El día de las elecciones para renovar una de las seccionales «fueron ocupadas, dañadas y saqueadas nuestras instalaciones» por matones del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó el maestro mexicano Gerardo Cruz, dirigente de la disidente CNTE.
La denuncia hecha ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, reunido en México, por Cruz, secretario de Orientación Ideológica de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), ilustra la lucha de la agrupación de trabajadores por obtener su reconocimiento legal y oficial de las autoridades nacionales en México.
El testimonio de Cruz fue uno de los 16 casos expuestos por organizaciones sindicales ante el tribunal, creado por más de 30 organizaciones mexicanas y extranjeras, que sesionó el lunes y el martes en la capital mexicana para acoger expedientes sobre el estado de la libertad sindical en este país norteamericano.
"He visto dificultades de los sindicatos, en razón de que la Secretaría (ministerio) del Trabajo no les reconoce muchas veces la representación. Esa situación permite un control del poder sobre la actividad sindical", dijo a IPS el uruguayo Hugo Barreto, profesor de Derecho del Trabajo de la estatal Universidad de la República.
Barreto integra el tribunal, el primero de su tipo en el mundo, junto a otros 15 miembros provenientes de ocho países. El colectivo analizará la información recibida, estará abierto a acoger más denuncias y en abril de 2010 emitirá un veredicto. No se descarta, además, que sesione nuevamente para analizar la situación de otras naciones.
Precisamente, la negativa del reconocimiento oficial a la dirigencia sindical, llamada "toma de nota", por parte del gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón detonó un conflicto con el poderoso Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el último episodio de disputas entre autoridades y gremiales trabajadoras.
En julio pasado el SME, que aglutina a trabajadores de la empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), organizó sus elecciones para definir un nuevo periodo de su máxima dirección y por la cual compitieron el actual secretario general, Martín Esparza, y el líder de la disidencia, Alejandro Muñoz.
Tras el conteo correspondiente, las autoridades electorales del sindicado declararon ganador a Esparza, quien ocupaba ese puesto desde agosto de 2005, pero Muñoz acudió a los tribunales laborales para protestar por lo que calificó de votaciones anómalas.
De hecho, se halló que hubo 3.827 votos de más, sobre un padrón de 8.527 afiliados. Por esa razón, la Secretaría de Trabajo se negó a avalar la victoria de Esparza.
Ante la sombra de un conflicto prolongado, Calderón ordenó el 9 de este mes la desaparición de la firma LFC, que pulveriza automáticamente al sindicato, y anunció un plan de indemnización para sus 44.000 trabajadores.
La llamada "toma de nota" es una herencia del régimen del hoy opositor Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México ininterrumpidamente durante siete décadas hasta 2000. Por esa vía se reconocía oficialmente la legitimidad de los sindicatos, en un rito que el gobernante Partido Acción Nacional no ha querido suprimir.
"En México, la situación de la libertad sindical ha empeorado. El control del Estado y la interferencia en los últimos tiempos ha venido creciendo de manera brutal", declaró a IPS el brasileño Kjeld Jakobsen, presidente del no gubernamental Instituto Observatorio Social y miembro del jurado.
"Nos encontramos preocupados, sorprendidos y hasta escandalizados por la gravedad de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están ocurriendo en México", indicó el tribunal en una declaración preliminar.
Los sindicatos acusan al Estado mexicano de violar los convenios 87, sobre libertad sindical, y 98, sobre la contratación colectiva de trabajadores, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como acusada de cargo, la Secretaría del Trabajo fue convocada a asistir a las audiencias públicas, pero no se hizo presente.
"Constatamos la ausencia de justicia laboral, independientemente de excepciones que no afectan la tendencia general", declaró este miércoles en rueda de prensa Luís Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos y miembro del tribunal.
La OIT ha recibido varias quejas de sindicatos mexicanos sobre el irrespeto a los convenios suscritos por el país, donde existen unos 19.000 sindicatos y federaciones de trabajadores. El SME ya anunció que presentará su pliego respectivo.
Paradójicamente, México pertenece al Comité de Libertad Sindical de ese organismo internacional para el periodo 2008-2011.
En su récord en el Comité, México tiene cinco casos activos y 43 cerrados. El último es el presentado el 9 de septiembre por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Transformadora de la Madera y por la Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de las Industrias del Metal, ambos de la capital mexicana.
El gobierno de Calderón mantiene conexiones ambiguas con los sindicatos, según su cercanía o lejanía política.
Por ejemplo, mantiene desde 2006 una pugna con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, cuyo líder Napoleón Gómez vive en Canadá desde ese año mientras afronta en México una denuncia penal por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso del sector.
La Secretaría del Trabajo se ha negado persistentemente a entregarla la "toma de nota" a Gómez, quien ha sido reelecto cinco veces consecutivas al frente del sindicato.
Pero su trato hacia el SNTE, el más grande de América Latina con 1,4 millones de afiliados, es muy diferente, pues le ha prodigado deferencias especiales, que incluyen obstáculos al reconocimiento legal y oficial de la disidencia, la CNTE.
Una de las prácticas en boga son los Contratos Colectivos de Protección Patronal, vínculos celebrados, firmados entre los dirigentes sindicales y los empresarios y cumplidos al margen de los trabajadores y que no garantizan sus condiciones laborales.
En un estudio patrocinado por la alemana Fundación Friedrich Ebert, Alonso Bouzas, académico de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, encontró unos 9.000 contratos de este tipo celebrados entre 1970 y 2008, especialmente en el ramo de la construcción.
"Estos contratos pretenden proteger al patrón de que los trabajadores se organicen y cercena la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo", indicó Bouzas a IPS.
México se ha negado a suscribir el Convenio 154 de la OIT sobre el Fomento de la Negociación Colectiva.
"Nuestro deber es hacer llegar el fallo del tribunal a todas las instancias interestatales que observan los derechos humanos y a la OIT", concluyó Pérez.
