Alejandra Gómez, de 20 años, está expuesta a un proceso penal en el sureño estado de Puebla por haber interrumpido voluntariamente su embarazo. Es una muestra de la oleada antiabortista que recorre México, en donde al menos en 15 de sus 32 distritos ya hay normas represoras al respecto.
La reforma más nueva se concretó en el sudoriental estado de Yucatán, cuyo parlamento aprobó cambios el 23 de julio a dos artículos de la Constitución local y un artículo del Código Penal para proteger la vida "desde el momento de la fecundación" y para endurecer las sanciones a quienes se sometan a un aborto.
México es un estado federado en el cual cada territorio consta de un gobierno y una legislación propios, pero que no deben contradecir la Constitución del país ni el Código Penal nacional.
"Las reformas han generado un gran vacío y una gran desinformación, y agudizan la persecución de las mujeres que acuden a las clínicas por este tipo de servicios", dijo a IPS Fernanda Díaz, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE).
Un colectivo de unas 150 mujeres, apoyadas por GIRE, la Academia Morelense de Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Análisis (Fundar) iniciaron Una batalla legal internacional, al pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice el veto al aborto en el central estado de Morelos.
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La Comisión, con sede en Washington, ya aceptó el caso para su consideración, por lo cual pedirá informes al gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón sobre el tema. Con esa información, decidirá si se pronuncia oficialmente al respecto.
"Morelos no es un caso aislado. Hay una violación sistemática a los derechos de las mujeres que viven en los estados que han aprobado reformas legales. Es una violencia estatal o institucional", explicó Díaz, graduada en leyes en la privada Universidad del Valle de México.
El Congreso legislativo de Morelos introdujo el 11 de noviembre de 2008 variaciones a la Constitución local, de manera que la vida queda protegida desde el momento mismo de la concepción.
Las mujeres pidieron a la Comisión, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, que analice si las reformas introducidas violan los derechos humanos y las convenciones interamericanas ratificadas por México para protegerlos.
Se trata de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978 y fue ratificada por México el 24 de marzo de 1981, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada por este país el 12 de noviembre de 1998.
La Constitución mexicana faculta únicamente a la Procuraduría General de la República (la fiscalía), la oficina nacional del Defensor del Pueblo, las comisiones estatales de Derechos Humanos y la tercera parte de los parlamentos que aprobaron las reformas para impugnar esos cambios.
Como ello no sucedió en el caso de Morelos, las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana.
Las reformas introducidas, a criterio de Díaz y otras organizaciones, son una respuesta a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, vigente en la capital mexicana desde abril de 2007. Desde esa fecha, unas 23.500 mujeres se sometieron a esa práctica.
La Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal del país, ratificó en agosto de 2008 la validez de esta ley aprobada por el legislativo capitalino, al dictaminar que la disposición no infringe la Constitución mexicana.
Sólo en 11 estados se autoriza la ejecución del aborto terapéutico, en casos donde está en riesgo la vida de las embarazadas.
En los estados con regulaciones antiabortistas, los partidos Acción Nacional (PAN), que gobierna el país, y Revolucionario Institucional se han puesto de acuerdo para introducir los cambios en las legislaciones estaduales, con el respaldo de la Iglesia Católica.
Una de las situaciones más preocupantes, según las organizaciones sociales, ocurre en el central estado de Guanajuato, donde 130 mujeres fueron denunciadas, procesadas y condenadas a penas de prisión entre 2000 y 2008. El Código Penal de este distrito sanciona con un lapso de seis meses a tres años de cárcel la práctica del aborto.
Mientras, los diputados del Congreso de Querétaro, ciudad situada a unos 220 kilómetros de la capital mexicana, aprobaron la realización de una consulta sobre la ley antiaborto que concluirá este viernes.
En este país se efectúan unos 880.000 abortos anuales, con un aumento de 64 por ciento respecto de 1990, según un estudio divulgado en 2008 por el Colegio de México y las organizaciones no gubernamentales Population Council-México y el estadounidense Guttmacher Institute.
Esa investigación indica que en promedio se practican cada año 33 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, número por encima de la media registrada en las naciones en desarrollo, que asciende a 29 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva.
El plan de las organizaciones es, según Díaz, que grupos de mujeres soliciten el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cada demarcación donde se ha vetado la interrupción legal del embarazo.
