Los trabajadores que cobran en torno a los 1.000 euros por mes, conocidos como «mileuristas», ya son mayoría en la población ocupada de España, lo cual es considerado una muestra del impacto local de la crisis global. Los inmigrantes aparecen en el más bajo escalón de la pirámide salarial.
Cifras del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) indican que 57 por ciento de los 18,9 millones de trabajadoras y trabajadores españoles son mileuristas, es decir que perciben alrededor del equivalente a 1.430 dólares. Más abajo de ellos hay un 17 por ciento de empleados que no llegan a ese nivel.
En el otro plato de la balanza están los ingresos de los gobernantes y de los directivos de las grandes empresas.
El más llamativo es el salario de Francisco González, presidente del transnacional Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), con fuerte presencia en América Latina, quien según las últimas cifras conocidas percibe por año casi 9,8 millones de euros (14 millones de dólares), unas 500 veces más que el promedio español. Y, además, ya en 2007 tenía garantizados 53,2 millones de euros (76,1 millones de dólares) para su pensión cuando abandone el cargo.
En cuanto a los cargos gubernamentales, se destacan los ingresos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con 142.080 euros (203.000 dólares) anuales, el presidente del gobierno, con 89.303 (127.700 dólares) y sus ministros, con 78.791 euros (112.700 dólares) cada uno.
El sueldo mínimo interprofesional es hoy en España de 624 euros (893 dólares) mensuales, pero estaba en 460 cuando asumió en 2004 el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien prometió incrementar paulatinamente es ingreso hasta llegar a 800 euros en 2012.
No obstante, "el salario real ha aumentado menos que la productividad", según Raymond Torres, director del Instituto Internacional de Estudios Laborales, con sede en Ginebra y creado por la Organización Internacional del Trabajo.
El experto destacó como causa de esa situación que "en los últimos 20 o 30 años el empleo que se ha creado en España ha sido en gran parte temporal, con contratos en los que la gente gana menos", situación que afecta a 27 por ciento de los trabajadores, "la segunda tasa más alta del mundo", añadió.
La diferencia de ingresos, más allá de lo que reciban los altos cargos y políticos, se aprecia tomando en cuenta que el salario medio es de 1.960 euros (2.800 dólares) mensuales y que, al ser "mileuristas" más de la mitad de los empleados, se puede calcular que los directivos ganan cuatro o cinco veces más que ellos.
Esto tomando cifras oficiales que no incluyen en ella a los inmigrantes irregulares, quienes por carecer de visa o permiso de residencia no son inscriptos por sus contratantes en los servicios de la seguridad social. Según cálculos de diversas organizaciones no gubernamentales, esos trabajadores ganan entre 500 y 800 euros (entre 714 y 1.142 dólares) mensuales netos.
El gobierno ha comprometido apoyo para los desempleados y para promover el empleo, pero no se le presenta fácil cumplir pues al hacerlo se incrementaría el déficit público, lo que pondría en riesgo el objetivo de estabilidad que le fue impuesto por la Unión Europea para alcanzarlo antes del 2012.
Datos del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el gobierno debería dedicar unos 30.000 millones de euros (42.800 millones de dólares) para prestaciones por desempleo durante 2009, el doble de lo aplicado el año pasado.
El mismo INE señala en un informe que la tasa de desempleo actual, de 17,36 por ciento de la población económicamente activa, es la más alta desde el cuarto trimestre de 1998, cuando llegó a 17,99 por ciento. Añade que más de un millón de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo.
Fuentes del BBVA dijeron a IPS que sus directivos tienen resuelto invertir parte de sus altos beneficios en planes de pensiones que garanticen el futuro de los trabajadores en general y que los beneficios no vayan sólo a los altos cargos y accionistas. Además, ese banco y el Santander, otro de las grandes entidades financieras españolas, anunciaron que congelarían el salario de sus directivos.
En el Santander, sus 23 directivos cobraron en 2008 una media de tres millones de euros (4,3 millones de dólares), tanto que los empleados del banco recibieron ese año una retribución menor de 50.000 euros (71.400 dólares), pero que, en todo caso, es muy superior a la media de los trabajadores de todo el país.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la franja media de salarios mínimos en la UE que van entre los 331 y 668 euros está compuesta en orden ascendente por Portugal, Eslovenia, Malta, España y Grecia.
El grupo con salarios mínimos más altos, superiores a los 1.200 euros, lo integran Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, mientras que los trabajadores más sumergidos son los de Bulgaria, Rumania, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Hungría y República Checa, con sueldos mínimos que oscilan de 82 a 261 euros. Por su parte Italia, Finlandia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Chipre no lo tienen regulado por ley.
El ministro de Fomento y hombre fuerte del gobernante Partido Socialista Obrero Español, José Blanco, se pronunció a favor de poner "niveles de contención" a los salarios públicos en 2010, aclarando que ello no debería significar "en ningún caso una pérdida del poder adquisitivo".
Esta declaración se puede entender como que esa medida se adoptaría en función de que se mantenga o baje la inflación.
Desde las dos centrales sindicales mayoritarias de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras, se respondió que el tema lo discutirán en la reunión a la que los convocó Zapatero para los primeros días de septiembre.
Esa disposición de Zapatero y los sindicatos fue calificada por la primera fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular, como "una nueva improvisación" gubernamental en temas económicos.
Blanco también planteó que se deberían subir los impuestos a las rentas altas y que los propios ministros deberían ser "los primeros que podrían contribuir con un incremento impositivo". Y apuntando hacia abajo, dijo que se podría plantear una contención salarial de los trabajadores, tema en el que "los sindicatos están en muy buena disposición para establecer ese criterio y ese acuerdo".
Pero desde los trabajadores ya le llegaron objeciones. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Julio Lacuerda, manifestó que "hay margen para negociar", pero también anticipó que la central rechazará cualquier propuesta que suponga una pérdida de poder adquisitivo.
Así están las cosas, lo que permite prever que al término de las vacaciones del verano boreal, el 31 de este mes, comenzarán las discusiones, negociaciones y, según la esperanza de muchos, acuerdos para enfrentar la crisis sin perjudicar a los trabajadores y trabajadoras.
