Las mujeres solteras, viudas o indocumentadas tienen pocas posibilidades en Bolivia de acceder a la propiedad de un predio rural, por las tradiciones patriarcales y los usos y costumbres de los pueblos indígenas, aunque ello viole acuerdos internacionales contraídos por el país.
El acceso a la tierra es un derecho internacional consagrado desde hace 30 años por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que el 18 de diciembre cumplirá tres décadas de ser rubricada en el marco de las Naciones Unidas.
Esa Convención, que es considerada la Carta Magna de los derechos de las humanas y de la que deriva la arquitectura de leyes y normas nacionales e internacionales con que el mundo se ha dotado para propiciar la equidad entre los géneros, obliga a los Estados a promover la participación de la mujer en el desarrollo rural en iguales condiciones que el varón. Pero lo jurídico y lo factual están lejos de ir de la mano en el caso boliviano.
Pocas participantes sabían que las mujeres rurales cuentan con derechos específicos contemplados en la nueva Constitución boliviana, vigente desde febrero, y en un párrafo especial de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que rige desde 1996.
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Menos, conocían que el Comité de Cedaw reclamó en su último reporte sobre el país, en 2008, que el Estado "adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra", y al mismo tiempo aborde con medidas explícitas las dimensiones estructurales de pobreza que afrontan las mujeres rurales, en especial las indígenas y adultas mayores.
La ley agraria de 1996 exige que se apliquen "criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente de su estado civil", en lo que recoge el mandato de la Cedaw de que las mujeres rurales reciban trato igual en las reformas agrarias, créditos agrícolas y reasentamientos, entre otras obligaciones.
REALIDAD ALEJADA DE LAS LEYES
Pero en la práctica, leyes y declaraciones han sido han sido burladas por sectores dominados por hombres en comunidades campesinas y esquivadas en instituciones gubernamentales con diferentes argumentos, se quejaron las campesinas entrevistadas.
En la zona altiplánica y occidental de Bolivia, las mujeres solteras soportan el rechazo de la comunidad cuando solicitan tierras porque, al contraer matrimonio, su apellido paterno quedará relegado a segundo plano frente al de su esposo, según denunció la ex constituyente y líder campesina Peregrina Cusi.
En la región del Chaco que comprende a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, al sureste de La Paz, la líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Alejandrina Avenante, lucha contra la influyente presencia varonil para demostrar que las mujeres solteras tienen vocación agrícola.
En la comunidad de Tarairí, en el departamento de Tarija, a 1.215 kilómetros de La Paz, Avenante organizó a madres solteras y, tras vencer prejuicios de las autoridades originarias, ayudó a obtener tierras por herencia e impulsó la construcción de viviendas y el inicio de la producción agrícola.
Muchas mujeres contrataron a hombres para que construyan las casas, ellas fabricaron con sus manos los adobes de barro y ahora están embarcadas en la producción de maíz, yuca (mandioca), camote (batata o boniato), ají y arvejas.
"Ellas ha demostrado que pueden contribuir con su producción alimentaria o fabricando cosméticos para el cabello con el fruto de árboles silvestres o fabricando artesanías", dijo sin esconder su orgullo.
Mientras en la zona altiplánica y en el Chaco hay avances, en la Amazonia selvática e inaccesible poco o nada se conoce sobre los derechos de la mujer a poseer una parcela agrícola, denunció la dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa, Jesusaida Vaca.
La representante de la comunidad Canahán, ubicada en el municipio de Bolpebra, una ciudad en la frontera tripartita con Perú y Brasil, viajó unos 1.300 kilómetros en diferentes medios de transporte para llegar a La Paz en dos días, y compartir con otras mujeres de zonas diferentes sus realidades y aspiraciones.
El Encuentro Nacional por el Acceso a la Tierra de las Mujeres, organizado por la no gubernamental Coordinadora de la Mujer, reunió a representantes de las asociaciones populares de campesinas y agricultoras, examinó el marco legal y exigió al gobierno la eliminación de las prácticas y procedimientos burocráticos que las discriminan en la distribución de tierras.
"Hasta ahora, el gobierno sólo ha legalizado las tierras comunales y ninguna individual. Una mujer pobre difícilmente puede tener una propiedad, sólo decimos que es nuestra porque trabajamos, pero no tenemos ningún título que certifique la titularidad", comentó Vaca.
