Una madrugada, 200 obreros se lanzaron a las aguas del lago de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, en una cadena humana que impidió por momentos la operación de lanchas de la industria petrolera, hasta que militares arrestaron a ocho de ellos y disolvieron la protesta. Reclamaban empleo.
Otro día, trabajadores escenificaron una crucifixión frente a las oficinas caraqueñas del consorcio estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Este grupo, que es parte de los cientos de despedidos en los últimos años de instalaciones que producen gas en la oriental población de Anaco, exigían su reincorporación y el pago de salarios caídos.
Por otra parte una jueza prohibió a cinco activistas sindicales de la refinería El Palito, en Morón, 150 kilómetros al noroeste de Caracas, incitar o promover asambleas, concentraciones o reuniones que pudieran demorar el funcionamiento ordinario de ese complejo petrolero.
Confrontaciones como éstas pueblan el panorama laboral de la industria petrolera de Venezuela, casi totalmente en manos del Estado, como efervescente preámbulo de una batalla política que se avecina sobre dos rieles: la discusión de una nueva convención colectiva para sus 70.000 trabajadores y las elecciones de su federación sindical.
Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de Pdvsa, reclamó en un mítin con partidarios en la ciudad de Cabimas, a orillas del lago de Maracaibo, "unidad para ganar las elecciones" en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), pues varias listas se reivindican como seguidoras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
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Pero, además, hizo una advertencia tajante: "No me voy a sentar a discutir la convención colectiva con ningún enemigo de Chávez, ningún enemigo de la revolución", afirmó.
"Esa declaración es una gravísima intromisión de un patrono en asuntos que deben resolver los trabajadores. El ministro debe sentarse con quien los trabajadores decidan que los represente", dijo a IPS Orlando Chirino, líder del movimiento sindical Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA).
La lista de CCURA, que encabeza José Bodas, y la presentada por la agrupación Vanguardia Obrera Socialista, de Argenis Olivares, apoyado tácitamente por Ramírez, lucen como las mejor posicionadas, entre una decena de competidoras, para ganar la dirección de la FUTPV.
Las elecciones en la FUTPV, que reemplaza a viejas federaciones y sindicatos, se realizarán el 2 de septiembre, al cabo de varias postergaciones ocasionadas por maniobras de los grupos enfrentados, principalmente impugnaciones al listado de electores, en un universo laboral que hasta ahora presenta 39.600 afiliados con derecho al voto.
Para el gobierno, una victoria de sus más fieles facilitaría la discusión de la nueva convención colectiva, en tiempos de ingresos petroleros menores a los de años precedentes, y su promoción de los Consejos de Trabajadores que se ocupan de sembrar la ideología del "socialismo del siglo XXI" en todos los centros de labor.
Para quienes se le oponen, un triunfo apuntalaría la coalición Solidaridad Laboral, políticamente variopinta y recientemente creada para reunir, con Chirino como coordinador, a todas las tendencias sindicales críticas del actual gobierno.
Las protestas más vistosas, como la cadena humana en el lago, el bloqueo de vías, la parodia de crucifixión y huelgas de hambre, o marchas y asambleas ante los portones de las plantas, se deben principalmente a obreros que piden reintegrarse a sus puestos de trabajo, pago de deudas o ser incluidos en la nómina de Pdvsa.
Este último es el caso de los trabajadores a destajo en más de 70 empresas contratistas de Pdvsa en la cuenca del lago de Maracaibo, que fueron compulsivamente estatizadas hace dos meses y empleaban unos 13.000 operarios, entre fijos y temporales, pero la estatal petrolera ha absorbido a menos de 8.000.
Menos llamativo, pero quizá decisivo a la hora de las elecciones en la FUTPV, es el descontento de obreros de Pdvsa por la demora en la discusión de su contrato colectivo, que venció en enero y, conforme a lo dispuesto por Ramírez, sólo se discutirá una vez que sea elegida la nueva dirección sindical.
"Así se pierde el poder adquisitivo de nuestro salario en estos tiempos de inflación (anualizada de 30 por ciento, según cifras oficiales) y la empresa incumple casi 70 por ciento de otras cláusulas", dijo a IPS Carlos Larrazábal, cabeza de una lista y quien se considera partidario de Chávez pero no de la actual conducción de Pdvsa.
Puertas adentro de las instalaciones se producen asambleas, "cascazos" (los obreros golpean rejas y barandas a horas convenidas), jornadas de brazos caídos y "operaciones morrocoy (tortuga)", de enlentecimiento de las tareas.
En ese marco, "las palabras de Ramírez y medidas como la prohibición judicial del activismo las tomamos como ejecución de una política de Estado, de desconocimiento de la libertad sindical, intromisión del gobierno en la autonomía del movimiento obrero y criminalización de la huelga y la protesta", dijo Chirino.
Marino Alvarado, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, dijo a IPS que "actualmente en Venezuela más de 2.200 trabajadores, campesinos, estudiantes y miembros de comunidades están afectados por medidas como detenciones, presentación periódica ante tribunales o prohibición de organizar demostraciones, como resultado de ejercer acciones de protesta por distintas reivindicaciones".
Un grupo de sindicalistas y activistas de derechos humanos efectuó la semana pasada una concentración ante la Fiscalía General en Caracas para exigir que se levanten esas medidas, con la consigna que "protestar no es un delito sino un derecho".
Según Chirino, "a pesar de las maniobras y dilaciones, los trabajadores petroleros elegirán su dirección y puede surgir una fuerza que encare al gobierno con la autoridad moral de quienes nos jugamos el pellejo defendiéndolo durante el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003".
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 una huelga animada por las asociaciones empresariales y centenares de gerentes de Pdvsa paralizó la industria y buena parte de otras actividades del país. Los obreros petroleros, entre quienes se contaba entonces Chirino, se opusieron a ese lock-out (cierre temporal) y apoyaron al presidente Chávez.
Los trabajadores petroleros han sido siempre la bujía del movimiento obrero en Venezuela porque con esa industria, en la segunda década del siglo XX, surgió el proletariado moderno, que llevó a la creación de los sindicatos y desde hace 70 años las convenciones colectivas, que sirven de referencia para toda la cuestión laboral en el país.
