Guatemala vive una auténtica epidemia de femicidios, pero una de las más de 700 mujeres asesinadas por razón de género en este país en 2008, Rosmery González, comenzó este jueves a recibir algo de justicia, cuando su presunto asesino fue detenido.
Óscar Romero, tío de la joven de 19 años y principal sospechoso del homicidio desde que González apareció muerta en julio del año pasado, fue capturado este jueves por una comisión policial, en su casa en un sector popular en el sur de la capital.
La presión de organizaciones de derechos humanos y del movimiento de la mujer, así como la de sus incansables padres, llevó finalmente a la demorada captura de Romero, con quien la joven fue a verse cuando desapareció, porque había prometido ayudarla a encontrar trabajo en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA). Allí apareció su cadáver.
"Por una parte me siento nerviosa y preocupada porque hay muchos riesgos que correr, pero también me siento alegre porque ahora las autoridades me están apoyando", expresó a IPS Elizabeth Chajón, la madre de González, días después de haber testimoniado a esta agencia sobre su impotencia por la impunidad de crímenes como el de su hija.
En esta nación centroamericana se registraron más de 3.500 femicidios en los últimos cinco años, a razón de 700 por año, y en los primeros siete meses de 2009 las víctimas de violencia machista, muertas por arma blanca o de fuego, sumaban 351, según cifras oficiales.
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La directora para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), la peruana Gladys Acosta, dijo a IPS recientemente que la comunidad internacional "debe movilizarse ante el carácter de epidemia de los asesinatos en razón de género en Guatemala", que además están marcados por un gran ensañamiento.
Guatemala, con 13 millones de habitantes, soporta un desbordamiento generalizado de la inseguridad ciudadana y la violencia, que se alimenta también por altos índices de impunidad.
Sólo en el distrito que tiene como capital a Ciudad de Guatemala, se cometieron más de 11.000 asesinatos entre 2006 y 2008, mientras que en total 98 por ciento de los crímenes en el país quedan impunes, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
"Cada captura que se hace por la muerte violenta de una persona es un gran paso para nosotros", dijo a IPS Norma Cruz, directora de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes, que brinda apoyo psicológico y jurídico a víctimas de la violencia y que ha sido el mayor soporte de la familia González Chajón para esclarecer el asesinato de su hija.
Fruto de esas presiones se logró en julio pasado la exhumación del cuerpo de Rosmery González, para determinar las causas de la muerte, que no habían sido investigadas en la primera autopsia. También se obtuvo que en días pasados la policía y el Ministerio Público registrasen el lugar de trabajo de Romero en la ENCA, lo que no hicieron cuando apareció el cadáver en esas instalaciones, 13 meses atrás.
"En el allanamiento en las oficinas de la ENCA se encontraron fotografías de Rosmery en la computadora del sindicado", reveló Cruz, quien se mostró muy animada con el avance de la investigación.
"No creo que él —Romero— se vaya quedar en paz, por eso vamos a pedir que se levante un acta donde lo responsabilizamos de todo lo que nos pueda pasar", dijo Chajón. "Su padre y yo sólo queremos hacer justicia a mi hija muerta, pero eso sabemos que entraña peligro", afirmó.
El director de la ENCA, Julio César Catalán, denunció en julio al diario Prensa Libre que "presiones y compadrazgos" habían impedido que despidiese a Romero, pese a las claras sospechas que caían sobre él por el crimen que un año atrás conmocionó al centro.
Para Cruz, el avance en el "caso Rosmery" muestra que si se lucha contra el miedo y se fuerza al Estado a que cumpla su función, "la impunidad es derrotable".
"No vamos a desmayar, presionaremos para que las investigaciones y el proceso jurídico prosigan hasta que esta persona (Romero) sea condenada", dijo Cruz para quien este jueves comenzó a "quitarse al menos un punto rojo en los casos de impunidad".
Cruz explicó que pedirán 50 años de prisión para el acusado, porque el crimen tiene los agravantes de tratarse de una mujer, realizarse en lugar despoblado y ser un acto con premeditación y engaño.
El Ministerio Público, el órgano del Estado que ejerce en Guatemala la instrucción y acusación pública, y los abogados de la parte civil contarán para el caso con la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, vigente desde 2008, que establece el femicidio como delito específico y obliga al resarcimiento para las víctimas.
Las penas para los asesinatos por razón de género van de 25 a 50 años de reclusión, al amparo de esa legislación hasta ahora poco aplicada por la denunciada impunidad.
