Algunas de las más controvertidas cláusulas de la Ley Patriota estadounidense, aprobada apresuradamente tras los atentados del septiembre de 2001 para reprimir el terrorismo, expirarán el mes próximo a menos que el Congreso prorrogue su vigencia.
Todo parece indicar que la mayoría de los legisladores decidirán la ratificación de la norma, que faculta al Poder Ejecutivo con amplios poderes de control y vigilancia para espiar a ciudadanos inocentes.
La inminente prórroga cuenta con el aval del presidente Barack Obama y es fuertemente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles.
El Comité Judicial del Senado aprobó la semana pasada el proyecto denominado Ley de Extensión de la Ley Patriota, que supone enmiendas menores a la norma original.
"El Comité tenía la oportunidad de sofrenar una ley que ha permitido invasiones sin control del gobierno a la vida privada. No lo hicieron: aprobaron un proyecto que no limita los poderes asignados (al Poder Ejecutivo) en la Ley Patriota", declaró la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de este país.
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El presidente del no gubernamental Comité de Defensa de la Carta de Derechos, Chip Pitts, atribuyó la decisión del cuerpo legislativo a "consideraciones políticas y de corto plazo".
El Comité del Senado ignoró "la necesidad de un enfoque más de largo plazo, delicado, razonado y de acuerdo con el estado de derecho", dijo Pitts a IPS.
Los activistas concentran su atención en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que ya comenzó a debatir la iniciativa. Si eventualmente aprueba el proyecto, las diferencias entre ambos textos deberán ser conciliadas por un comité bicameral.
Una de las cláusulas de la Ley Patriota cuya expiración está prevista para el mes próximo es la Sección 213, que amplía la capacidad del gobierno para emitir órdenes de allanamiento y requisas de bienes sin informar al juez durante semanas o meses.
Otra es la denominada "disposición lobo solitario" ("lone wolf provision"), que permite al gobierno grabar conversaciones telefónicas de cualquier sospechoso de estar involucrado en organizaciones terroristas.
También está prevista la expiración de la Sección 215, que obliga a los jueces a autorizar, sin más trámite, las solicitudes de una amplia gama de datos personales como registros médicos, comerciales y de bibliotecas, formuladas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal).
La Sección 505 elimina las restricciones a la emisión de "cartas de seguridad nacional" — instrumentos autorizan requisas de información comercial y empresarial, e incluso a servidores de Internet— por parte del Departamento de Justicia (fiscalía general).
Este recurso se convirtió en una suerte de cheque en blanco para investigar a personas e instituciones que no están sometidas a pesquisa judicial alguna.
La "disposición de registro telefónico errante" permite al gobierno grabar llamadas y otras comunicaciones electrónicas de cualquier sospechoso de participar en redes terroristas a través de un instrumento que salta de línea en línea.
Dado el gran potencial de abuso de este mecanismo en comparación con los tradicionales, aplicados a un solo teléfono, el Congreso legislativo insistió en salvaguardas legales que restringían su uso.
También se debate el denominado "estatuto del apoyo material", que tipifica como delito el suministro de tal "apoyo" a terroristas, definido como bienes, servicios o asesoramiento tangibles o intangibles.
Esta disposición fue enmendada por la Ley Patriota de modo de penalizar una amplia gama de actividades, sin importar si sus responsables tienen o no intención real de apoyar actos u organizaciones terroristas.
Tribunales federales declararon inconstitucionales varias previsiones del estatuto.
También es materia conflictiva la enmienda realizada el año pasado a la Ley de Inteligencia para la Vigilancia de Extranjeros (FISA, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permite al gobierno grabar llamadas telefónicas y registrar correos electrónicos de residentes en Estados Unidos sin autorización judicial ni sospechas fundadas.
Las investigaciones en el marco de la FISA y de "registro telefónico errante" fueron instituidas en la Sección 206 de la Ley Patriota.
La comunidad de activistas por los derechos civiles está dedicada ahora a presionar al Comité Judicial de la Cámara de Representantes para que establezcan más garantías de respeto a la privacidad y las libertades básicas.
Un proyecto a estudio de la Cámara, presentado por los legisladores John Conyers, Jerrold Nadler y Robert Scott, del gobernante Partido Demócrata, instituye salvaguardas en ese sentido, pero deja intactas las disposiciones sobre el "apoyo material".
Esta cláusula ha permitido acusar a colaboradores de buena fe de organizaciones caritativas y humanitarias.
