.
El cuerpo de Anget R, de 20 años, procedente de Madagascar, fue hallado el 11 de este mes, colgando de una soga en la puerta del dormitorio de su empleador.
Un periódico de Madagascar reportó en octubre las muertes de otras dos mujeres de esa nacionalidad. Dijo que una de ellas, identificada solamente como Mampionona, cayó de un balcón en la casa donde trabajaba. La otra, llamada Vololona, falleció luego de arrojarse desde la terraza.
Sunit Bholan, de Nepal, tenía 22 años al momento de suicidarse, el 8 de octubre. La etíope Kassaye Etsegenet, de 23, murió de manera similar el 15 de octubre, al saltar del séptimo piso de la casa de sus empleadores. Dejó una carta donde citaba razones personales para explicar su trágica decisión.
La también etíope Zeditu Kebede Matente, de 26 años, fue hallada muerta el 21 de octubre, colgando de un olivo. Dos días más tarde, su connacional Saneet Mariam, de 30 años, murió tras, presuntamente, caer del balcón de la residencia de sus empleadores.
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Y la lista continúa: la nepalesa Mina Rokaya, de 24 años, y luego la etíope Tezeta Yalmoya, de 26, también fallecieron al caer de balcones, según se informó.
"Es una tragedia nacional", dijo a IPS Nadim Houry, investigador de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Se estima que en Líbano hay 200.000 mujeres trabajando como empleadas domésticas y viviendo en la vivienda de sus empleadores, así como cocineras y niñeras. La mayoría proceden de Sri Lanka, Etiopía y Filipinas, aunque cada vez llegan más de Nepal, Madagascar y Bangladesh.
Las trabajadoras dejan atrás a sus familias para viajar a Líbano y cuidar a extraños. Muchos empleadores las tratan bien. Pero con otros tienen menos suerte.
Una vez que llegan a Líbano, esas mujeres pueden ser confinadas en la casa de sus empleadores, mientras se les confiscan sus pasaportes y se les retienen sus salarios, lo que aumenta su sensación de aislamiento.
Muchas mujeres dicen que no se les permite salir de la casa o tomarse un día libre. También abundan las quejas por abusos sexuales o psicológicos.
El controvertido sistema de patrocinios de Líbano significa que las trabajadoras están atadas a sus empleadores, y que si se van pueden ser encarceladas.
"Es perturbador notar que para algunas el suicidio es la única manera de liberarse de una situación abusiva", dijo Azfar Khan, especialista en migraciones de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los estados árabes.
A menudo, las investigaciones policiales son inadecuadas, dado que habitualmente consideran sólo el testimonio del patrón y no lo contrastan con los de vecinos o los de amigos y familiares de la trabajadora, según Houry.
Si la mujer es suficientemente afortunada para sobrevivir a un intento de autoeliminación, la policía casi nunca le ofrece un traductor, ni le pregunta si sufrió abusos. Los casos en que los empleadores abusadores son encarcelados "son la excepción, no la regla", agregó.
La reciente ola de muertes no es la primera. El año pasado, un estudio de HRW concluyó que por lo menos 95 mujeres habían fallecido entre el 1 de enero de 2007 y el 15 de agosto de 2008, lo que supone más de una por semana.
Aimee, una trabajadora doméstica independiente oriunda de Madagascar, está en Líbano desde hace casi 12 años. Actualmente se desempeña como líder comunitaria, y en calidad de tal ayuda a las trabajadoras, escuchándolas y aconsejándolas.
Muchas de las mujeres a las que asesora no cobran un salario regular, o han sido abusadas por sus empleadores o por funcionarios de las agencias de reclutamiento de personal.
Las agencias "revisan los bolsos de las mujeres en busca de los números telefónicos o direcciones de sus consulados", dijo Aimee a IPS. Destruyen cualquier número que encuentren para impedir que la mujer busque ayuda.
"¿Cómo pueden pedirle a alguien que trabaje tan lejos de su casa y tratarlo de esa manera?", preguntó.
La notoriedad cada vez mayor de Líbano como semillero de abusos a los derechos humanos ha llevado a los gobiernos de Etiopía y Filipinas a prohibir que sus ciudadanos trabajen en ese país.
Pero esto no ha impedido que una ola de inmigrantes ingrese desde terceros países. En cualquier caso, las prohibiciones sólo "transfieren el problema de una nacionalidad a otra", porque las agencias de reclutamiento de personal simplemente buscan mujeres trabajadoras en nuevos países, sostuvo Houry.
Un motivo para los suicidios son las falsas expectativas que las agencias de personal generan entre las trabajadoras inmigrantes. A muchas se les hace creer que trabajarán como enfermeras o en otras profesiones.
"Muchas de estas mujeres son reclutadas en áreas rurales. Es como tomar a alguien e insertarlo en un entorno totalmente diferente", señaló Houry.
Una mujer nepalesa con la que habló luego que ella se fracturó una pierna intentando escapar de la casa donde trabajaba dijo que "vio la nieve en las montañas y pensó que si podía cruzar la montaña estaría en Nepal".
Las leyes laborales libanesas no cubren a las trabajadoras domésticas. Sin ninguna protección legal, las inmigrantes son vulnerables a la explotación.
"La OIT viene presionando para que las trabajadoras domésticas estén cubiertas por las leyes laborales no sólo en Líbano sino también en otros países de la región—, a fin de que por lo menos institucionalmente estén protegidas y tengan la opción de que sus quejas sean abordadas en tribunales", dijo Khan.
Líbano ha firmado la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero todavía tiene que suscribir la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, medida que lo obligará a adoptar medidas que protejan a la comunidad de inmigrantes.
Pero hay otras medidas más prácticas que los libaneses pueden adoptar, como crear una línea telefónica nacional para atender a trabajadoras afligidas y una fuerza de inspección nacional que controle el trato que se da a los migrantes, planteó Houry.
"La sociedad tiene que movilizarse. No todos son culpables de malos tratos, pero todos tienen que sentirse responsables. La gente tiene que comenzar a manifestarse y a expresar que esto es inaceptable", opinó.
