La violencia sexual es un arma de guerra en Colombia, la utilizan todos los actores del conflicto y tiene a las mujeres y niñas como sus grandes víctimas, acaba de ratificar un informe de Intermón Oxfam que avala denuncias de otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El informe "La violencia sexual en Colombia: un arma de guerra" viene a dar renovada proyección a lo que en las últimas dos décadas reiteran organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de negritudes, de campesinas y de parlamentarias, sin despertar la sensibilidad esperable en los órganos decisorios del Estado, del gobierno y en la sociedad.
Con un conflicto armado que supera las cuatro décadas, el dolor ha sido soportado con mucha soledad y más impotencia por los grupos de la población civil especialmente vulnerables, como lo confirmaron testimonios y material audiovisual proyectado durante la Cumbre Mundial de Paz, realizada en Bogotá del 1 al 4 de octubre.
El desplazamiento forzado habría afectado a más de cuatro millones de personas desde 1995 a abril de este año, según datos de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
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En torno a 10 por ciento de la población colombiana de unos 42 millones de personas ha debido desplazarse por razones del conflicto, según esta organización.
Mayoritariamente se trata de campesinos, negros o indígenas, obligados a salir de sus tierras de manera forzada y testigos frecuentes del asesinato de parientes o la violación de mujeres.
En armas contra el Estado permanecen las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras siguen activos sectores del paramilitarismo de extrema derecha, pese a que entre 2002 y 2006 se anunció la desmovilización de decenas de miles de sus efectivos.
MARCAS IMBORRABLES
Intermón Oxfam y otras organizaciones humanitarias aseguran que del total de población desplazada, 60 por ciento son mujeres y de ellas, dos de cada 10 se movilizan para huir de la violencia sexual.
Los datos no son verificables por cuanto "las mujeres en muchos casos no denuncian por temor o vergüenza", dijo a IPS Alexandra Quintero, coordinadora del área de investigaciones de la no gubernamental corporación Sisma-Mujer, que realiza informes anuales sobre la violencia cometida contra las mujeres en distintos ámbitos.
Violencias que han logrado producir demencia temporal o definitiva en las víctimas, atestiguaron participantes en la Cumbre Mundial de Paz. "O marcas imborrables", como lo aseguró a IPS una mujer negra de 53 años, natural del noroccidental departamento de Chocó.
María, el nombre ficticio con que pidió ser registrada, recordó que en Chocó, "antes de que llegara el conflicto, vivíamos tranquilos a la orilla del río Atrato. Eso fue hasta 1988, más o menos, cuando empezó la guerra más cruel. Escuchábamos un motor y quedábamos paralizados", recordó.
Chocó es un departamento situado en la costa colombiana del sobre el océano Pacífico, cuya población mayoritariamente negra o mestiza soporta los mayores índices de pobreza del país y donde el transporte se hace en su casi totalidad por ríos y cañadas.
"A la gente la sacaban a media noche de su cama, mataban a los hombres y abusaban a las mujeres", continuó María con un dejo de voz que mezclaba rabia e impotencia.
María conoció a una mujer violada por varios guerrilleros, pero también fue testigo de la crueldad de los paramilitares y supo de hechos cometidos por soldados en contra de otras pobladoras de la zona.
"Ese es un trauma que nunca se le quita a la persona por más que se hable de reparación. Porque eso lo siente la mujer carnalmente, y aunque sea una señora mayor, lo que una mujer no quiere permitir en su cuerpo no debería suceder", reflexionó María.
Por eso, ahora integra el grupo de mujeres chocoanas que promueve "organizarse, hacer plantones de protesta y despertar". "Necesitamos participar más y hacernos visibles porque hemos sido muy azotadas", aseguró.
CULTURA MACHISTA GANA A LEYES MODERNAS
La lucha persistente de las mujeres llegó a los ámbitos jurídicos y legislativos y logró incidir en el contenido de algunas leyes y en la promulgación de otras, que incluyen su realidad de víctimas y su derecho a reparaciones.
Sin embargo, "los avances legislativos parecen no tener efecto en la realidad", anotó Quintero.
Habría que tener en cuenta que la modernización de la legislación no ha cambiado la esencia cultural y de agresiones que "se producen en un país particularmente machista y patriarcal", explicó San Pedro, la experta responsable del informe de Intermón Oxfam, durante su lanzamiento en Madrid.
En su informe calcula que, "entre 60 y 70 por ciento de las mujeres colombianas ha sufrido alguna modalidad de violencia sexual, física, psíquica o política", en una estadística que desborda el conflicto.
Y es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años. Las fuentes consultadas por IPS coinciden en que la política de seguridad democrática impuesta por el gobierno derechista del presidente Álvaro Uribe incidió en el aumento de la violencia contra las mujeres.
"Esa política ha representado mayor inseguridad para las mujeres, porque la mal llamada desmovilización de grupos paramilitares, que siguen con el control en muchas regiones, afecta en especial a mujeres, niñas y adolescentes", dijo a IPS María Eugenia Ramírez, de la Mesa de Trabajo del Instituto Latinoamericano de Derechos Alternativos, con sede en Bogotá.
"Con violencia sexual, mutilación genital, acoso, reclutamiento forzado, entre otras expresiones. Conclusión: el conflicto armado exacerba las violencias que históricamente han vivido las mujeres", agregó Ramírez.
Quintero anticipó que esta conclusión es ratificada por los resultados del informe que en noviembre va a presentar la Red Nacional de Mujeres y que fue coordinado por su organización.
En él se confirmaría que el número de violaciones a los derechos humanos en general, cometidos por miembros de la fuerza pública en particular, se ha triplicado desde 2006.
"En este aparte incluimos información de la (no gubernamental) Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Instituto de Medicina Legal", dijo Quintero, al precisar que el estudio incluye la vulneración de derechos humanos de la población en general.
El informe, ahora en fase de verificación, confirmaría que ni la situación de vulnerabilidad general, ni la que atañe exclusivamente a mujeres, niñas y adolescentes habría mejorado en comparación con informes anteriores.
El estudio correspondiente a 2007 recogió un dato alarmante de la CCJ. "En el periodo enero 2002 – junio 2006, en promedio en Colombia cada día murió una mujer en forma violenta", recordó.
La Escuela Nacional Sindical aportó en 2005 algunos detalles. "Las mujeres sindicalizadas sufrieron 15 femicidios, 102 amenazas de muerte; 10 detenciones arbitrarias, 15 hostigamientos y persecuciones por su actividad sindical; dos atentados de muerte, siete desplazamientos forzados y un secuestro", desgranó en un reporte.
Otra estadística la presentó la Corte Constitucional a comienzos de este año, con base en datos aportados por organizaciones de mujeres. De 518 víctimas desde 1993 se registraron 183 testimonios de agresión sexual.
El documento atribuye 58 por ciento de las agresiones a los paramilitares, 23 a la fuerza pública, ocho por ciento a la guerrilla y el resto a desconocidos.
Todos los informes tienen variables, pero coinciden en un agravante del drama colectivo: la impunidad. El informe que presentará Sisma-Mujer en noviembre registra que "ésta se mantiene en 97 por ciento", adelantó Quintero.
"No hay un espacio geográfico en el país en el que las mujeres puedan sentirse seguras", denunció San Pedro, antes de subrayar que "las mujeres afrocolombianas y las indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual, dada la triple discriminación que sufren a causa de su género, su etnia y su pobreza".
