La muerte por desnutrición severa de una veintena de niños y niñas este año en Guatemala, la mayoría en el oriental departamento de Jalapa, evidencia que el fantasma del hambre sigue vivo en este país, afectado por una persistente sequía y la crisis económica global.
Son afectadas por la falta de alimentos a raíz de la sequía unas 54.000 familias que residen en el llamado corredor seco, en el centro y este del país, conformado por los departamentos de Zacapa, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Baja Verapaz y Quiché, mientras que otras 400.000 personas están en riesgo, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
La crisis obligó al presidente de Guatemala el social demócrata Álvaro Colom, a declarar el martes el Estado de Calamidad Pública, lo cual permitirá al gobierno comprar alimentos de emergencia y movilizar recursos sin los requisitos ordinarios de ley de licitaciones.
Simultáneamente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzó la distribución de 20 toneladas de galletas nutritivas en las poblaciones más afectadas.
"Estaba viendo un aumento importante de niños con desnutrición severa e infecciones. En una semana pasamos de tener 10 a 25 niños desnutridos, y en dos meses se murieron ocho", dijo a IPS Juan Carlos Rodríguez, jefe de pediatría del Hospital Nacional de Jalapa, quien dio la voz de alarma de la situación en agosto.
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"Tengo 10 años trabajando en el hospital y nunca había visto algo así", señaló el médico desde Jalapa, lugar donde han fallecido 18 niños por esta causa.
Según Rodríguez, la población afectada no tiene una alimentación de buena calidad, "comen sobre todo tortillas de maíz, frijoles y algunas hortalizas, los cuales no tienen muchas proteínas porque carecen de dinero para comprar carne, pollo o huevos".
Guatemala tiene en la actualidad la mayor tasa de desnutrición crónica infantil en América Latina, al registrar 49,3 por ciento en niños menores de 5 años, mientras que a nivel mundial ocupa el cuarto puesto, según el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (Unicef).
Jalapa es nada más que la punta del iceberg de la desnutrición infantil del país, de modo que a raíz de los casos conocidos en ese lugar se han reportado cientos en otros departamentos.
De hecho, no existe certeza de la cantidad de muertes por desnutrición dado que el Sistema Nacional de Salud no cuenta con mecanismos confiables de información, admitió la Sesan, tras conocerse un estudio de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el cual se afirma que de enero a junio han fallecido 462 personas por desnutrición, entre ellas 54 niños y niñas.
"De enero a la fecha hemos atendido a 144 niños, 90 por ciento de ellos con problemas de desnutrición crónica y el resto por desnutrición severa", dijo a IPS Karin Morales, nutricionista del hospital nacional de Santa Cruz del Quiché, en el noroeste del país.
Precisamente en ese lugar falleció una de las últimas víctimas por desnutrición. "La semana pasada atendimos a una niña pero sus padres insistieron en sacarla del hospital. En su casa empeoró y cuando la trajeron nuevamente fue demasiado tarde", lamentó Morales.
Según la médica, la desnutrición es un problema multicausal en el cual incide la falta de educación y de presupuesto familiar así como la sequía.
La gravedad de la situación en todo el país provocó la llegada al país del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter.
Al cabo de su visita el sábado pasado, el funcionario ofreció una conferencia de prensa en la cual exhortó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de Guatemala en favor de la seguridad alimentaria.
"Siendo un país rico (en recursos naturales y producción de bienes), Guatemala tiene desigualdades muy marcadas, que generan pobreza, y hay hambre, que afecta sobre todo a los campesinos y pequeños productores agrícolas", dijo Schutter.
Guatemala es el segundo país más pobre de América Latina, solo superado por Haití. La mitad de sus 13 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, mientras que 17 por ciento lo hacen en la miseria, según la ONU.
Andrés Botrán, ex comisionado presidencial contra el hambre y ex secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dijo a IPS que la desnutrición "es una situación que pasa cada año, sobre todo en el corredor seco".
En ese sentido explicó que es necesario mejorar la capacitación a los campesinos, especialmente los que están en condición de subsistencia, mejorar las capacidades de cosecha de agua, para lo cual hay que recolectar y almacenar la lluvia, y de riego por goteo, la promoción de viveros, el uso de silos y otras prácticas post-cosecha.
Para atacar la pobreza, el gobierno de Colom ha impulsado el programa "Mi familia progresa", que aporta el equivalente a 37,50 dólares a cada familia a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico.
No obstante, Botrán considera que "la experiencia dicta que estos programas dirigidos a combatir la pobreza no necesariamente son efectivos contra la desnutrición, contra el hambre o la inseguridad alimentaria".
"Es de vital importancia que estos planes sean seguidos y evaluados permanentemente, pues ello es el elemento que cohesiona las acciones multisectoriales sin lo cual es imposible saber quien está haciendo qué, dónde y para quién", agregó.
La crisis alimentaria y desnutrición no son nada nuevo en Guatemala. En 2001 ocurrió una situación similar en el departamento de Chiquimula, fronterizo con El Salvador y Honduras, donde murieron 48 niños y niñas.
Este año ha habido diversas reacciones de la sociedad para evitar que la tragedia siga. Una de estas iniciativas es el Frente Contra el Hambre, encabezada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y representantes de las iglesias Católica y Evangélica y el gremio médico.
Maximiliano Aquino, coordinador de la Oficina Pastoral Social de la Iglesia Católica en Jalapa, señaló a IPS que se hacen acciones como el traslado de alimentos y la habilitación de centros hospitalarios para atender a los afectados.
La comunidad internacional hace lo suyo. Mynor Estrada, representante asistente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Guatemala, indicó a IPS que con fondos del gobierno español trabajan con el Ministerio de Agricultura y la Sesan en varios proyectos de seguridad alimentaria, que vinculan a unas 2.000 familias residentes en el corredor seco.
Estrada destacó que, "si bien la situación actual justifica las acciones de emergencia del gobierno, como es distribución de alimentos y medidas especiales de recuperación nutricional para salvar vidas, no hay que dejar de lado las acciones de mediano y largo plazo, que finalmente, son las que garantizarán que este fenómeno no se repita".
La FAO ha propuesto al gobierno de Colom aumentar las capacidades de adaptación al cambio climático de 90.000 familias campesinas pobres residentes en el corredor seco.
La propuesta, con un costo aproximado de 18 millones de dólares para los próximos cuatro años, busca mejorar la retención de humedad del suelo, el uso de sistemas agroforestales integrados, el acceso y uso de semillas y la producción familiar en patio.
Mientras, la muerte sigue haciendo su trabajo, esta vez con hambre y no a balazos. La crisis ha traído al país una nueva prueba: evitar que el hambre se coma la vida de los más pobres.
