Nuevas regulaciones impuestas en Sri Lanka a las empresas que se dedican a reclutar mano de obra exportable y a los trabajadores emigrantes, sector que constituye la principal fuente de divisas de este país, ponen en cuestión un derecho básico: la libertad de viajar.
Las nuevas leyes amenazan una libertad consagrada en la Constitución de Sri Lanka, observó David Soysa, veterano activista por los derechos humanos y director del Centro de Trabajadores Migrantes.
Este mes el parlamento aprobó enmiendas a la ley que creó en 1985 el Buró de Empleo Extranjero de Sri Lanka, que otorgan facultades policiales a los funcionarios de esa entidad para combatir a las agencias de empleo ilegales y a los trabajadores emigrantes indocumentados.
Quienes viajen con documentos falsos pueden ser arrestados en el punto de partida. Quienes no hayan pagado el registro obligatorio para emplearse en el exterior tampoco podrán viajar si se niegan a efectuar ese pago, que incluye el costo de un seguro que el Buró generalmente usa para repatriar a trabajadores que quedan varados en el exterior.
Entre otros cambios a la ley, figura la prohibición de anuncios de agencias de empleo en la prensa que no hayan sido previamente autorizados por el Buró. También se establece un mejor sistema de recaudación de impuestos y otras obligaciones de las agencias de empleo y los trabajadores emigrantes, y la imposición de multas y penas de prisión por violar estas leyes.
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El Buró es una entidad estatal responsable del empleo en el exterior, que funciona en la órbita del Ministerio de Promoción y Bienestar del Empleo Extranjero.
Según el gobierno, este país de 20 millones de habitantes tiene 1,6 millones de trabajadores emigrantes, de los cuales alrededor de 800.000 son mujeres.
Anualmente, más de 200.000 personas buscan trabajo en otros países. La mayoría se radican en Medio Oriente, convertido desde fines de los años 70 en la mayor fuente de puestos de trabajo, en especial para las trabajadoras domésticas.
Durante años, los srilankeses emigrantes soportaron graves problemas en sus lugares de trabajo en el exterior, como falta de conocimiento del idioma y la cultura, acoso sexual y explotación y conflictos salariales.
Las empresas que se dedican a reclutar mano de obra exportable fueron acusadas de explotar a los trabajadores y lavarse las manos ante los problemas que soportaban en los países de destino.
Pero Lakshan Dias, un abogado srilankés experto en derechos humanos que trabajó cuatro años con asociaciones de trabajadores emigrantes en Hong Kong, dijo que ninguno de sus reclamos fue contemplado en estas reformas.
"Sólo se trata de recaudar más impuestos de los trabajadores y las agencias", agregó.
Dar poderes policiales a los funcionarios del Buró viola los derechos de los trabajadores emigrantes, sostuvo.
"Pueden arrestar y detener a las personas y someterlas a torturas, como generalmente se hace en Sri Lanka cuando se requiere información", dijo. Los derechos de los trabajadores y su libertad de viajar no figuran en las nuevas normas, agregó.
Los trabajadores y las organizaciones que promueven sus derechos a menudo se quejan de las restricciones impuestas a los emigrantes, principalmente en los lugares de trabajo. En la mayoría de los países de Medio Oriente, las trabajadoras domésticas no tienen ningún derecho, o desconocen cuáles son.
En Estados Unidos, los trabajadores expatriados cuentan con una mejor protección. Un folleto publicado por el Departamento de Estado (cancillería) de ese país informa que los trabajadores expatriados gozan de amplios derechos y que hay cientos de organizaciones para ayudarlos a presentar demandas contra sus empleadores.
Esos derechos incluyen el pago de salario, la no discriminación ni represalias y un entorno laboral seguro y saludable. Los trabajadores expatriados son aquellos que emigran por necesidades de la empresa para la que trabajan o con un contrato de trabajo específico en el exterior.
Un funcionario de la embajada estadounidense dijo a IPS que esta información es útil para los srilankeses que viajen a Estados Unidos a trabajar, si bien no muchos ciudadanos de este país asiático consiguen empleo allí.
Un alto funcionario del gobierno defendió las nuevas normas, alegando que están destinadas a proteger a los trabajadores y a sus familias.
"Las agencias cobran tarifas poco razonables (a los empleadores extranjeros que las contratan o a los trabajadores), y con las nuevas leyes nuestro personal puede visitar, registrar y arrestar a agentes corruptos", dijo L.K. Ruhunugge, gerente general adjunto del Buró.
El Buró garantiza que las agencias no cobren montos que no estén autorizados, agregó.
En la mayoría de los casos, los empleadores extranjeros cubren todos los costos: las visas, el registro obligatorio del empleado emigrante, la comisión de las agencias, los análisis médicos y los pasajes aéreos. Sin embargo, es frecuente que los trabajadores pobres sean embaucados y terminen hipotecando su vivienda o vendiendo sus escasas pertenencias para pagar a la agencia local a cambio de obtener un empleo.
Según las nuevas leyes, todo pago no autorizado constituye un delito.
El abogado Dias, que viaja con frecuencia entre Colombo y Hong Kong, dijo haber visto en el aeropuerto muchos casos de trabajadores emigrantes a los que se les prohíbe viajar por no haber pagado su registro al Buró.
"Eso es ilegal. Los funcionarios del Buró apostados en el aeropuerto no tienen derecho a impedir que una persona salga del país si tiene los documentos en regla", agregó.
"Solamente la policía o los funcionarios de inmigración tienen esa potestad", explicó.
De acuerdo con Dias, el personal del Buró suele ensañarse con las personas mal vestidas, que son los trabajadores más pobres.
"Hice una vez la prueba de vestirme pobremente, y el trato recibido es diferente", destacó.
El funcionario Ruhunugge coincidió en que a su personal le resulta difícil cerrar el paso a trabajadores que no tienen toda la documentación necesaria para viajar, pero las nuevas leyes superan este obstáculo, dijo.
En 1997, 75 por ciento de todos los que buscaban empleo en el exterior eran trabajadoras domésticas. Esa proporción declinó a poco más de 50 por ciento en 2008, dijo Ruhunugge, cuyo departamento elabora las estadísticas del sector.
Esto se debe a una combinación de razones, como la disponibilidad de empleos por igual paga en la industria nacional de la vestimenta y la conciencia sobre los rigores que entraña trabajar fuera del país.
En los últimos años, el gobierno ha intentado alentar la emigración de una mano de obra más calificada.
La Organización Internacional del Trabajo planifica una serie de debates sobre las nuevas leyes y su impacto sobre este sector de la población, afirmaron activistas de derechos humanos.
