La Comisión de Verificación del acuerdo firmado para revertir el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras comenzó sus tareas comprobando que el texto no terminó con las dilatorias ni con las incertidumbres.
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, advirtió el miércoles que si no es restituido en su cargo retirará su apoyo al acuerdo firmado el 30 de octubre para poner fin a la crisis política que estalló con el golpe de Estado en su contra.
Zelaya dirigió una nota a la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, cuestionando por qué el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, había indicado que Washington aceptaría el resultado de las elecciones del 29 de noviembre, aun si el Congreso hondureño no acepta restituir al mandatario depuesto en su cargo.
"En esta ocasión nos vemos obligados a presentar públicamente esta respetuosa solicitud a la secretaria de Estado para que aclare al pueblo hondureño si la posición de su país ha sido modificada o cambiada sobre la condena al golpe de Estado en Honduras", señala Zelaya en su nota, leída por uno de sus asesores, el abogado Rassel Tomé.
Shannon había dicho a la cadena de noticias estadounidense CNN que Estados Unidos respeta el acuerdo firmado por delegados del régimen de facto y de Zelaya, pero que ese pacto dejó en manos del Congreso legislativo decidir sobre la restitución. "Es una decisión hondureña para un problema hondureño que nosotros vamos a respetar", indicó.
[related_articles]
Zelaya dijo este miércoles a la prensa que si "condiciono mi apoyo al acuerdo porque los puntos del acuerdo, todos entre sí, están interrelacionados a mi restauración en el poder, y no me voy a prestar para legitimar a los golpistas".
Es que el presidente de facto, Roberto Micheletti, llegó al extremo de dirigir a Zelaya una carta solicitándole enviar "lo más pronto" posible una lista de 10 candidatos para conformar el gobierno de unidad y reconciliación que debería instalarse este jueves, según los plazos establecidos en el Acuerdo Tegucigalpa/San José del Diálogo Guaymuras, suscrito por los delegados de las dos partes.
Ese pacto consta de 12 puntos. Pero el medular es el número cinco, que faculta al Poder Legislativo a que "resuelva en lo procedente en respecto a 'retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010'".
Otro punto se refiere a la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación para conducir al país hasta el 27 de enero. Otro establece la aceptación y reconocimiento del proceso electoral que concluiría en los comicios del 29 de este mes. Y el último establece un cronograma para que se cumplan los puntos acordados.
El acuerdo también establece la conformación de una Comisión de Verificación, que fue instalada formalmente el martes e integrada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) y la secretaria (ministra) del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, designados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Comisión también está conformada por el empresario Arturo Corrales, en representación del régimen usurpador de Micheletti, y por Jorge Arturo Reina, embajador ante las Naciones Unidas del depuesto gobierno de Zelaya.
En la primera comparecencia pública de la Comisión, Lagos fue tajante: "Estamos aquí para restaurar las instituciones democráticas al estado en que se encontraban antes del 28 de junio. Es decir, al momento en que el presidente Manuel Zelaya fue removido de su cargo. Por lo tanto, queremos implementar un acuerdo que signifique que el presidente Zelaya tiene que volver al poder".
Lagos también sostuvo que, en una reunión sostenida con Micheletti, "le hice ver" la necesidad de que se apartara de su cargo y no intentara encabezar el gobierno de unidad nacional.
Ese gobierno debería estar "integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas Secretarías y Subsecretarías, así como otras dependencias del Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República de Honduras", indica el acuerdo.
Las funciones de la Comisión de Verificación son dar fe del estricto cumplimiento de "todos los puntos de este Acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas", sostiene el documento.
En coincidencia con lo dicho por el comisionado Lagos, Zelaya y sus seguidores dan por sentado que este punto ordena su restitución "inmediata", pero los golpistas alegan que todo está en manos del Congreso, ya que el texto no menciona la palabra "restitución" y que éste no tiene plazos para pronunciarse.
Los comisionados se reunieron el miércoles con la directiva del Congreso, que ha iniciado morosas gestiones para cumplir con el punto cinco.
La directiva del Congreso, con la disidencia de tres de sus 13 miembros, resolvió pedir la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre si es viable o no la restitución de Zelaya
Mientras hay intentos de reunir a Zelaya con Micheletti, otros esfuerzos están puestos en conseguir los votos necesarios para que el Congreso vote la restitución.
El diputado del opositor y derechista Partido Nacional, Rodolfo Irías, dijo a IPS que existe sobre su partido una "fuerte presión" para votar a favor de la restitución de Zelaya, pero "vamos a actuar conforme a ley, y tras reunirnos con la Comisión de Verificación, nos sentimos tranquilos porque ellos conocen bien los alcances del Acuerdo y no se salen de su marco".
Para Rafael Alegría, del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, si bien el acuerdo no estipula plazos ni condiciona una cosa a la otra, "es lógico que Manuel Zelaya debe volver al poder para revertir el golpe de Estado, por eso el pueblo debe estar en las calles para presionar a los congresistas a una solución favorable".
"Si no se hace y Manuel Zelaya no retorna, la crisis se agudizará y no habrá elecciones seguras", dijo Alegría a IPS. El activista mantiene, junto a un centenar de personas, una vigilia permanente en la sede legislativa.
Según el ex ministro de Gobernación de Zelaya, Víctor Meza, si el Congreso no vota la vuelta al poder del gobernante, "estaríamos frente a un segundo golpe de Estado, y no vamos a avalar eso, ni tampoco el proceso electoral".
