En Veracruz y Tabasco, estados del sur de México, las tuberías de crudo y derivados de la empresa estatal Pemex pueblan el paisaje rural. Por esas raíces de metal se fuga buena parte de patrimonio petrolero de este país norteamericano. El gobierno ha dado un paso para esclarecer estos robos.
Autoridades de la Secretaría (ministerio) de la Función Pública tomaron el miércoles 29 de julio las oficinas centrales de Pemex (Petróleos Mexicanos) y se incautaron de docenas de cajas con documentos relacionados con una vasta red para extraer crudo y combustibles de la estructura de la empresa y venderlo en forma clandestina dentro y fuera del territorio nacional.
Las pesquisas revelan la existencia de al menos 12 bandas dedicadas al hurto, adulteración y venta de productos petrolíferos, con la complicidad de trabajadores de la empresa, y que ha derivado en el funcionamiento de un millonario mercado paralelo de combustibles. Pero hasta ahora no se han efectuado detenciones.
Por determinación constitucional, Pemex es el único productor y vendedor final de derivados del crudo. Mientras padece el deterioro de sus ingresos, la empresa tiene en la corrupción un obstáculo a su marcha económica.
Los hurtos de crudo y derivados han aumentado en los últimos años. En 2004 la petrolera detectó 110 casos, en 2005 fueron 136, en 2006, 220, en 2007, 323, y el año pasado llegaron a 396. Cada uno de esos saltos fue empujado por el incremento de la cotización internacional del petróleo.
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En el primer semestre de 2009, Pemex identificó 190 perforaciones en sus oleoductos y demás tuberías, por las cuales se extrajeron el equivalente a 2,08 millones de barriles, de 159 litros. La corporación produce diariamente 2,6 millones de barriles de petróleo.
El daño económico de esas actividades ilegales es considerable. En 2008, el robo equivalió a unos 660 millones de dólares.
"Para una institución como Pemex es muy difícil identificar el origen de la corrupción, cuando tiene décadas de operar bajo esquemas poco transparentes, con una cultura sin rendición de cuentas. Luchar contra esa estructura es como lanzarse un clavado contra un muro de cemento", dijo a IPS Jorge Zarco, director de la revista especializada El Mundo del Petróleo.
Pemex es la empresa estatal más emblemática de este país, desde que el presidente Lázaro Cárdenas decidió nacionalizar la industria petrolera en 1938. Además, aporta 33 por ciento de los ingresos nacionales.
La empresa opera seis refinerías en todo el país, 41 poliductos con una extensión de 8.835 kilómetros y 10 oleoductos de 5.197 kilómetros, por los cuales transporta gas, crudo y sus derivados.
"Pemex es una empresa muy burocrática y eso complica su operación. Es un problema que puede alentar la corrupción", dijo a IPS el experto en temas energéticos David Shields.
Uno de los propósitos de la reforma petrolera aprobada por el parlamento en octubre del año pasado fue mejorar la administración de la empresa y, con ello, reducir los espacios para la corrupción.
Entre las medidas contenidas en esa reforma figuran la recomposición del Consejo de Administración de la empresa y la creación de comités de vigilancia y auditoría que supervisarán la adjudicación de contratos y otros negocios. Pero esos cuerpos aún no están conformados.
"La corrupción es un mal endémico en el país y Pemex sólo es un reflejo de la realidad nacional", insistió Shields.
En esta década, la empresa se adhirió a esquemas internacionales de lucha contra la corrupción, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas inglesas) y el Pacto Mundial, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas.
El objetivo de la EITI, surgida en 2002 y con sede en Noruega, es que las industrias que extraen recursos naturales y los gobiernos difundan los pagos y las recaudaciones provenientes de esas actividades.
El Pacto Mundial, instaurado en 1999, plantea la adhesión voluntaria de las corporaciones a 10 principios universales relacionados con derechos humanos, normas laborales, ambiente y combate a la corrupción.
Además, Pemex debe acreditar buenas prácticas corporativas previstas en la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos para cotizar en las bolsas de valores de ese país. Esa legislación, vigente desde 2002, regula las operaciones financiero-contables y de auditoría de las empresas y penaliza el crimen corporativo.
En los últimos tiempos, los escándalos de corrupción han planeado sobre las oficinas de Pemex.
En diciembre, la estadounidense Comisión de Valores reveló que la compañía alemana Siemens había entregado a fines de 2004 unos 2,6 millones de dólares a un consultor de negocios con conexiones políticas, quien derivó una parte de esa suma a un alto funcionario de Pemex para resolver una disputa entre las dos empresas.
La disputa obedecía a diferencias sobre obras de remodelación de una refinería de Pemex, contratadas a Siemens. Las investigaciones efectuadas hasta ahora no han conducido a acusaciones ni detenciones de los responsables.
La secretaria (ministra) de Energía, Georgina Kessel, reconoció este lunes que la lucha contra el robo de combustibles "llevará tiempo, cuantiosos recursos y tecnología".
La petrolera invirtió este año unos 45 millones de dólares en combatir la venta ilícita de combustibles.
"La primera instancia que sabe de este robo es la propia empresa, porque implica conocimiento de las cantidades que se mueven a través de los ductos y detalles técnicos, por lo que las tomas son un trabajo muy fino y sofisticado", explicó Zarco.
La investigación ha demostrado que las gasolinas robadas son exportadas a Estados Unidos, lo cual implica la colusión de funcionarios del sistema de aduanas.
Pemex exporta diariamente 254.000 barriles de productos petrolíferos, en tanto que importa 452.000, por lo cual la operación de la red ilegal lesiona sus finanzas.
En el primer semestre de 2009 la empresa reportó una pérdida neta de unos 1.840 millones de dólares, a causa de la baja de los precios internacionales del crudo y de una menor exportación. Además, sus ingresos cayeron 93 por ciento en el segundo trimestre del año respecto del mismo período del año anterior, al bajar de unos 1.190 millones de dólares a unos 85 millones.
La solución para frenar los robos es el uso de un software para el control electrónico llamado SCADA (siglas en inglés de registro de datos y control de supervisión) que monitorea en tiempo real todas las actividades a lo largo de las tuberías.
