El gobierno de Perú intenta blindar a las Fuerzas Armadas y policiales de investigaciones por delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en zonas convulsionadas por protestas sociales o en las que están activos dos grupos armados remanentes del maoísta Sendero Luminoso.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso legislativo un paquete legislativo que limita la acción de los fiscales y concede atribuciones extraordinarias a las autoridades castrenses.
Uno de los proyectos contempla la introducción en el Código Penal de la no imputabilidad de militares y policías que maten o hieran a civiles en el cumplimiento de funciones en las llamadas "zonas de emergencia", áreas controladas por las fuerzas de seguridad por mandato del Poder Ejecutivo, tanto por amenaza "terrorista" como por movilizaciones sociales violentas.
La iniciativa presidencial también propone que los fiscales, antes de denunciar a militares y policías por presuntas violaciones de derechos humanos en las "zonas de emergencia", deban contar con un "informe técnico" obligatorio emitido por los institutos armados o policiales. Ese informe debe sustentar por qué los acusados hicieron uso de la fuerza que causó las muertes o las lesiones.
El Ejecutivo remitió asimismo un proyecto de ley sobre el objeto, el alcance y la definición del término "uso de la fuerza" por parte de efectivos de la Policía Nacional, que precisa en qué situación un agente está exceptuado de responsabilidad cuando sus acciones tienen resultados letales.
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Si el policía acusado justifica que usó la fuerza letal por "la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, la hostilidad del entorno (
), estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa", señala el proyecto suscrito por el presidente Alan García.
La iniciativa fue remitida al Congreso precisamente cuando la Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó que en el mes de 30 de septiembre de este año se registraron 288 conflictos sociales, marcando un crecimiento de casi 62 por ciento respecto del mismo mes de 2008, cuando se detectaron 177 casos.
Un tercer proyecto del gobierno atribuye a los miembros de los institutos militares y policiales la prerrogativa de levantar cadáveres de efectivos de las fuerzas de seguridad sin la presencia de fiscales, como exigen las normas vigentes, lo que entraña que los uniformados pueden alterar un escenario del crimen sin autorización fiscal.
El paquete de proyectos siguió a una intensa campaña de sectores conservadores y militaristas que acusan a organizaciones no gubernamentales de promover acciones judiciales contra uniformados que cumplen funciones contra las protestas sociales y la guerrilla.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, argumentó que los militares quedaron desprotegidos legalmente desde que se les atribuyó sin fundamento un alto número de crímenes cometidos durante la guerra interna (1980-2000) entre fuerzas de seguridad y guerrillas izquierdistas.
El informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en agosto de 2003, determinó que en ese período murieron o desaparecieron 69.280 personas, víctimas de la insurgencia o de la represión estatal, si bien la mayor parte de los crímenes, entre 54 y 60 por ciento fueron atribuidos a la guerrilla maoísta de Sendero.
Rey se refirió a varios notables crímenes de civiles y los calificó "excesos", insistiendo en que fueron muy pocos.
"Si ustedes suman todos esos excesos que ha habido: Barrios Altos (3 de noviembre de 1991), La Cantuta (19 de julio de 1992), Accomarca (14 de agosto de 1985), incluso Putis (13 de diciembre de 1984) u otros, no llegan a mil (las víctimas). No estoy diciendo que las cifras no sean importantes, basta una persona maltratada o asesinada para que nos escandalicemos, pero no es justo atribuirle 21.000 muertes a las Fuerzas Armadas", afirmó.
Después de que las autoridades judiciales desenterraron parte de los 123 cuerpos de civiles asesinados por el ejército en Putis, una comunidad altoandina de la sureña región de Ayacucho, el ministro afirmó que más importante que ese caso eran los juicios por violaciones a los derechos humanos contra militares que combaten a Sendero en el valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), zona selvática del sudeste del país.
Los proyectos de ley fueron cuestionados por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.
"Desde que se propone que el Ministerio Público no puede abrir una investigación o proceder a una denuncia sin antes tener un informe técnico, se está condicionando la actuación de los fiscales", dijo. "La Constitución señala que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, conduce, dirige y dispone una investigación y no está sujeto a condición alguna".
"No creo que los militares y policías necesiten de un manto de encubrimiento", indicó Echaíz.
El vicepresidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Carlos Bruce, también expresó reservas sobre la constitucionalidad del paquete de proyectos, especialmente el que pretende imponer al Ministerio Público que no proceda a ejercer la acción penal antes de recibir un "informe técnico" de las fuerzas de seguridad.
"Coincido que en situaciones de emergencia no se puede juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas de la misma manera que en situaciones de normalidad, pero no estoy de acuerdo en condicionar la actuación de la fiscalía en un función de un informe previo de organismos del Ejecutivo. La fiscalía debe tener independencia", dijo Bruce a IPS.
Al contrario de lo que suponen los que quieren blindar a las Fuerzas Armadas, los proyectos de ley dañan la imagen de los institutos armados, declaró a IPS el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra.
"Cualquier iniciativa legal para asegurar impunidad afecta a los militares que sacrificada y justificadamente luchan contra el terrorismo", dijo Gamarra. "No se favorece a los militares recortando las atribuciones del Ministerio Público o facultando una intromisión a sus funciones. Entorpecer la actuación que constitucionalmente corresponde a los fiscales, no busca la justicia sino el encubrimiento", agregó.
El primer vicepresidente, vicealmirante retirado Luis Giampietri, planteó que se declarasen "zonas de guerra" aquellos ámbitos donde las Fuerzas Armadas cumplen misión contra la guerrilla, de manera que rijan allí únicamente las normas militares.
Giampietri explicó que eso remediaría el problema de los militares que son investigados, denunciados o juzgados por el cumplimiento del deber.
Los proyectos de ley para asegurar la impunidad de las Fuerzas Armadas y policiales "encajan perfectamente en el pensamiento del vicepresidente Giampietri, quien ha dicho que los fiscales y jueces son obstáculo para los militares", dijo a IPS el activista Roberto Lamilla, coordinador en Ayacucho de la organización no gubernamental Paz y Esperanza, que patrocina a las familias de las víctimas de Putis.
"El objetivo es garantizar la impunidad a los militares que cometan excesos. Lo ha dicho con claridad Giampietri: los derechos humanos son obstáculo para la actuación de los militares. Si se aprueban estas leyes habrá un grave retroceso en materia de derechos humanos", sentenció.
