Un hoyo fiscal de más de 900 millones de dólares obligó al Estado de Guatemala a decidir la emisión de papeles por 375 millones de dólares para financiar el presupuesto, siguiendo los pasos de los vecinos El Salvador y Costa Rica.
La emisión de los bonos del tesoro se llevará a cabo en unas dos semanas, luego de cumplir con los trámites de la Contraloría General de Cuentas y del Banco de Guatemala, según el Ministerio de Finanzas Públicas. Cualquier persona jurídica puede comprar estos papeles, pero los clientes más frecuentes son los bancos y grandes inversores.
Se estima que las municipalidades serán las primeras en recibir parte de los fondos a partir de septiembre.
Tras una intensa discusión salpicada de acusaciones de improvisación y falta de transparencia entre diputados del partido gobernante y centroizquierdista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y de la oposición, el Poder Legislativo aprobó el decreto autorizando la emisión.
El mandato legislativo estableció que 52 por ciento de la suma, unos 195 millones de dólares, irá a financiar inversiones en nueva infraestructura y a solventar pagos atrasados del Ministerio de Comunicaciones con contratistas de distintas obras, destinados a reactivar la construcción y mantenimiento de carreteras.
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A pagar deuda externa se destinarán 62,5 millones de dólares, equivalentes a 17 por ciento de los recursos.
El resto, unos 117,5 millones, será dirigido a la atención de proyectos sociales, fomento municipal, prevención y atención de desastres, temas agrarios y aeronáutica civil, en este país donde la mitad de los 13 millones de habitantes viven en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Guatemala se une a una larga lista de países que han salido a captar fondos mediante papeles para hacer frente a la crisis económica mundial, por ejemplo El Salvador y Costa Rica, cuyos poderes legislativos aprobaron este año millonarias deudas.
El presidente Álvaro Colom sostuvo que ésta es la única salida para enfrentar la crisis económica y el financiamiento de obras públicas y de asistencia social. "Es una medida correcta, política, económica y socialmente", dijo, pues hay que paliar una baja de 900 millones de dólares en la recaudación fiscal y un presupuesto que este año llegó a 6.215 millones de dólares.
Para lograr su cometido, Colom tuvo que reunirse con todas las fuerzas de oposición, incluyendo el derechista Partido Patriota (PP), su más férreo crítico, al que no pudo convencer.
"El partido oficial no sólo está jugando con la seguridad del país, sino también con la economía", dijo a IPS el diputado Gudy Rivera, del PP.
Otros parlamentarios valoraron que se trataba de una respuesta para mantener la economía nacional, la más grande de América Central. "Estos recursos no servirán para reactivar la economía, pero contribuirán a evitar una caída mayor e incluso una recesión económica", dijo a IPS el congresista Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, aliada de la UNE.
En el primer semestre del año, el país registró considerables bajas en los indicadores económicos: 6,9 por ciento de caída de las exportaciones, 28 por ciento de las importaciones y casi 11 por ciento de contracción de las remesas familiares de trabajadores emigrantes, según una misión de observadores del Fondo Monetario Internacional que visitó Guatemala.
"No se puede ocultar la caída de los ingresos ordinarios del Estado. Para resolverla solo hay dos formas: crear impuestos o aumentar los actuales, o bien un endeudamiento. ¿Cuál tiene un costo social menor?", planteó a IPS el congresista opositor Mariano Rayo, del Partido Unionista y presidente de la Comisión de Economía.
Además de causar un efecto menor en la población, los recursos de la emisión ingresarán rápidamente en las arcas del Estado, valoró Rayo, quien apoyó la medida.
Uno de los puntos más álgidos de la discusión parlamentaria fue el destino que se daría a los fondos, ante el temor de que se los empleara en asuntos no prioritarios e incluso fueran malversados.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo no especificaba el destino. "Fue por la presión política que generamos que se definió la distribución que finalmente quedó establecida", indicó Rayo.
La oposición ganó el pulso y se pusieron "candados", o destinos específicos, a los fondos, pese a la insistencia del jefe del bloque de la UNE, Mario Taracena.
Para calmar los ánimos, el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, ofreció dialogar con distintos sectores en un observatorio del gasto público, para evaluar y dar seguimiento al uso de los fondos recaudados con los bonos.
Según cifras del Ministerio de Finanzas, la deuda pública en bonos ha crecido considerablemente en los últimos años: en 2003 sumaba 4.689 millones de dólares, mientras el año pasado llegó a 7.534 millones.
El endeudamiento público guatemalteco asciende en total a 8.255 millones de dólares, sumando las obligaciones con organismos financieros internacionales, y constituye 21 por ciento del producto interno bruto, una de las proporciones más sustentables de América Latina.
En 2006, Guatemala se benefició de una condonación de deuda por 24 millones de dólares concedida por el gobierno de Estados Unidos, a cambio de que la suma se empleara en la conservación del ambiente.
El economista Fernando Carrera, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo a IPS que la emisión de bonos "significa generar demanda de bienes y servicios y empleo, es decir que el país no saldrá de la crisis pero sí podrá contrarrestar su impacto negativo".
Para José Pedro Mata, coordinador de estudios fiscales del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, si bien no es la mejor medida, "el endeudamiento es algo que están haciendo todos los países del mundo para hacer frente a la crisis y mantener la actividad económica, incluyendo Estados Unidos, cuyo déficit fiscal anda por 10 por ciento".
Mata subrayó la importancia que reviste la transparencia en la ejecución de los recursos. "Debe hacerse de la forma más clara posible, y la sociedad civil tiene que acentuar sus observaciones", dijo a IPS.
"Es necesario dar seguimiento a programas como transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa, y apoyo al desarrollo rural", agregó en referencia a distintos planes sociales del gobierno de Colom.
La experiencia dicta lo contrario a la transparencia y el control social, según José Pinzón, secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala. "Históricamente, el uso y manejo de los recursos económicos en el país ha dejado mucho qué desear, y el tema de los bonos difícilmente sea una excepción", dijo a IPS.
En todo caso, advirtió, la sociedad civil fiscalizará lo que suceda con estos recursos por la importancia que tienen para la economía.
