Mientras la legalidad de la primera reelección de Álvaro Uribe como presidente de Colombia sigue en cuestión, todo indica que sorteará de nuevo los escollos para poder competir por un tercer mandato consecutivo. La posibilidad ha puesto en pie de guerra jurídica al diputado opositor Germán Navas Talero.
Esto "no es extraño en un país que empieza a acostumbrarse a la dictadura", criticó duramente Navas Talero, quien como abogado penalista ha presentado varias demandas consecutivas ante la justicia en 2008 por presuntos delitos cometidos en el proceso para habilitar la segunda reelección.
Presentaciones hechas "con ánimo de jurista y sentido patriótico", enfatiza Navas, diputado del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), quien explica que su interés opositor a la intención de Uribe trasciende la oposición política.
"He votado proyectos gubernamentales cuando considero que le sirven al país, pero este caso (reelección) no le sirve. Esta es simplemente una forma vulgar de corromper la democracia y eso me ensoberbece", dijo Navas Talero.
La estrategia para lograr la segunda reelección presidencial consecutiva del derechista presidente Uribe tuvo su primer capítulo en octubre de 2007 con la recolección de firmas de respaldo por parte del ex parlamentario Luis Guillermo Giraldo, que a la postre logró cinco millones de voluntades, de las que fueron avaladas un poco más de cuatro millones por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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La recolección se desarrolló pese a que estaba en auge el escándalo motivado en la habilitación parlamentaria para la primera reelección de Uribe en 2006. Estalló cuando la ex legisladora Yidis Medina denunció incumplimiento en las promesas hechas para retirarse de sala en el momento de la votación, facilitando así su aprobación.
Medina y su colega Teodolindo Avendaño, también involucrado, están presos, mientras se mantienen en ejercicio público quienes serían los oferentes de prebendas: Sabas Pretel, entonces ministro de Interior y Justicia y actual embajador en Italia, y Diego Palacio, aún ministro de Salud.
IPS: ¿Cómo se entiende esa situación?
GERMAN NAVAS TALERO: Soy profesor de derecho penal hace 39 años y no he podido explicarle a mis alumnos ni a diputados extranjeros, que me consultan, cómo se condena a quien recibió la dádiva por el cohecho, pero no al oferente.
Desde el punto de vista práctico, el hecho obedece a competencias. Los parlamentarios son juzgados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los ministros por la Fiscalía General de la Nación (FGN).
La Fiscalía se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo, por lo que no tiene mayor interés en tocar temas que harían sentir mal al presidente.
Sin embargo, cuando la Corte condenó a Yidis y Teodolindo demostró que hubo vicio en la reforma anterior.
Pero la Corte Constitucional (CC) salió por el camino fácil, argumentando que, si bien el delito pudo suceder, el pueblo refrendó la voluntad popular con su voto. Las dictaduras juegan con la incultura de los pueblos.
IPS: En octubre de 2007, Giraldo conformó con 10 socios la organización Colombia Primero para la recolección de firmas, que fue objeto de denuncias por presuntas irregularidades por corrupción y por su vinculación con la firma financiera DMG, de David Murcia Guzmán, hoy procesado con prisión por supuesta captación ilícita de dinero. ¿Cuál fue su intervención en esa situación?
GNT: Denuncié a los promotores del referendo y con documentos demostré fraude procesal y el doble juego de Colombia Primero. Entregué la documentación y el caso lo tomó una fiscal que trabajó en forma autónoma, alcanzando a citar a imputación de cargos.
Pero el Fiscal (Mario Iguarán) la sacó del caso por razones que nunca supe: me dijo que era su potestad, y punto.
El caso fue entregado después a un fiscal amigo del apoderado de DMG y de Giraldo, y desde entonces no ha pasado nada. Es necesario entender que en este momento casi todo el poder está en manos del presidente, y él maneja el tinglado.
