La economía boliviana, a diferencia de buena parte de América Latina, puede crecer más de dos por ciento este año pese a la caída de los precios de las materias primas. Algunos analistas atribuyen ese empuje a una creciente participación de sectores ligados al narcotráfico, extremo que el gobierno niega.
Lejos de cuestionar si el crecimiento proyectado por el gobierno de cuatro por ciento para este año es sustentable o no, el debate planteado por algunos analistas es la supuesta incidencia que tiene en ello el repunte de los cultivos de coca, hasta 30.500 hectáreas, según la Organización de las Naciones Unidas, y la producción de cocaína, estimada en 130 toneladas por Estados Unidos.
A la defensa de un trance sin sobresaltos en los indicadores económicos, el gobierno del izquierdista Evo Morales celebró haber superado los 8.012 millones de dólares en reservas internacionales netas (RIN), cifra récord en la historia del país y muy lejos de los 1.750 millones de dólares que había cuando asumió su mandato en enero de 2006.
Bolivia no ha sufrido hasta el momento grandes turbulencias por la crisis económico-financiera mundial y, mientras el gobierno prevé un crecimiento de cuatro por ciento, sectores privados lo ubican en torno a dos por ciento. El director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, afirmó ante IPS que ello "se debe a que la producción de pasta base y cocaína están amortiguando" los embates que vienes del exterior.
El economista José Carlos Campero aseguró a IPS que la participación de esta industria ilícita, desde el cultivo de la coca hasta su transformación en cocaína y la posterior comercialización, contribuyen con un estimado de 1.000 millones de dólares, que equivalen entre cinco y siete por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.
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Pero estas afirmaciones negativas sobre la presunta incidencia de los cultivos ilegales y de la cocaína en la economía boliviana no le resultan extrañas a John Vargas, asesor del Ministerio de Planificación, quien responsabiliza a los partidos derechistas que gobernaron en los años 70 y 80 de estar involucrados en la expansión de la industria de la cocaína, con dirigentes que se han enriquecido con ello.
A diferencia de los 20 años de gobiernos "neoliberales, ahora el decomiso de droga es mayor por la eficiencia policial y sin el respaldo de la Agencia Estadounidense Antidroga (DEA por su sigla en inglés)", expulsada el pasado año, señaló Vargas a IPS.
Campero insiste en que es imposible realizar una medición real de la economía derivada de la producción de coca, que según él ha superado fácilmente los 738 millones de dólares exportados en minerales de zinc y concentrados así como los 288 millones de dólares en ventas de aceite de soja y derivados en la gestión 2008.
Citando estudios de la estatal Unidad de Análisis de Políticas Económicas (Udape) y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), recuerda que en 1990 la coca-cocaína tenía una participación entre 80 y 87 por ciento en la economía.
Este experto explica que en la fase posterior de la hiperinflación, desde 1980 a 1985, las exportaciones de soja y textiles se precipitaron y sólo se exportaba gas natural a Argentina, con precios mínimos.
Revisa la historia de la presencia de la coca-cocaína en los últimos años y concluye que en el periodo 1999-2000 hubo un descenso de la producción de este cultivo de 40 por ciento, mediante la aplicación del llamado Plan Dignidad implementado por el gobierno de entonces de Hugo Banzer (1997-2000), el militar que encabezó la dictadura de 1971 a 1978.
Entre 2001 y 2005, los cultivos de coca vuelven a incrementarse hasta 60 por ciento, según los cálculos de Campero.
"En la medida en que la droga que se produce en Bolivia no se queda en 100 por ciento (en el país), sino que es exportada, ese comercio genera un flujo de divisas que ingresa en la economía de Bolivia y se distribuye entre otros sectores", comentó Pacheco.
La opinión es compartida por Campero, quien explica que el dinero generado ilícitamente ingresa al sistema legal y moviliza a sectores de servicios, de producción de bienes, alimentos y otros.
La innovación en la tecnología de producción de cocaína ha extendido la actividad a círculos familiares que ahora se involucran en el acopio de la hoja de coca e insumos químicos, e ingresa en el procesamiento y comercialización, expresa Pacheco.
"Hoy en día me animo a decir que hay otra economía paralela que es la narcoeconomía por la enorme cantidad de recursos y redes que posee, y el involucramiento de cientos de personas. Se ha convertido en un factor que permite amortiguar la crisis externa", afirma Pacheco.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, encargado de luchar con el narcotráfico, aboga por estos días a favor de un incremento de las zonas de cultivo legales de hojas de coca de 12.000 a 20.000 hectáreas.
La legislación vigente admite sólo el cultivo de coca hasta en 12.000 hectáreas, para destinar al consumo tradicional y medicinal, pero la Organización de las Naciones Unidas advierte de la existencia de 18.500 hectáreas excedentes, una superficie de la que se sospecha sea proveedora de la materia prima empleada por los narcotraficantes.
Tanto Cáceres como el presidente Morales fueron cultivadores de coca y dirigentes de las influyentes siete federaciones sindicales de agricultores, radicadas en la zona semitropical del Chapare, en el central departamento de Cochabamba, desde donde emergió su liderazgo político que los llevó al gobierno tras ganar las elecciones de diciembre de 2005, con 53,7 por ciento de los votos.
El artículo 384 de la nueva Constitución protege a la hoja de coca y otorga la categoría de ancestral, como "patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social".
El texto constitucional explica que la coca en su estado natural no es estupefaciente e instruye que su revalorización, producción, comercialización e industrialización se rija mediante ley.
