La relación hostil entre medios y gobiernos de América Latina está convirtiendo la región en un campo de batalla entre distintos tipos de poderes.
Esa pugnacidad la registraron los presidentes latinoamericanos encuestados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe "La democracia en América Latina – Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", publicado en 2004.
Entonces, los gobernantes identificaron a los medios como "un contrapeso a su poder", "los medios informan, opinan, juzgan y condenan", "son un poder influido por intereses económicos, por pasiones, sentimientos e ideas y que a su vez no está sometido a ningún control", "el gobernante se siente hostilizado por la prensa, siempre va a sentirse hostilizado".
Hace cinco años no se pretendía legislar para controlar. En algunos países imperaban leyes de desacato, que permiten a los gobernantes silenciar a periodistas y medios, algunos cargaban con gravámenes a las importaciones de papel o de maquinarias, pero muy pocos se atrevían a imponer silencio por ley.
En este momento, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Honduras están dando ese paso.
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El régimen de Roberto Micheletti en Honduras silenció a una radioemisora y un canal porque eran críticos del golpe de Estado del 28 de junio. Y este mes emitió un decreto que establece medidas para controlar los mensajes de medios de comunicación para evitar que "atenten contra la seguridad nacional y el orden público, la salud o la moral pública".
Para el cierre de emisoras de radio y de un canal de televisión en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez apeló al argumento de la necesaria democratización de las comunicaciones y entregó las frecuencias a emisoras comunitarias que, en teoría al menos, estarán al servicio de las comunidades y potenciarán la voz de la población.
Es el mismo argumento de la presidenta Cristina Fernández, de Argentina, para promover una ley que restringe a 10 el número de frecuencias a las que puede acceder una empresa. El privado grupo Clarín posee 264.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha puesto a los medios bajo "la revisión de licencias adquiridas con permisos de manera irregular".
Las medidas de control se han multiplicado. Un mensaje suscrito por las asociaciones de propietarios de diarios de seis países denuncia el deterioro de la libertad de expresión en el ambiente producido por medidas tan variadas y efectivas como la impunidad para los asesinatos y amenazas a periodistas, las agresiones, el acoso judicial y tributario, la arbitraria asignación de licencias y el otorgamiento caprichoso de la publicidad oficial.
Periodistas de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua denuncian la práctica de sus presidentes de excluir a medios independientes u opositores de sus ruedas de prensa y del acceso a información oficial.
El Congreso legislativo ecuatoriano, donde el gobierno de Correa cuenta con mayoría, discute una nueva ley de comunicaciones que la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mira con preocupación.
Pocos días atrás llegó a Quito una delegación de la SIP que recogerá y evaluará problemas de libertad de prensa en Ecuador. Entre ellos se contaría la creación de sistemas de auditoría y observatorios que ejercerán control sobre los medios, como conclusión práctica de una norma que recuerda a periodistas y empresas sus compromisos y deberes con la sociedad.
Correa en repetidas ocasiones ha acusado a los medios de "mentirosos", "conspiradores", "corruptos y mediocres".
Pero la forma más eficaz de control de la prensa es el manejo de la publicidad oficial. El ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni anotó que "a fin de garantizar la libertad de opinión en el futuro, los Estados deberán dejar de lado leyes insuficientemente precisas y evitar el otorgamiento de facultades discrecionales inaceptables a sus funcionarios".
Esa discrecionalidad se utiliza en Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia, como medio para premiar a la prensa amiga y complaciente y para castigar a la prensa fiscalizadora que, por serlo, acaba tratada como enemiga.
El gobierno argentino miró hacia otro lado cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2007 a una provincia establecer de forma perentoria un sistema de distribución de publicidad oficial no discriminatorio.
Va más allá el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al concentrar la publicidad oficial en medios cercanos a la casa presidencial, actitud que comparte el mandatario Correa, quien agrega gravosos impuestos al papel.
El acoso judicial que soportan periodistas colombianos, promovido por jueces que reclaman rectificaciones según su criterio personal sobre el alcance y redacción de las mismas, es otro instrumento que manejan contra la prensa gobiernos como el de Nicaragua en acciones contra el periodista Fernando Chamorro y contra el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez.
En Venezuela, se esgrime el "delito mediático", que se configura en los tribunales con categorías tan vagas como "promover hostilidad", "generar percepciones falsas" y "tergiversar o manipular noticias", un ropaje jurídico que permite el acoso legal a medios de oposición.
Al evaluar la situación, la SIP registró en la voz de su presidente, Enrique Santos, "el patrón de acoso sistemático en medios independientes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menos grado, Argentina".
Pero se escuchan, además, críticas a la prensa que explican medidas contra ella. La organización Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, aplaudió la norma argentina de servicios de comunicación audiovisual, explicando que "persigue la democratización de los medios y su desconcentración. Es una ley necesaria y valiente, a pesar de la presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas".
También el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, puso la ley argentina como "ejemplo para los demás países" por "garantizar el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación".
El proyecto de la ley de medios de Ecuador utiliza un lenguaje de código ético para dar validez a organismos de control.
Cuando se examinan los reclamos que cinco años atrás hacían los presidentes a la prensa, y se observa la realidad que avanza, se impone la idea de una revancha que llegó contra una amenaza que parecía a punto de arrebatarles el poder.
