En siete décadas de gobierno en México, el PRI creó sindicatos a medida y mantuvo con ellos una relación de subordinación. Ahora, es el conservador PAN, heredero de ese matrimonio de conveniencia, el que interviene en un conflicto entre trabajadores y apura la desaparición de la firma estatal que los contrata.
El gobierno de Felipe Calderón, del PAN (Partido Acción Nacional), aprovechó un conflicto interno en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que agrupa a los trabajadores de la empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para intervenirla y planear su desaparición y con ello también la muerte de la organización de sus empleados.
El PAN, que sustituye en el gobierno de México al PRI (Partido Revolucionario Institucional) desde 2000, mantuvo una política de incentivos de distinta naturaleza a las centrales sindicales que apoyan su línea de acción, como hacía su antecesor, mientras castiga a las rebeldes.
En el último capítulo de esta historia de amor y odio entre el gobierno y los sindicatos, agentes de policía tomaron la noche del sábado la sede de LyFC y sus delegaciones territoriales,
"A nadie se le esconde, por más que el gobierno lo quiera ocultar, que detrás (de esta acción) está la privatización del sector. Están tratando de quitar del frente a quien más se ha opuesto a eso", dijo a IPS Alejandro Vega, investigador del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).
El SME es uno de los sindicatos históricos del país y uno de los más combativos. Es heredero de la Liga Mexicana de Electricistas, nacida tres años antes, en 1911. En julio pasado organizó sus elecciones para definir un nuevo periodo de su máxima dirección y por la cual compitieron el actual secretario general, Martín Esparza, y el líder de la disidencia, Alejandro Muñoz.
Tras el escrutinio correspondiente, las autoridades electorales del sindicado declararon ganador a Esparza, quien ocupaba ese puesto desde agosto de 2005, pero Muñoz acudió a los tribunales laborales para protestar por lo que calificó de votaciones anómalas.
De hecho, se halló que hubo 3.827 votos de más, sobre un padrón de 8.527 afiliados. Por esa razón, la Secretaría (ministerio) de Trabajo se negó a avalar la victoria de Esparza.
La llamada "toma de nota" es una herencia del régimen del PRI, mediante el cual el gobierno reconocía la legitimidad de los sindicatos, en un rito que el PAN no ha querido suprimir.
"Hay muchas cosas por mejorar en el sector eléctrico y LyFC superaba la capacidad del gobierno para manejarla, pero los problemas van más allá, como los subsidios, que benefician a quienes más consumen y que pueden pagar más por el servicio", sostuvo ante IPS María Capello, investigadora del no gubernamental Centro de Investigación para el Desarrollo.
Con la medida adoptada en las últimas horas, el gobierno conservador de Calderón mata dos pájaros de un tiro: liquida una empresa que considera ineficiente y, de paso, neutraliza a un sindicato ajeno a sus interesas y cercano con la izquierda.
EMPRESA EN PROBLEMAS
En un mensaje televisado a la nación el domingo por la noche, Calderón argumentó que LyFC está en quiebra financiera y que no puede operar bajo esas condiciones. "El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible, sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos", sostuvo.
Según la información oficial, la firma estatal afronta un déficit anual de unos 3.200 millones de dólares y en 2010 hubiera necesitado de unos 23.000 millones para subsistir. Entre 2003 y 2008, sus ingresos se ubicaron en unos 17.700 millones de dólares, pero sus costos llegaron a unos 32.500 millones, según las cifras gubernamentales.
El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló en un reporte reciente que la productividad de los trabajadores de LyFC cayó entre 2000 y 2008 de 852 a 751 megavatios/hora.
La empresa estatal eléctrica, que compra energía a la también estatal Compañía Federal de Electricidad (CFE) para distribuirla en la capital mexicana, los centrales estados de México, Morelos e Hidalgo y el sureño territorio de Puebla, es uno de los símbolos de la nacionalización de esa industria, que comenzó en 1938 y culminó en 1960.