En la Amazonia las mujeres administran la tierra cuando fallece el esposo, y por lo general están relegadas al hogar y al cuidado de los hijos. "Del asunto no se habla cuando está presente el esposo", explicó.
"El machismo prima mucho. No somos la excepción", expresó la representante del Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (Cadic), Marfa Inofuentes, una líder que ha colocado a la comunidad negra de unas 35.000 personas en el escenario social donde predominan las culturas aymara y quechua.
Hace seis meses, la comunidad afroboliviana asentada desde la colonia en las zonas semi tropicales de los Yungas, una región ubicada unos 70 kilómetros al norte de La Paz, fue dotada con 191 hectáreas de una hacienda que perteneció al ex presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002 y 2003).
"Fue la recuperación de tierras originarias que en el pasado fueron compradas por Sánchez de Lozada a precio de gallina muerta a nuestros abuelos", dijo Inofuentes aunque no escondió su preocupación porque muchas tierras donde habitan aún no están reconocidas con títulos otorgados por el Estado.
Más inquietud le provoca que todavía en esa área "ninguna mujer tiene una propiedad a su nombre". Sólo acceden a un predio rural cuando quedan viudas y no existe un hijo varón en la familia. Es parte de la historia de desprotección que soportan, relató.
Justamente, en el reporte de 2008, el Comité de la Cedaw exigió al gobierno que "se ocupe del problema de la vulnerabilidad especial de las mujeres afrobolivianas y en su próximo informe (2011) dé cuenta de las medidas adoptadas".
Las provincias Caranavi, Inquisivi y Nor y Sud Yungas, de clima cálido y abundante vegetación, cobijan a la comunidad afroboliviana, y sus tierras están compartidas con colonos con ascendente aymara que llegan a estas regiones atraídos por la oportunidad de cultivar frutas y coca.
Carmen Ávila, representante de la Coordinadora, reconoció a IPS los avances en la creación de normas con criterios de equidad en el acceso, distribución, tenencia y titularidad de la tierra: Pero advirtió que la mujer sigue enfrentando dificultades para alcanzar ese derecho.
Otro obstáculo que se suma a la ineficiente institucionalidad del Estado es la falta de documentos de identidad entre las mujeres de zonas rurales y la "discriminación por parte de los funcionarios públicos en el momento de aplicar normas", denunció Ávila.
SALTO EN TÍTULOS
En defensa de su gestión, el director general de Tierras y hasta hace poco dirigente de los pueblos indígenas del departamento de Oruro, Florián Soto, alegó que la confianza ha retornado a las instituciones encargadas de administrar tierras porque sus funcionarios pertenecen a las organizaciones sociales de base.
En su reporte al Comité de la Cedaw de 2008, el gobierno boliviano resaltó el esfuerzo realizado en la entrega de títulos agrarios a las mujeres y se comprometió a la implementación de acciones dirigidas "a la participación equitativa" de los dos géneros en el acceso a la propiedad y el saneamiento rural.
Soto mostró un cuadro comparativo, en que destaca que el gobierno de Evo Morales entregó entre enero de 2006, cuando accedió al poder, hasta enero pasado un total de 10.299 títulos de propiedad a mujeres, con una superficie global de 164.401 hectáreas.
Esos montos representan una mejora radical respecto a administraciones anteriores, según el reporte oficial. Por ejemplo, en el segundo mandato de Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001), sólo fueron entregados 431 títulos a mujeres.
En la gestión de Jorge Quiroga (2001-2002), la cifra bajó a 347, mientras en el segundo mandato de Sánchez de Lozada, los títulos entregados a mujeres fueron 283.
La cifra creció sustancialmente hasta 1.576 en el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), mientras su sucesor, Eduardo Rodríguez (2005-2006), concedió 1.488 títulos.
Un análisis realizado por la Coordinadora de la Mujer, con base en datos del periodo 1997- 2006, afirma que de un total de 29.063 títulos, sólo 4.973 corresponden a mujeres, mientras los títulos adjudicados a varones alcanzan a 13.011, y la diferencia (1.814) a organizaciones comunitarias y a matrimonios (9.265).
Este análisis no incluye el bienio 2007-2008 y el primer mes de 2009, que sí recoge el estudio comparativo oficial.