IPS: A fines de 2008 usted demandó a 86 parlamentarios que participaron en la votación del referendo reeleccionista. Sin embargo, la conciliación de los textos aprobados en Senado y la Cámara de Diputados, que diferían en el año en que podría ser reelegido el presidente, en 2010 o 2014, avanza. ¿Qué espera de la decisión que deberá tomar la Cámara de Diputados la próxima semana?
GNT: He presentado razones jurídicas que ellos no quieren entender. El 17 de diciembre les dije que ese proyecto de ley no podía votarse en esas condiciones so pena de cometer delito de prevaricato según lo dispone la ley 134 de la Constitución para el trámite de este tipo de proyectos.
Hicieron caso omiso (los parlamentarios), mientras el país veía cómo cumplían las órdenes de los ministros (Fabio Valencia, de Interior y Justicia, y Diego Palacio, de Protección Social), presentes en el recinto.
Aún me queda por establecer qué pasó con un recurso de apelación que me fue negado y al que volví a recurrir.
Ese recurso debe ser aceptado o negado en plenaria de la cámara baja. Me da la impresión de que no ha tenido un trámite correspondiente, porque de lo contrario ellos no podrían estar estudiando el proyecto.
También tengo la sospecha de que, si no hubo quórum en la sesión del miércoles, mal podría ordenarse extensión válida a la lectura de proyectos para la próxima sesión.
Obviamente, podría ser otro vicio para tumbar el proyecto en la Corte Constitucional. Pero no vaticino nada. Soy abogado, he sido juez y procurador de distrito y entiendo que cualquier vaticinio puede ser especulación.
IPS: Se afirma que su demanda causa temor, porque en caso de ser responsables de prevaricato perderían el escaño y se limitaría por varios años la realización de contratos públicos. ¿Será suficiente para que el proyecto no pase?
GNT: Dudo mucho del componente humano de la Cámara de Diputados. Son personas diversas, y muchos han llegado ahí de carambola: porque el titular renunció o está en la cárcel, de manera que no tienen mucho que perder políticamente.
No los asusta un proceso penal, porque muchos tienen varios encima, y saben que la justicia se demora en llegar o nunca llega.
IPS: Si el proyecto reeleccionista es aprobado en el Congreso, la Corte Constitucional tendrá cuatro meses para definir su posición. ¿Qué pasará?
GNT: La Corte Constitucional controla posibles vicios de forma. Sin embargo, y por tratarse de una ley que reformaría de nuevo la Constitución, podría mirar un fondo que les daría dolor de cabeza. Claro que para eso tienen aspirinas.
Pero tendrían que recordar que en la sentencia anterior dijeron que la reelección era válida por una vez y no por dos veces.
Y si dejan pasar esta, vendrá la cuarta, la quinta, y si bien los pueblos se entregan inicialmente a los dictadores como pasa en Colombia, llegará un momento en el que estalla. Claro que entonces habrán pasado 20 años de dictadura.
IPS: La actitud dócil de los últimos días de Uribe con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con quien está enfrentado, ¿tendrá interés reeleccionista?
GNT: El señor Uribe tiene temores ante el escándalo internacional por los derechos humanos y las ejecuciones sin juicio de parte del ejército, llamadas falsos positivos, y sabe que mientras sea presidente no lo pueden tocar.
Pero es astuto, y cuando se ve cogido por la declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando dijo que no consideraba un tercer periodo, Uribe saca un as que ellos querían hace rato, y es el reemplazo de la base de Manta, en Ecuador, por uno o varios lugares en Colombia.
Uribe les ofrece así siete bases. Recordemos que también tuvieron a (Manuel Antonio) Noriega, y a (Fulgencio) Batista. En este momento de debilidad para ellos, Uribe les sirve y no lo van a desperdiciar.
IPS: Entonces, ¿Uribe se queda?
GNT: Veo que tiene la fuerza y el poder. Puede que no tenga el derecho. Pero el derecho se cambia casi siempre por la fuerza y el poder.
