Las organizaciones de mujeres chilenas no están dispuestas a perder lo ganado durante el actual gobierno de Michelle Bachelet y, conscientes de la trascendencia que tendrá el voto femenino en las elecciones presidenciales de diciembre, buscan comprometer a los candidatos en la profundización de los avances.
Este viernes, la corporación privada Comunidad Mujer organizó un seminario denominado "Voz de Mujer 2010. Hacia una cultura de igualdad y corresponsabilidad social", al que asistieron los cuatro candidatos que se medirán el 13 de diciembre por la presidencia de Chile.
"Creo que hay un consenso en todos los programas de gobierno en torno a conciliar e integrar la vida familiar y laboral, a apoyar la corresponsabilidad familiar y social y mejorar la participación de las mujeres en los espacios de poder", destacó a IPS Susana Carey, directora ejecutiva de esa organización.
"Estos temas antes ni se conversaban y hoy vemos coincidencias", apuntó
Sin embargo, "echo de menos medidas más concretas, el aterrizaje de las ideas, cómo se va a hacer todo esto. Creo que falta pasar de la declaración de buenas intenciones a los actos más concretos: si van a poner mujeres o no en su gobierno, cómo va a ser el enfoque de género en las distintas políticas públicas" que llevarán a cabo, acotó.
Las mujeres constituyen el 51 por ciento de la población chilena, que asciende a 17 millones de personas, y el 52,5 por ciento del padrón electoral.
Los candidatos a la presidencia para el periodo 2010-2014 son el empresario multimillonario Sebastián Piñera, de la derechista Coalición por el Cambio, el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), de la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, el ex ministro Jorge Arrate, del izquierdista Pacto Juntos Podemos Más, y el joven diputado independiente Marco Enríquez-Ominami.
La centroizquierdista Concertación está integrada por los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD), mientras que la opositora Coalición por el Cambio la componen la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Chile Primero.
Tanto Arrate como Enríquez- Ominami renunciaron a su militancia en el PS para lanzar candidaturas por fuera de la Concertación, críticos de las políticas que ha llevado adelante el gobierno en materia socio-económica, que las ubica dentro de la corriente neoliberal.
También señalan el desgaste político de la coalición que gobierna Chile desde 1990, tras el retorno de la democracia.
Los cuatro candidatos tienen el desafío de superar los logros de la presidenta Bachelet, quien ostenta altísimos niveles de aprobación ciudadana, superiores a 70 por ciento, y se destaca por haber promovido diversos programas e iniciativas legales con enfoque de género.
Entre ellas sobresale una reforma al sistema de pensiones con beneficios especiales para las mujeres, una ley que equipara los suelos de los hombres y otra que permite a las mujeres amamantar a sus hijos menores de dos años en horario laboral.
Bachelet también creó un alabado programa de atención integral a la primera infancia, cuadriplicó las salas cunas públicas y gratuitas e impulsó mejoras laborales para las empleadas domésticas, entre otros avances.
En esta senda, Comunidad Mujer propuso durante el seminario-debate de este viernes un paquete de medidas enfocadas al trabajo y la política.
En el primer ámbito, exhortó a los postulantes a la primera magistratura a modificar la normativa del Código del Trabajo sobre salas cunas, que hoy desincentiva la contratación de mujeres por parte de las empresas, a flexibilizar la jornada laboral y los permisos pre y pos natal, y a capacitar laboralmente a las mujeres más pobres.
La tasa de participación laboral de las chilenas asciende a 41 por ciento, lejos del promedio latinoamericano de 53 por ciento.
Donde hubo mayor debate fue respecto de la flexibilización de la jornada laboral. Los candidatos Frei, Arrate y Enríquez-Ominami concordaron en que antes de materializar una política de esa naturaleza era necesario fortalecer la sindicalización y la negociación colectiva de todos los trabajadores.
La presidenta Bachelet se comprometió a ampliar estos derechos durante su gobierno, pero la crisis económica la llevó a posponer el envío de un proyecto de ley sobre la materia, para evitar que se generaran obstáculos a la generación de empleo.
Ante las críticas de las organizaciones sindicales, este viernes la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, anunció que el controvertido proyecto será discutido recién el próximo año.
"Nosotros no hemos estudiado a cabalidad la negociación sindical. Sin embargo, como principio general, creemos que los sindicatos tienen un rol clave que jugar en cuanto a negociar mejor flexibilidad laboral para sus trabajadores. Si eso requiere un cambio legislativo, habrá que legislar", indicó Carey, de Comunidad Mujer.
En materia política, la institución invitó a los futuros presidentes a asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos del Estado, a apoyar la estancada ley de cuotas que la presidenta Bachelet envió al parlamento y a establecer límites a la reelección de quienes ocupan cargos de votación popular.
Pese a que Bachelet nombró un gabinete ministerial paritario y trató de seguir el mismo principio en los demás organismos públicos, no existe ninguna normativa que lo haga obligatorio, cuestión que preocupa a las organizaciones de mujeres.
Asimismo, el excluyente sistema electoral binominal y la falta de democracia interna en los partidos obstaculizan la presentación de mujeres en las listas parlamentarias. Para las elecciones de diputados y senadores de diciembre las candidaturas femeninas representan apenas 16 por ciento del total.
Por otra parte, esta semana la no gubernamental Corporación Humanas lanzó un blog para que las mujeres se informen y condicionen su voto en las próximas elecciones.
La organización feminista elaboró un pliego de demandas políticas sobre la base del trabajo que realizan diversas organizaciones de mujeres, como el Movimiento Pro Emancipación de los Derechos de la Mujer Chilena, el Observatorio Género y Equidad, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Estas organizaciones exigen la aprobación de una ley de iniciativa popular que permita a la ciudadanía presentar proyectos al parlamento y "capitalizar" los avances del gobierno de Bachelet en materia de participación política de las mujeres, manteniéndose un gabinete paritario y aprobándose una ley que garantice 50 por ciento de candidaturas femeninas al congreso, alcaldías y concejalías.
Otra antigua demanda insatisfecha de estas organizaciones es la despenalización del aborto y la distribución de anticonceptivos de emergencia a quienes lo requieran.
Además, exigen "el diseño y aprobación de una legislación integral, y políticas públicas coordinadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y el femicidio" y "la inclusión del trabajo doméstico y de cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales".
