La renovación de las autoridades judiciales en Guatemala quedó bajo la lupa de la sociedad civil, que pretende lleguen al puesto los profesionales más probos y reconocidos y acabar así con la altísima impunidad, que llevó a este país a ser un paraíso para delinquir.
La novedad del proceso para elegir los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y de tribunales de apelaciones para el período 2009-2014 es la entrada en vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación, que abrió la puerta a la fiscalización de la ciudadanía.
Además, como su nombre lo indica, creó las comisiones de candidaturas para ambas cortes, cuyo trabajo se centró en la calificación de expedientes de más de 1.000 aspirantes. Aspectos como la carrera judicial, el ejercicio profesional y la ética fueron ponderados en la calificación.
Las comisiones, instaladas el 12 de agosto, finalizan este lunes la selección de 26 candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia y 180 para las cortes de apelaciones. Entre ellos, Posteriormente será el parlamento el que elegirá a 13 magistrados de entre ellos para el máximo organismo judicial y 90 para las cortes, quienes serán impuestos en su cargo el 13 de octubre.
Para lograr que al Poder Legislativo lleguen los candidatos idóneos, la sociedad civil puso manos a la obra. El Movimiento Cívico, el Pro Justicia, y la Convocatoria Ciudadana Humanos son los nombres de algunas agrupaciones que han tenido un papel protagónico en la fiscalización del proceso de selección de candidatos.
Uno de las funciones clave de estos grupos ha sido denunciar a personajes que tienen cuentas pendientes con la justicia. "Esperamos que las denuncias documentadas sean lo suficiente para eliminar al candidato denunciado de la lista final", dijo a IPS Ana María de Klein, dirigente de la agrupación Pro Justicia, que ha descalificado a más de 100 candidatos para ambas cortes.
En total, las organizaciones de la sociedad civil han rechazado a unos 300 aspirantes, la mayoría para ocupar las cortes de apelaciones.
"Trasladamos denuncias formales con papelería irrefutable de personas afectadas por jueces o abogados —que están participando— y señalamientos basados en publicaciones de prensa", explicó la dirigente.
Entre los señalamientos de las organizaciones civiles a estas personas se mencionan vinculaciones con adopciones ilegales, diferentes hechos de corrupción o participaciones en defensa de narcotraficantes.
Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo días atrás en conferencia de prensa que respalda la información trasladada por las organizaciones de la sociedad civil a las comisiones, a la vez que expresó su preocupación porque "es un secreto a voces que hay negociaciones al margen de ellas".
Este jurista español, quien se había mantenido al margen de esta elección, también señaló que existen parentescos entre electores y aspirantes, así como abogados que pertenecen a firmas y que están calificando a sus socios.
Castresana urgió a las comisiones de postulación a depurar las listas de candidatos antes del 21 de septiembre, o de lo contrario advirtió que revelaría los nombres de abogados y jueces que han participado en adopciones ilegales o han trabajado para narcotraficantes.
La elección de las máximas autoridades judiciales no sería vital si no fuera porque en este país de 13 millones de habitantes mueren violentamente 16 personas por día, mientras que 98 por ciento de los crímenes quedan sin castigo, según la Cicig.
Esta realidad ha motivado a las organizaciones de la sociedad civil a transparentar la elección de los jueces. Su lucha impidió precisamente que la votación para candidatos a las cortes fuera secreta, una medida que habían criticado por "impopular" e "ilegal", no obstante, así había sido normada por los comisionados.
La presentación de varios recursos legales, a través del Movimiento Cívico Nacional, permitió que un juzgado frenara la votación secreta y se pudiera conocer por quién votaba cada uno de los comisionados.
Nery Rodenas, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado católico (ODHA), miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos, dijo a IPS que la nueva Ley de Comisiones de Postulación ha sido valiosa porque ha permitido una mayor participación de la sociedad civil en la fiscalización del proceso de elección.
"Hay más posibilidades para que las cosas cambien. Antes no había tanto interés público, mientras que la ley ha permitido que exista una auditoría social y se advierta un cambio en la transparencia debido al señalamiento de personajes oscuros", expresó.
Sin embargo, Rodenas indicó que le preocupan las acciones intimidatorias contra integrantes de las comisiones de postulación "porque se juegan muchos intereses".
El dirigente hizo referencia al caso de la secretaria de la Comisión de Postulación para cortes de Apelaciones, Mireya Barrera, quien renunció al cargo el 24 de agosto tras ser objeto de amenazas por el trabajo que realizaba.
Guatemala Visible es otra agrupación civil que reúne a unas 35 organizaciones sociales con el propósito de coadyuvar a transparentar el proceso de elección de magistrados.
Este grupo ha puesto a disposición de la población un sitio web en el que informa sobre los aspirantes, las sesiones de las comisiones de postulación e incluso ha elaborado capsulas informativas en lenguas mayas.
"Además de cumplir con la ley que le da a la sociedad civil un nuevo papel para pedir cuentas en la elección de las personas más honorables, estamos en una coyuntura donde la sociedad civil comenzó a reactivarse", dijo a IPS el sacerdote Carlos Cabarrús, encargado del proyecto.
Cabarrús reconoció que su labor fue inspirada por el proyecto "Congreso Visible", desarrollado en 1998 por la Universidad de los Andes en Colombia, cuya misión es fomentar la participación ciudadana mediante el monitoreo y la provisión de información del desempeño de los representantes electos en el Poder Legislativo.
Según el sacerdote, en el trabajo de Guatemala Visible ha sido muy importante la participación de los jóvenes, quienes según dijo "quieren luchar contra la impunidad y están dispuestos incluso a salir a las calles".
Por su parte, Alma Aguilar, del Movimiento Paz Joven Guatemala e integrante de Guatemala Visible, dijo a IPS que "el 70 por ciento de la población guatemalteca es joven y por lo tanto debemos ser garantes y estar pendientes de este proceso".
Al respecto, esta joven de 23 años dijo que son muy importantes todas las denuncias y la información que se ha trasladado a las comisiones de postulación para que sea revisada, evaluada y confrontada.
"Nuestra preocupación real es que la gente que ha tenido algún tipo de impedimento pueda llegar a estos cargos en lugar de las personas más preparadas académicamente y de honorabilidad reconocida", expresó.
Los sectores de la sociedad civil creen que no será tarea fácil llevar a las personas más preparadas y honorables a las cortes del país. Pero están seguros, que la nueva ley de comisiones de postulación ha abierto el camino para empezar los cambios.
