Los países que integran la ONU se comprometieron en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, a eliminar todas las leyes nacionales que consagran la discriminación basada sobre el género. ¿Cumplieron?
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y femeninos han procurado infructuosamente la designación de un relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) dedicado a detectar esas normas.
Tal cargo sería redundante, según evaluaron el Consejo de Derechos Humanos y el cuerpo que le sucedió, la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, desecharon la propuesta.
La ONU cuenta actualmente con una treintena de relatores especiales, dedicados al estudio de temas internacionales (el derecho a la educación, la condición de los migrantes y la violencia contra las mujeres, entre otros) o nacionales (como la situación humanitaria en Belarús o en Sudán).
Pero el reclamo de que un alto funcionario del foro mundial constate la existencia de leyes discriminatorias ha caído en saco roto.
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Con la segunda conferencia de revisión del cumplimiento del Plan de Acción de Beijing programada para marzo próximo en la sede neoyorquina de la ONU, la cuestión volvió a ser motivo de campañas por parte de la sociedad civil internacional.
En 2005, una resolución de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU llamó a "considerar la conveniencia de designar" un relator especial.
Una segunda resolución, aprobada el año siguiente, llamaba a la provisión del cargo "tomando en cuenta los mecanismos existentes, con el fin de evitar la duplicación" de tareas con otros órganos o funcionarios del foro mundial.
"Si la ONU pretende mantener su credibilidad y no ser desacreditada como una mera tertulia, debe asegurarse de cumplir urgentemente con su compromiso de remover las leyes discriminatorias contra las mujeres", indicó el año pasado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Se prevé que el Consejo de Derechos Humanos acepte o rechace la propuesta esta semana o la próxima en la sesión que se desarrolla en su sede en Ginebra. La moción al respecto es copatrocinada por Ruanda, Djibouti, Kenia, Benin y Congo, y rechazada, entre otros países, por Egipto, Pakistán y Sudáfrica.
La oposición a la iniciativa se basa sobre la convicción de que los relatores especiales hoy en funciones pueden tratar el asunto.
"Nos parece muy curioso que Sudáfrica, que copatrocinó la misma iniciativa ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, sea ahora uno de los principales opositores", dijo a IPS la directora de la oficina en Nairobi de la organización Equality Now, Faiza Jama Mohammed.
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Equality Now, han realizado durante 15 años el análisis de las leyes nacionales para el cual la ONU se resiste a nombrar un relator especial.
En ese periodo hubo pocos cambios en la cantidad de leyes discriminatorias. Y, como las mujeres gozan de protección legal, carecen de espacio y de recursos para lograr que sus derechos sean reconocidos, según activistas.
La posibilidad de designar un relator especial fue formulada en 2005, cuando se revisó el cumplimiento de los compromisos de Beijing 10 años después de la conferencia. "Ya era claro" entonces que los gobiernos estaban omisos, evaluó Mohammed.
En la capital china, los países se comprometieron a eliminar las leyes discriminatorias antes de 2005. "Hoy, cinco años después, todavía existen leyes discriminatorias en todo el mundo", se lamentó.
En algunos países, las normas permiten a los hombres someter a sus esposas a actos de violencia si ellas son "desobedientes" y él "necesita corregirlas", ejemplificó.
La edad mínima para contraer matrimonio es, en muchas naciones, menor para las niñas que para los niños. Algunos estados permiten a los hombres tener muchas esposas, o incluso violarlas.
En ciertos países se les niega a las mujeres el derecho al voto, a conducir vehículos, a poseer propiedades o a presentarse como candidatas, "a pesar de las reiteradas promesas de los gobiernos", dijo Mohammed.
Las leyes discriminatorias vigentes en países de todo el mundo tienen como consecuencia volverlas vulnerables a la violencia, impedir su participación plena en la sociedad y bloquearles el camino a la equidad.
Organizaciones de derechos humanos han reclamado en los últimos cinco años la creación de un mecanismo especial dentro de la ONU para alentar a los gobiernos a acelerar sus esfuerzos por la derogación de leyes discriminatorias y para asistirlos en la tarea.
