El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo este martes que regresó a su país para dialogar y resolver la crisis que desencadenó el golpe de Estado en su contra, pero el gobierno de facto le contestó con bombas, balas y una violencia nunca vista, sostuvo.
En la madrugada de este martes, fuerzas combinadas de ejército y la policía desalojaron violentamente a unos 20.000 seguidores de Zelaya que desde el mediodía del lunes se apostaron frente a la sede de la embajada de Brasil, donde éste permanece refugiado, según dijo su esposa Xiomara Castro.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, sostuvo que solo había unas 2.500 personas movilizadas y que no hubo un solo muerto, pero sí más de 200 detenidos y 12 heridos, ninguno de gravedad.
Al confirmarse el retorno de Zelaya a Tegucigalpa, el gobierno decretó el toque de queda en todo del país desde la hora local 06:00 hasta las 18.00, el cierre de los cuatro aeropuertos y de las aduanas con El Salvador, Nicaragua y Guatemala. También se suspendió el servicio de telefonía fija y móvil.
Zelaya ingresó clandestinamente a Honduras el lunes a bordo de un avión de un acaudalado empresario hondureño que el domingo salió de Nicaragua hacia El Salvador. Allí el político dialogó con dirigentes del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y luego partió hacia Tegucigalpa para refugiarse en la embajada de Brasil, indicaron fuentes cercanas al ex gobernante.
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El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, confirmó la presencia de Zelaya en el aeropuerto de Comalapa la noche del domingo, pero no reveló detalles. El hondureño, por su parte, indicó que había viajado más de 15 horas a través de las montañas para llegar a Tegucigalpa.
Con apoyo de sectores políticos conservadores, empresarios, el parlamento y la justicia, Zelaya fue depuesto y capturado en su casa en la madrugada del 28 de junio por militares que lo trasladaron en pijama a un avión que lo llevó a Costa Rica.
Este martes, la cancillería hondureña solicitó al gobierno de Brasil que defina si Zelaya tiene estatus de asilado o lo entregue a las autoridades pues, sostuvo, se trata de un prófugo de la justicia y está acusado de delitos comunes como abuso de autoridad e irregular manejo de fondos públicos.
La Corte Suprema de Justicia tiene a estudio una serie de acciones contra el depuesto gobernante.
Aunque Micheletti descartó un allanamiento de la embajada —protegida por el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas— trascendió que un equipo de abogados del gobierno estudia las implicaciones de una acción de esta naturaleza.
En declaraciones a la prensa, Zelaya dijo que a su propuesta de paz y diálogo Micheletti respondió con bombas lacrimógenas, disparos, una antena que producía un ruido insoportable y potentes chorros de un carro lanza-agua.
Zelaya confirmó que tras el desalojo de los manifestantes, las autoridades cortaron los suministros de agua, electricidad y telefonía de la embajada, además de impedir el ingreso de alimentos y de socorristas para atender a personas con quebrantos de salud.
En la sede diplomática permanecen unas 300 personas en condiciones muy difíciles, impedidas de salir por el toque de queda y la inseguridad en las calles, si bien por ahora cuentan con energía eléctrica gracias a un generador a gasóleo.
El gobierno de Brasil se manifestó muy preocupado por la situación y advirtió que no toleraría ninguna agresión a su embajada. Poco después solicitó una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para tratar la crisis de Honduras.
En una carta enviada a los miembros del Consejo, Brasil dijo que está preocupado por "la seguridad del presidente Zelaya y por la seguridad y la integridad física de las instalaciones de la embajada y su personal" y solicitó estar presente en la reunión de ese cuerpo que no integra.
En el operativo de los uniformados fueron muy dañados una decena de automóviles de lujo de residentes cercanos a la embajada, mientras comandos especiales ingresaban a casas contiguas con el presunto fin de atemorizar a Zelaya, a su familia y seguidores.
Grúas del ejército retiraron de la zona unos 10 automóviles de miembros de la resistencia al golpe de Estado, incluyendo dos que transportaban equipos de sonido para animar las marchas que comenzaron el mismo domingo en que Zelaya fue depuesto del cargo.
La policía y el ejército bloquearon las calles próximas a la embajada y, durante unas cuatro horas, persiguieron a manifestantes que intentaban reagruparse y marchar sobre los cordones de seguridad.
En barrios y colonias pobres y de clase media de Tegucigalpa hubo intentos de bloquear las calles, evitados por la policía.
Mientras algunas fuentes estimaron que la presencia de Zelaya en Tegucigalpa abre la posibilidad de una pronta salida a la crisis política, círculos políticos y empresariales estiman que el hecho terminó su carrera política y generó más apoyo para el gobierno de Micheletti y para el proceso hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.
Porfirio Lobo, candidato presidencial del opositor y derechista Partido Nacional (PN), declaró que, según la propuesta formulada por el presidente costarricense Óscar Arias para superar esta situación, las partes en conflicto son Zelaya y Micheletti. "Si los dos están en Tegucigalpa, pues deben iniciar a la brevedad un diálogo para resolver la crisis que vive el país", dijo a Lobo a IPS por vía telefónica.
El plan de Arias contempla el retorno de Zelaya a la Presidencia, un gobierno de integración nacional, amnistía por los delitos políticos y fortalecimiento y supervisión internacional del proceso electoral para escoger a un nuevo gobierno que debería instalarse el 27 de enero de 2010.
Según dijo Lobo a IPS, el bloque de su partido en el parlamento apoyó el 28 de junio la investidura del entonces presidente de Poder Legislativo, Roberto Micheletti, en lugar de Zelaya, pero condicionando ese apoyo al diálogo y la reconciliación de la sociedad hondureña.
Éste es el momento en que Zelaya y Micheletti deben deponer sus intereses personales y dialogar para una pronta salida a la crisis, insistió Lobo, y despejar el camino del proceso electoral, amenazado por un boicot del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Mientras, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) dijo en un comunicado que había recibido "denuncias creíbles de que la policía" hizo "un uso abusivo de la fuerza, recurrió a bastones, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los miles de seguidores de Zelaya".
"Ante las denuncias que hemos recibido y el deficiente desempeño de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado, creemos que las condiciones podrían deteriorarse drásticamente durante los próximos días", dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