En 1994, un decreto presidencial descentralizó la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para transformarla en la actual LyFC, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
La CFE asumió la operación de las plantas de LyFC, que atendía a 5,2 millones de usuarios en 132 municipios del centro del país y cuya plantilla llega a unos 66.000 trabajadores, unos 44.000 de ellos activos y el resto jubilados dependientes de la firma.
"El número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el sistema eléctrico, sino porque así lo exigía el Contrato Colectivo de Trabajo. Y estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al ente, sino que también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio que se debía prestar", manifestó Calderón.
El sindicato arguye, por su parte, que las medidas gubernamentales se deben al deseo de ceder la red de fibra óptica de la empresa, de más de 1.000 kilómetros de largo, a corporaciones privadas. LyFC ya había pedido autorización a la Secretaría de Transporte y Comunicaciones para aprovechar ese tendido, que ahora quedaría anulada por la intervención oficial.
Esa red permitiría la oferta del llamado "triple play", la convergencia de telefonía, servicio de televisión por cable e Internet a través de la fibra óptica. Dos compañías privadas son las que monopolizan ese mercado en México.
El SME ya anunció marchas de protesta y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad de la decisión del gobierno.
"No sabemos nada, no sabemos qué va a pasar. El gerente de la sucursal no se ha aparecido", dijo a IPS un trabajador de LyFC. La oficina a la que está asignado, localizada en un barrio del sur capitalino, permanecía cerrada este lunes.
RELACIONES AMBIGUAS
El SME no ha sido el único blanco de señalamientos oficiales. El gobierno mantiene una pugna también con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, cuyo líder Napoleón Gómez vive en Canadá desde 2006 mientras enfrenta en México una denuncia penal por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso del sector.
Pero el gobierno de Calderón no ha procedido de la misma forma con otros poderosos sindicatos, como el de los trabajadores petroleros de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) o el de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
En ambos casos se ha apoyado en ellos para diseñar y ejecutar políticas para ambos sectores. Pemex construirá en la localidad de Tula, a unos 100 kilómetros de la capital mexicana, una refinería, proyecto que cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Paralelamente, la Secretaría de Trabajo se ha negado a reconocer la inscripción legal de un sindicato petrolero disidente.
Respecto del SNTE, el más gran de América Latina, el gobierno le ha prodigado un trato preferencial. En 1992 firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, cuyo objetivo último sería el mejoramiento de la enseñanza en el país, y en mayo de 2008 ratificaron esos vínculos con la rúbrica de la Alianza por la Calidad de Educación.
Para sus críticos, ambos convenios fueron una concesión del gobierno para tener el respaldo político del SNTE.
"Hay una doble moral y una intencionalidad política. El procedimiento tiene muchos flancos débiles legales. Si las instancias procedieran conforme a derecho, es un decreto que tendría que ser derogado", apuntó Vega.
"Si el gobierno quería demostrar su fuerza para enfrentar a los poderes fácticos, ¿por qué no escogió a uno de los que juegan como sus aliados? Tratándose de sindicatos omnipotentes el SNTE, por ejemplo, o el de PEMEX— resulta emblemático que se haya tratado de una organización protoperredista (el SME, afín al izquierdista Partido de la Revolución Democrática)", dijo en su editorial de este lunes el diario capitalino El Universal.
En agosto de 2005, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, de la CFE, quedó acéfalo por la muerte de su eterno líder, Leonardo Rodríguez, cuyo cargo pasó a manos de su sobrino y actual dirigente Víctor Fuentes, sin elecciones de por medio.
Ante ello, el gobierno mexicano guardó silencio y la extendió la respectiva "toma de nota" sin dudar.
"Lo que tenemos es una serie de grupos de interés que velan por sus propios intereses. Los principales responsables son los gobiernos que ha habido, y el PAN no ha logrado romper con esa tradición", afirmó Capello.
La liquidación de LyFC, apoyada unánimemente por las cámaras empresariales y que costará al erario unos 1.500 millones de dólares, sería el primer paso de la agenda legislativa del PAN, que quiere impulsar una reforma del sector eléctrico para profundizar el esquema de generación eléctrica privada.
La Ley del Servicio Público de Electricidad, que rige el rubro, establece que empresas privadas pueden generar energía para su propio consumo y venderla a la CFE.
