Los casos de tormentos atribuidos a la fuerza pública de Colombia aumentaron 80 por ciento entre 2003 y 2008, en un contexto de impunidad casi total para este tipo de delitos. Sin embargo, la práctica general de torturas se redujo en 43,5 por ciento respecto del período 1998-2003.
A pesar de esa "disminución relativa", la tortura se mantiene como una "práctica sistemática y generalizada perpetrada por todos los grupos armados" que actúan en este país, afirma el Informe Alternativo al 4º Informe Periódico del Estado Colombiano al Comité contra la Tortura, que se presentó este miércoles en Ginebra.
"Entre julio de 1998 y junio de 2003, se registraron por lo menos 187 hechos atribuidos a la fuerza pública", y fueron 337 entre julio de 2003 y junio de 2008, "evidenciando un aumento del 80,2 por ciento", señala el documento.
Pese a las condiciones de gran subregistro, las cifras recopiladas por la Coalición Colombiana contra la Tortura, autora del informe, indican que el aumento de tormentos perpetrados por uniformados coincide con la caída de los atribuidos a bandas paramilitares de ultraderecha.
Entre julio de 2003 y junio de 2008 se registraron por lo menos 280 víctimas a manos de los paramilitares, "mientras entre julio de 1998 y junio de 2003, lo fueron 754 personas", señala el informe de 112 páginas.
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"La responsabilidad de los casos atribuidos a agentes estatales se enmarcan en la política de seguridad democrática", bandera presidente Álvaro Uribe, indica el texto.
En el período estudiado "por lo menos 899 personas" fueron víctimas de torturas. Quedaron con vida "229, mientras 502 fueron asesinadas, y 168 fueron víctimas de tortura psicológica", asegura el informe.
De ese total, se conoce el "presunto autor genérico" de los delitos sufridos por 666 víctimas. La responsabilidad del Estado está comprometida en casi 93 por ciento de los casos, pues a los tormentos perpetrados por agentes estatales (50,6 por ciento) se suman la omisión, la tolerancia, la aquiescencia o el apoyo a violaciones de grupos paramilitares, que constituyen 42 por ciento del total. Mientras, las guerrillas son acusadas de 7,4 por ciento de estos crímenes.
El texto fue divulgado el martes en Bogotá y este miércoles en Ginebra en coincidencia con la presentación del Cuarto Informe, efectuado por el gobierno de Colombia ante el Comité que examina el cumplimiento nacional de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que este país firmó en 1985 y ratificó en 1987.
Ese Cuarto Informe, fechado en febrero de 2008, sostiene que el país ha realizado un importante esfuerzo por reducir la violencia, gracias a la política de seguridad democrática, lo que ha redundado en una reducción de delitos como asesinatos, secuestros y torturas.
"Estas condiciones de seguridad han permitido una mayor garantía en el ejercicio de los derechos de los colombianos", sostiene el informe del gobierno.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura está integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación AVRE Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a víctimas de violencia política, la Corporación Reiniciar, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Organización Mundial Contra la Tortura y Terre Des Hommes- Italia.
Este país debería presentar informes sobre su acatamiento de la Convención cada cuatro años, pero el último data de 2003.
Desde ese año hasta 2008, "del total de casos registrados en los que se conoce el sexo (793 víctimas), 86 por ciento fueron hombres y 14 por ciento mujeres", señala el reporte no gubernamental. "En relación con la edad, 30 por ciento eran niños y niñas y 26 por ciento jóvenes", agrega.
TEMOR E IMPUNIDAD
Según la "Dirección Nacional de Fiscalías del total de investigaciones por el delito de tortura (que se tramitan, 10.545), sólo 0,7 por ciento (74) corresponden con este tipo penal", dijo el informe alternativo.
"Por lo tanto, no se está investigando de manera exhaustiva la tortura como infracción al derecho humanitario a pesar de que es de uso reiterado", concluyó.
El gran subregistro obedece al "temor (que) hace que las víctimas no denuncien, por una parte, pero también porque es frecuente que la tortura se esconda tras otros delitos", sostuvo Franklin Castañeda, portavoz del Comité de Solidaridad con Presos Políticos.
"Hay muchas ejecuciones extrajudiciales que se presentan como resultado de combates", pero "en la mayoría de los casos" son crímenes "tras torturas cometidas con frecuencia por agentes del Estado, como está documentado", explicó.
"O se da por hecho que si la persona murió, lo que hay que investigar es un homicidio. Ocultan golpes, cortadas, intentos de ahogamiento y muchas prácticas más por las que debería sancionarse a los culpables como una forma de prevención, pero también de garantía para que no siga sucediendo", anotó el activista.
Un testimonio fue presentado por la esposa de Javier Correa, un campesino de 32 años asesinado por miembros del batallón del ejército "Ingeniero Agustín Codazzi" en un área rural del suroccidental departamento del Valle del Cauca.
"Hace cinco años llegaron a la finca y se lo llevaron sin ninguna razón, sin explicación. Se lo llevaron vivo y dos horas después apareció muerto. Un hombre trabajador que no era líder, ni nada particular. Un campesino. El papá de mi hija", dijo Nini Johana Oviedo, pocas horas antes de abandonar este país con su hija de nueve años.
"Han sido cinco años de persecución y amenazas telefónicas, que últimamente han estado seguidas de visitas a los lugares donde vivimos, por parte de supuestos policías que llegan tarde en la noche con falsas órdenes de detención. La presión alcanza a todo el núcleo familiar", aseguró Oviedo.
"Mi hija tuvo que dejar de estudiar, y no podemos salir a la calle por miedo de que nos maten", continuó. "Nos sentimos presas", aseguró con lágrimas.
"Por eso pido que se acabe la impunidad ante hechos de tortura que ocurren todos los días en medio de la indiferencia del común de la gente, pero sobre todo del gobierno", exhortó Oviedo.
Cuando "una víctima, como Nini Johana, se atreve a denunciar hechos cometidos por agentes del Estado, con lo difícil que puede resultar, se convierte en una luz de esperanza para que esta situación sea visible", dijo a IPS Ana María Díaz, coordinadora del grupo de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.
El relator del Comité contra la Tortura para el examen de Colombia, Fernando Mariño, dijo desde Ginebra que "parece que la tortura persiste en la sociedad colombiana", y deploró que "estos actos no sean perseguidos".
"Hay muy pocas investigaciones y las condenas son escasas con respecto al número de denuncias interpuestas", dijo Mariño.
"La impunidad se mantiene a pesar de que la tipificación de la tortura existe en Colombia desde hace más de 30 años", anotó el abogado Jorge Gómez Lizarazo, de Reiniciar.
"Confirmamos que en 30 de los 33 departamentos colombianos se registran hechos de tortura que afectan a mujeres, niños, campesinos, sindicalistas, activistas sociales, estudiantes, políticos y miembros de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)", añadió.
El libro de 144 páginas incluye datos puntuales sobre la tortura empleada como medio de persecución política, con el propósito de obtener informaciones, para someter a la población carcelaria, o como forma de discriminación por razones étnicas, políticas, género, edad u orientación sexual.
Los activistas presentarán también una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud de que el gobierno ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que estableció en 2006 un sistema "de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad", según su artículo primero.
"Es parte del camino por el que avanzamos, aun cuando sea lentamente. Pero avanzamos", dijo Díaz.
"Empezamos a permear sectores de la institucionalidad colombiana como la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y eso nos da alguna esperanza", concluyó Castañeda.
