Defender los derechos humanos en Colombia es una tarea cada vez más peligrosa, según los propios activistas, quienes testimoniaron ante una comisión del Congreso legislativo de Estados Unidos en el marco de una campaña internacional en pro de las libertades civiles en este país.
Activistas testimoniaron el martes ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos a raíz del escándalo desatado en Colombia este año, cuando se hicieron públicas grabaciones ilegales de conversaciones entre presuntos críticos del gobierno derechista de Álvaro Uribe.
En esas escuchas aparecen activistas de derechos humanos y sociales, dirigentes políticos, periodistas e incluso miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Los propios protagonistas "notan un aumento de las amenazas contra defensores de derechos humanos y sus familiares, así como agresiones físicas, asesinatos y allanamientos inexplicables a sus oficinas", que aparentan ser robos perpetrados por delincuentes comunes, relató Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la organización U.S. Office on Colombia (USOC, siglas en inglés de la Oficina de Estados Unidos sobre Colombia), con sede en Washington.
La USOC está abocada a defender las libertades civiles en Colombia y es una de las 207 organizaciones no gubernamentales de 23 países que colabora con una campaña internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia. En el marco de esta iniciativa se elaboró una serie de recomendaciones al Estado y al gobierno de Uribe para revertir la situación.
"Los activistas colombianos están sujetos a todo tipo de violaciones a los derechos humanos", coincidió Andrew Hudson, de Human Rights First, con sede en Estados Unidos. "Torturas, amenazas, abusos del servicio de inteligencia estatal, estigmatización sistemática, juicios penales infundados e impunidad" son prácticas habituales contra ellos.
La mayoría de las denuncias contra las escuchas ilegales señalan como principal responsable al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia que depende de la presidencia de Colombia.
El DAS se expandió considerablemente desde su fundación en los años 50. Pero tras el escándalo de las escuchas telefónicas y, en especial, del descubrimiento de la grabación de una conversación entre un magistrado de la Corte Suprema y un agregado de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Uribe ordenó reformar la agencia, darle un cometido más específico y hasta cambiarle el nombre.
Uribe, montado en altos índices de aprobación, se propone reformar la Constitución para poder aspirar a un tercer mandato consecutivo. En la audiencia del martes, Nicholls elogió la decisión de modificar el DAS, pero alertó que también debe eliminarse "la capacidad del presidente y de sus asesores de ordenar operaciones de inteligencia sin salvaguardas ni supervisión".
El gobierno de Estados Unidos, aliado de Bogotá, debe impulsar y garantizar esos cambios, sostuvo la directora ejecutiva de USOC.
El control de Washington fue un importante asunto de debate en la tarde del martes porque los 545 millones de dólares de asistencia que Estados Unidos otorgó este año a Colombia lo convierten en un actor clave de la reforma constitucional, según los declarantes.
El acuerdo alcanzado a mediados de este año entre ambos países para aumentar la presencia de efectivos estadounidenses en bases militares colombianas, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el "terrorismo", no hizo más que aumentar la sensación de que los vínculos bilaterales son fuertes, al tiempo que motivaron la condena de gobiernos izquierdistas de países latinoamericanos.
La mayoría de las acusaciones apuntan al DAS como responsable de las escuchas, pero Nicholls señaló que los servicios de inteligencia del ejército y de la policía también han espiado a defensores de los derechos humanos colombianos. "Muchas de esas unidades recibieron apoyo, entrenamiento y equipos de Estados Unidos", añadió.
Entre los declarantes se encontraba Príncipe Gabriel González, quien aboga por un trato mejor para los presos políticos de su país. Él mismo pasó un año en la cárcel condenado en primera instancia de comandar un grupo guerrillero vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero fue absuelto en 2007.
En marzo de 2009, lo volvieron a sentenciar a siete años de prisión por los mismos cargos. El fallo fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia y la orden de detención fue suspendida.
El caso de González es uno de los muchos sobre acusaciones infundadas contra defensores de derechos humanos en Colombia para dificultarles su labor, reiteraron los declarantes.
Otros de los propósitos de esa estrategia, según Human Rights First, es que un presunto guerrillero se convierte en blanco de los grupos paramilitares de ultraderecha, incluso después de levantados los cargos.
También declaró el martes Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, especialmente crítico del gobierno derechista de Uribe, y uno de los principales blancos de operaciones de espionaje como las realizadas por el DAS.
Alirio Uribe, director de esa organización, relató en septiembre al diario The New York Times que un "escalofrío le corrió por la espalda cuando descubrió el tiempo destinado por el DAS a vigilar sus movimientos".
Los documentos que obtuvo sobre el espionaje del que había sido objeto incluyen fotografías de sus hijos y pruebas de que el DAS llegó a alquilar un apartamento cerca de su casa para vigilarlo mejor.
Ese tipo de archivos deben ser destruidos, declaró el martes Margaret Sekaggya, relatora especial de las Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, James McGovern, del gobernante Partido Demócrata, señaló que esos documentos fueron compartidos con la Casa Blanca y con otros, lo que demoró la entrega de visas a algunos de los ciudadanos colombianos.
González esperó cuatro meses a que le otorgaran la visa, según Hudson, de Human Rights First, lo que finalmente consiguió gracias a la intervención de McGovern.
"Queda mucho por hacer para garantizar un ambiente seguro y propicio para los defensores de derechos humanos" de Colombia, declaró Sekaggya al término de una misión de investigación en ese país, realizada del 7 al 18 de septiembre.
"El gobierno debe investigar y procesar a los responsables de las amenazas" contra los activistas de derechos humanos, señaló el martes, y remarcó que los funcionarios estigmatizan de forma sistemática a los defensores de derechos humanos acusándolos de guerrilleros.
Tras su reunión con Sekaggya, Uribe declaró que "la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia en un país como Colombia, que se enorgullece de estar totalmente abierto al escrutinio internacional en la materia".
"Ahora el gobierno debe cumplir su promesa", añadió.
